La decisión de la administración Trump de no avalar el pedido de la Argentina de mudar al país el juicio por la reestatización de YPF en 2012 pone ahora el foco en la Corte Suprema de Justicia de ese país que tendrá que resolver si toma o no el caso. Y de hacerlo, si mantiene o no los fallos negativos para el país de primera y segunda instancia.
Si esto sucediera, lo más probable es que la Argentina tenga que comenzar a negociar la manera de pagar US$1.740 millones, más intereses a los demandantes, un monto que podría impactar fuertemente en los proyectos de la petrolera estatal en Vaca Muerta. Pero más allá de lo económico, el Gobierno argentino tendrá que tomar la decisión de pedir o no a la jueza Loreta Preska aplicar la cláusula ‘Discovery’, por la cual el país podrá reclamar su derecho a saber a quién le pagará el fallo en contra, lo que podría desatar un nuevo escándalo de corrupción en el país.
La decisión de la administración de Donald Trump de no avalar el pedido de la Argentina de mudar al país el juicio por la reestatización de YPF pone el foco en la Corte Suprema de ese país que debe decidir, antes de la última semana de julio, si toma o no el caso.
Según publica esta mañana el diario ‘Ambito Financiero’, de hacerlo, debe decidir si mantiene o no los fallos negativos para el país de primera y segunda instancia, y si esto sucediera, lo más probable es que la Argentina tenga que comenzar a negociar la manera de pagar US$1.740 millones, más intereses a los demandantes. Una suma nada desdeñable que podría impactar en los proyectos de la petrolera estatal en Vaca Muerta.
Y el asunto no termina ahí, pues, el Gobierno de Mauricio Macri o el sucesor tendrá que tomar una decisión que podría generar aún más polémica. Pues, debe decidir si le pide o no a la jueza norteamericana Loreta Preska, sucesora de Thomas Griesa, aplicar la cláusula ‘Discovery’ por medio de la cual puede reclamar su derecho a saber a quién le pagará el fallo en contra.
Será ella la que tendrá en sus manos la posibilidad de desatar o no un nuevo escándalo de corrupción es este país. Dependerá de si habilita o no el mecanismo de ‘Discovery Process’ por el cual se requeriría que los accionistas que tienen acciones del litigio iniciado por Burford Capital, blanqueen su identidad ante el tribunal, como condición anterior a recibir el dinero.
Si esto sucediera, se conocerían con nombre y apellido, los litigantes contra el país asociados con el fondo Burford que comanda las acciones legales, en cuyo listado, se sospecha que podrían aparecer sorpresas que incluso, incluyan apostadores locales en contra del país, en una inversión con potencial de ganancia megamillonaria y cuya suerte dependería de lo que resuelva Preska.
Según especula el mencionado matutino, podría incluso pensarse que podría haber «ex y actuales funcionarios, tanto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como de Mauricio Macri. También empresarios y hombres de negocios en general. En todos los casos se trataría de personas que intentaron especular a que Burford llevaría adelante el caso con éxito y que la Argentina inevitablemente lo perdería, con lo que el país estaría condenado a pagar una suma millonaria en dólares que le permitiría a los accionistas apostadores una rentabilidad inédita a nivel mundial. Superaría incluso, en dólares, la inflación en pesos acumulada durante el Gobierno de Macri. Un negocio único a nivel mundial».
La decisión de la jueza de Nueva York dependerá de la presión que aplique el Gobierno argentino y de la vehemencia que una de las partes pueda reclamarle, pues podría reclamar que el listado se limite a los tenedores de acciones al momento de ejecutar la eventual liquidación. Esta opción le permitiría a los accionistas con identidad complicada desprenderse durante este año, lo más rápido posible, de sus posiciones y no figurar en el listado final. Aunque no llegarían al final de la causa con la ganancia máxima que sentencie eventualmente Preska. Igualmente la rentabilidad sería, en dólares, extraordinaria.
El matutina menciona en su nota otra posibilidad, que sería que Preska decida una investigación más a fondo y que comience reclamando datos desde el mismo momento en que se privatizó YPF a comienzos de la década del 90. Podría también comenzar su recorte más acá en el tiempo, a partir de la reestatización de 2012 y la manera en que se resolvió dejar de lado en las negociaciones a los accionistas que quedaron fuera de los pagos resueltos por el Gobierno de CKF. Esto es, todos menos Repsol, que detentaba el 51% de las acciones. Si la decisión de Preska es esta última, no importaría que los tenedores complicados se apuren a desprenderse de sus tenencias en la causa, ya que igualmente quedarían expuestos a aparecer en los listados.
El fondo Burford Capital
Burford no es en realidad un fondo de inversiones o fondo buitre al estilo Elliott o Dart, sino que se trata de un sofisticado bufete de abogados con sede en Londres y cotizante en la Bolsa de esa ciudad. Se dedica a comprar juicios con altas posibilidades de éxito, pero con una larga demora en el tiempo para su resolución. La clave del negocio es que la adquisición de una causa no la hace con capitales propios, sino con inversores que confían en su experiencia y aportan un puñado de capitales en una acción legal determinada y en cualquier mercado del mundo. Además de su sede en Londres y sucursales en varios países como Estados Unidos y Singapur. Con el tiempo, los accionistas que acompañan una causa pueden a su vez vender esos papeles o comprar una porción mayor. También pueden figurar como socios, los tenedores originales de las acciones damnificadas y simplemente vender una parte de la causa global. Burford lo que hace luego es administrar la venta y compra de esas acciones.
En el caso de YPF, se sabe que sus socios tuvieron movimientos múltiples durante todos estos años. Incluso Burford vendió en junio de 2017 el 15% de la causa en US$440 millones, luego de haber comprado todo el paquete por menos de US$30 millones a la Justicia española. ¿Quién puede ser ese tercer actor que adquirió ese porcentaje? El único que lo sabe es Burford.
Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su expertice son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Siempre hay accionistas de la causa que capitalizaron y pueden elegir vender y capitalizar. Y, obviamente, otros quieren entrar. Para juntar las partes, Burford realiza la tarea de trader y administrador y garantiza el secreto de los participantes. Secreto con el cual podría terminar Preska.
