El proyecto de zonificación minera de Chubut, elaborado en ámbitos del Poder Ejecutivo y que sería presentado en breve a la Legislatura provincial, prevé la creación de fondos específicos para desarrollo de infraestructura de las áreas de influencia de los proyectos.
Basado en zonificaciones de la provincia de Santa Cruz y de Salta, el proyecto prevé también una serie de sistemas de control ciudadano y preserva áreas vulnerables que mantendrán la prohibición de esta actividad, establecida a través de la ley (ex) 5001.
Desde la perspectiva de la protección ambiental, la iniciativa toma en cuenta que la provincia del Chubut “ha sancionado normativa adicional aplicable a la minería y a otras industrias, que prevé requerimientos ambientales aún más estrictos que los establecidos por normativa nacional”.
Como ejemplo de lo anterior se menciona el Decreto N° 185/09 sobre Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentario del Código Ambiental de la Provincia, que “mejoró y complementó con creces lo previsto en las normas de presupuestos mínimos nacionales en materias tales como participación ciudadana, control ambiental, línea de base y análisis de riesgo”.
“Los aportes del fondo estarán prioritariamente destinados a financiar equipamientos y obras de infraestructura en las zonas de influencia de la producción minera”, sostiene el proyecto.
En base a esto, los fundamentos del borrador ponderan que Chubut supera el mandato establecido por el artículo de la Constitución Nacional, al “igualar o mejorar los presupuestos mínimos ambientales nacionales para actividades a desarrollarse en territorio provincial”.
Fondos para infraestructura y desarrollo sustentable
El proyecto de zonificación establece la creación de un fondo especial para la creación de dos fideicomisos específicos, que serán financiados con aporte de cada proyecto minero que inicie tareas de producción y comercialización del mineral. Por ello, se impulsa la creación de un fondo para fortalecer la infraestructura y equipamiento de las áreas de influencia directa de los proyectos mineros. Asimismo, se propone crear un segundo fideicomiso, denominado “de Sustentabilidad”, para financiar otras actividades productivas, “permitiendo la diversificación de las economías regionales en la Provincia”.
“Los aportes del fondo estarán prioritariamente destinados a financiar equipamientos y obras de infraestructura en las zonas de influencia de la producción minera con fines educativos, sanitarios, habitacionales y sociales –añade el proyecto-; ambientales y de saneamiento, de producción y transporte de energía; obras de riego e hídricas y de todo aquello que posibilite el desarrollo de otras actividades productivas y de nuevos polos industriales, tecnológicos, científicos o turísticos”.
Asimismo, el Fondo Fiduciario de Sustentabilidad se integrará por aportes destinados a “proyectos de capacitación educativa; programas de créditos de microemprendimientos que favorezcan a las comunidades locales; fortalecimiento institucional para mejorar el control de la actividad”. También se aclara expresamente que ninguno de estos fondos podrá destinarse a fines diferentes a los establecidos en la norma, “ni para solventar gastos corrientes del estado provincial ni de los estados municipales, ni de cualquier otro organismo público centralizado o descentralizado”.
Otro artículo de la normativa que se pondrá en discusión –según publica ADN Sur-, establece destinar un 10% de la recaudación en concepto de regalías mineras “para financiar el fortalecimiento institucional y las tareas de control de las autoridades de aplicación minera y ambiental”. Se propone para ello realizar convenios específicos de control y de auditoría de los proyectos con Universidades, Instituciones Científicas u organismos nacionales e internacionales con trayectoria certificada en la materia.
