En una carta a la jueza de Nueva York Loretta Preska, los abogados del fondo Burford –los beneficiarios del histórico fallo que la Argentina perdió por US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera YPF mal ejecutada por Axel Kicillof y Cristina Kirchner– reclamaron comenzar a embargar los bienes del país alegando que la Argentina no cumplirá con la decisión judicial. Informó LA NACION.
Los letrados repasaron en la misiva a la jueza los antecedentes del Gobierno a la hora de evitar sentencias dictadas en los Estados Unidos y argumentaron el pedido a la magistrada por “declaraciones públicas de funcionarios de alto nivel que demuestran que no tienen intención de cumplir con la decisión”.
La Argentina ya sufrió embargos en el pasado reciente. Uno de los casos más recordados es el de la Fragata Libertad, que estuvo 77 días detenida en el puerto africano de Tema (Ghana) durante 2012.
“Estaba convencido de que Burford iba a esperar a comenzar el proceso de embargos a cuando se conociera la identidad del nuevo presidente de la República Argentina para negociar con ellos”, dijo el director de Latam Advisors, Sebastián Maril.
“Lo que están haciendo con esta carta es decir que no quieren demorar el proceso de embargos hasta pasados 30 días desde el día en que se publicó el fallo, es decir, el 15 de septiembre”, agregó el experto.
“O están utilizando esta carta para presionar al Gobierno argentino y sentarse a negociar o le están diciendo al próximo gobierno que no le van a hacer la vida fácil, ya que van a seguir la actitud que tomó NML Capital con Elliott Management y con [Paul] Singer hace ya casi 8 años cuando empezaron los embargos, porque la Argentina no quería cumplir con los fallos de la corte del juez Griesa”, cerró.
Maril cree que el país debería apelar la decisión de Preska y ofrecer un bono para evitar los embargos. “Pero la Argentina no tiene forma de poner un bono para evitar embargos porque no tiene dinero”, señaló.
“En pocas palabras, la Argentina no tiene intención de pagar la sentencia, y sería espurio que la Argentina sugiriera lo contrario”, dice la carta. Cierra entonces indicando que ese plazo de 30 días para comenzar los embargos es “un plazo razonable”. Ahora, la jueza deberá aceptar o no el pedido de los beneficiarios del fallo.
