Argentina ya sabe que su deuda externa se incrementará en horas, como mínimo, unos US$4.920 millones de dólares. Y que el monto del pasivo que tendrá el país, por fuera de sus vicisitudes económicas, financieras y cambiarias, podría crecer hasta aproximadamente US$16.000 millones. Desarrolla Carlos Burgueño para el medio MDZ
La nueva deuda externa que reconoció el Gobierno de Alberto Fernández surge de las primeras dos jornadas de resolución por parte de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, donde se resuelve el monto que el país tendrá que pagarle a dos fondos buitre por la manera en que se reestatizó YPF en 2012, en donde los abogados que representan al país reconocieron que Argentina debe pagar y fijaron en US$4.920 el dinero liquidarles a los demandantes.
Así se lo hicieron saber los abogados del estudio que representa al país, el Sullivan & Cromwell, quienes además pidieron un plan de cuotas para saldar el pasivo. Por su parte, los fondos buitre Burford Capital y Eton Park exigen unos US$16.500 millones para cerrar la causa, a ser pagados de “manera cash”.
La jueza Loretta Preska abrió la causa ayer y escuchará a las partes hasta el viernes, para luego tomarse un tiempo para dictar la resolución final.
Argentina deberá pagar, ya que perdió la causa en abril de este año y lo único que resta definir por parte de la sucesora de Thomas Griessa es el monto que el país deberá abonar, y la forma de hacerlo.
Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos US$1.000 millones) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero.
La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera.
El Grupo Petersen hoy está fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la Justicia española y reconocida por los propios Burford, que desistieron de reclamarle a Petersen.
El gran misterio en esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán ahora miles de millones de dólares, que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, Burford anunció en junio de 2013 a sus accionistas la venta del 15% del juicio en US$66 millones.
