La causa YPF, en manos de Loretta Preska, que dio un respiro al Gobierno esta semana, podría traer un nuevo escándalo de corrupción. Ocurre que la heredera de Tomas Griesa estaría por pedir un discovery amplio por el cual se requeriría que los accionistas que tienen acciones del litigio iniciado por Burford Capital, blanqueen su identidad ante el tribunal, como condición anterior a recibir el dinero. Si esto sucediera, se conocerían con nombre y apellido, los litigantes contra el país asociados con el mencionado fondo que comanda las acciones legales, y se sospecha que entre los nombres que podrían aparecer podría haber incluso apostadores locales en contra del país.
La jueza norteamericana Loreta Preska tiene la posibilidad de desatar un nuevo escándalo de corrupción en la Argentina. Ocurre que la magistrada, que tendrá en su poder la resolución final de la causa que el fondo Burford le está siguiendo al país por la reestatización de YPF en 2012, podría decidir la apertura de los accionistas totales que litigan contra el país, antes de pagar o de rechazar la liquidación que reclaman los demandantes, y que podría llegar a los US$3.000 millones.
Según publica el diario ‘Ámbito Financiero’, ello ocurriría si habilita el mecanismo de ‘Discovery Process’ por el cual se requeriría que los accionistas que tienen acciones del litigio iniciado por Burford Capital, blanqueen su identidad ante el tribunal, como condición anterior a recibir el dinero.
De tomarse esa decisión, se conocerían entonces, con nombre y apellido, los litigantes contra el país asociados con el fondo Burford que comanda las acciones legales. Y en ese listado, se sospecha que podrían aparecer nombres no sólo sorpresivos sino que además podría incluir incluso apostadores locales en contra del país, en una inversión con potencial de ganancia megamillonaria y cuya suerte dependería de lo que resuelva Preska.
Según continúa el matutino, «podría incluso pensarse que podría haber en ese listado ex y actuales funcionarios, tanto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como de Mauricio Macri. También empresarios y hombres de negocios en general. En todos los casos se trataría de personas que intentaron especular a que Burford llevaría adelante el caso con éxito y que la Argentina inevitablemente lo perdería, con lo que el país estaría condenado a pagar una suma millonaria en dólares que le permitiría a los accionistas apostadores una rentabilidad inédita a nivel mundial. Superaría incluso, en dólares, la inflación en pesos acumulada durante el Gobierno de Mauricio Macri. Un negocio único a nivel mundial».
Aunque esa decisión no sería inmediata, y dependerá de la resolución final que tome la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre el caso YPF.
Este lunes, el máximo tribunal anunció que pedirá opinión al Solicitor General de los Estados Unidos, sobre el reclamo de la Argentina de mudar la causa de los tribunales norteamericanos a los del país. El Gobierno de Donald Trump recibió ayer el pedido a través del abogado Noel Francisco, representante del Ejecutivo de EE.UU. ante el Supremo, quién se tomará su tiempo para dar una posición oficial. Se especulaba ayer en Washington que el dictamen final del Gobierno de Trump se conocería recién en el segundo semestre del año. Quizá más cerca de octubre. La Corte tomará luego inmediatamente una de dos resoluciones: o rechaza el pedido de la Argentina y la causa pasa a los tribunales de Preska o el caso pasa a los jueces locales.
Según ‘Ámbito’, lo más probable es que suceda lo primero: «Y si eso pasa, llegaría el momento en que la jueza de primera instancia pueda reclamar el Discovery».
La amplitud de ese requerimiento dependerá de la decisión de Preska, que podría estar influenciada por la vehemencia que una de las partes pueda reclamarle. Por ejemplo, Argentina podría pedirle a la magistrada un pedido amplio para ejercer el derecho a saber a quienes, con nombre y apellido, habrá que pagarle en el caso de una sentencia final negativa.
Podría reclamar que el listado se limite a los tenedores de acciones al momento de ejecutar la eventual liquidación. Esta opción le permitiría a los accionistas con identidad complicada desprenderse durante este año, lo más rápido posible, de sus posiciones y no figurar en el listado final. Así no se conocería su nombre, pero no llegarían al final de la causa con la ganancia máxima que sentencie eventualmente Preska. Igualmente la rentabilidad sería, en dólares, extraordinaria.
Sin embargo, otra posibilidad, sería que Preska decida una investigación más a fondo y que comience reclamando datos desde el mismo momento en que se privatizó YPF a comienzos de la década del ´90. Podría también comenzar su recorte más acá en el tiempo, a partir de la reestatización del 2012 y la manera en que se resolvió dejar de lado en las negociaciones a los accionistas que quedaron fuera de los pagos resueltos por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es, todos menos Repsol, que detentaba el 51% de las acciones. Si la decisión de Preska es esta última, no importaría que los tenedores complicados se apuren a desprenderse de sus tenencias en la causa, ya que igualmente quedarían expuestos a aparecer en los listados. La definición dependerá de la jueza, pero los abogados que representan a la Argentina podrían eventualmente presentar escritos para reclamarle a la justicia de los Estados Unidos la identidad de las personas a las cuales les va a pagar.
Lo mismo pasó con el juicio contra los fondos buitre cerrado en abril de 2016 durante el Gobierno de Mauricio Macri. Recuerda el matutino que a instancias del entonces ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay, se le pidió a Griesa, y este concedió, la elaboración de un listado total y detallado sobre quiénes eran los litigantes a los cuales el país les liquidaría sus tenencias por el juicio iniciado luego del default del 2012 –según publica Urgente 24-.
Un motivo importante para pensar en la posibilidad de argentinos litigantes, es que en el caso de YPF, hubo movimientos múltiples durante todos estos años. Incluso Burford vendió en junio de 2017 el 15% de la causa en US$440 millones, luego de haber comprado todo el paquete por menos de US$30 millones a la justicia española.
De ahí que surge la duda de quién podría ser ese tercer actor que adquirió ese porcentaje. El único que lo sabe es Burford. Podría ser un inversionista argentino o extranjero. Podría ser cualquier fondo buitre, o cualquier persona o Holdout que haya sido demandante al país en el ‘Juicio del Siglo’ cerrado en 2016. O incluso pude ser un ex o actual accionista de la empresa. O incluso una persona en particular. Se trata en realidad de algo habitual en Burford; un fondo que no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su expertice son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Siempre hay accionistas de la causa que capitalizaron y pueden elegir vender y capitalizar. Y, obviamente, otros quieren entrar.
Para juntar las partes, Burford realiza la tarea de trader y administrador y garantiza el secreto de los participantes. Aunque Preska podría romper con ese secreto.
