El diputado justicialista, Carlos Gómez se lamentó que YPF SA esté pidiendo seguridad jurídica pero desde octubre del 2010 mantiene una deuda con las 24 empresas regionales, (PYMES) de 132 millones de pesos, “la situación de extorsión que mantiene YPF SA a estas empresas locales obligó a las contratistas a endeudarse con la AFIP por unos 70 millones de pesos por falta de pago de aportes patronales”.
Rawson (Corresponsal) Gómez que desde su banca hizo un encendida defensa a las pequeñas empresas que están “padeciendo” la irresponsabilidad de una operadora que prefiere llevarse el dinero afuera y no invertir en Chubut, dijo que la Cámara de las PYMES le está solicitando a la AFIP que no embargue las cuentas pidiéndole mayor plazo hasta tanto YPF pague sus deudas, “esto es inconcebible porque la operadora declaró ganancias en estos últimos dos años de 11 mil millones de pesos”.
Al ser consultado si acompañaría que a YPF SA le quiten el yacimiento más importante como Manantiales Beher explicó que de 350 millones de dólares que invirtieron el año pasado bajaron a 99 millones de dólares este año, con lo cual ha sido una reducción drástica, “esto genera desocupación, eliminación de puestos de trabajo y el quebranto a las PYMES por eso es que el gobierno le ha dado un plazo de diez días para que revea su situación y pueda volver a declarar su plan de acción que ha rondado los 300 millones de dólares”.
Debilidad
Ante la presencia del presidente de YPF en la Argentina, para Gómez significa una debilidad “porque le está ofreciendo al gobierno la posibilidad de buscar el consenso que le negó sobre ultimo fin de año cuando la presidente de la Nación le solicitó que no se repartieran los dividendos sino que se reinvierta en el país, pero Repsol hizo caso omiso a ese pedido”.
El diputado comodorense agregó que el gobierno provincial está cumpliendo con el programa que estableció en función a la intimación que se le hizo a YPF SA y sostuvo que el interventor de Petrominera, Oscar Cretini fue muy claro al explicar los alcances de las bases y condiciones de los pliegos de licitación de las áreas petroleras que la provincia le quitó a la operadora española.
Modelo nuevo
Gómez dijo que la UTE que quedará conformada será un 40% para la Petrominera y un 60% para las empresas interesadas en invertir, “la provincia sosteniendo una acción de oro que definirá la política energética en estos yacimientos, garantizando las fuentes de empleo y el pago a las PYMES como la incorporación de un 70% de mano de obra local”.
En este modelo nuevo, Gómez indicó que habrá muchos interesados, “al gremio le interesa que los inversores cumplan con la firma del contrato que harán con la provincia para aumentar la producción porque el objetivo es el autoabastecimiento”.
