Los abogados de Cristina Kirchner presentarán antes del 16 de febrero un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación Penal para luego llegar hasta la Corte Suprema de Justiciacon el objetivo de que el máximo tribunal revise su sentencia.
La expresidenta fue condenada junto a Lázaro Báez y otros imputados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional. Sin embargo, su defensa insiste en que la sentencia es arbitraria y buscará demostrar que las pruebas en su contra son inexistentes o fueron valoradas de manera “irrazonable”. Además, según pudo saber TN, podría sostener que hubo errores en la interpretación de la Constitución.
El camino judicial que seguirá Cristina Kirchner incluye varias postas. En primer lugar, sus abogados presentarán un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación, que es el tribunal que confirmó su condena. Este organismo deberá decidir si acepta o rechaza el recurso. En caso de rechazo, la defensa recurrirá en queja directamente ante la Corte Suprema.
Una vez que el caso llegue, el máximo tribunal podrá aceptar o desestimar el planteo de la exvicepresidenta. La Corte no tiene plazos establecidos para resolver este tipo de cuestiones, lo que significa que la decisión podría demorarse años.
“El Recurso Extraordinario es el camino que tenés para llegar a la Corte y allí se pueden plantear varias cuestiones como sentencia arbitraria, es decir que las pruebas en tu contra no existen o se valoraron de forma irrazonable o que existieron errores en la interpretación de la constitución”, explicó a TN un reconocido abogado constitucionalista.
Al plantear que la sentencia es arbitraria, los letrados que defienden a CFK podrán argumentar que se violó la garantía del debido proceso. En una apelación se revisa todo el proceso judicial, pero al presentar un recurso extraordinario solo se coloca el foco en las cuestiones en disputa. “Llegar en queja no garantiza que lo tramiten y que luego la sentencia sea favorable”, agrega el abogado consultado.
Desde finales de 2024, la Corte quedó compuesta por tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Es que Juan Carlos Maqueda abandonó el tribunal a fin de año.
El debate sobre la causa Vialidad también se cruza con las negociaciones políticas entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza (LLA) en el Senado. En particular, las discusiones por los pliegos de los jueces Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, así como la propuesta del oficialismo para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema, forman parte del complejo tablero político que rodea al caso.
Si se suma Mansilla y Lijo, esa es la Corte que podría revisar la condena a Cristina Kirchner. Hasta tanto eso no ocurra, la líder peronista puede ser candidata. Por el momento no prosperó la ley de ficha limpia, así que nada impide que, en caso de que lo desee, se postule al Congreso el próximo año.
El primer tribunal en condenar a Cristina Kirchner fue el TOF 2, en diciembre de 2022, donde se juzgó a la exmandataria por el desvío del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz. El pasado 13 de noviembre, la Cámara de Casación Penal avaló la condena, aunque el fallo no quedó firme y la expresidenta no cumplirá su condena –6 años de prisión e inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos– hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso.
Según trascendió, la causa llegaría a la Corte recién a mediados de 2025. Esto se debe a que la Cámara Federal de Casación Penal extendió el plazo para que los defensores y la fiscalía presenten recursos extraordinarios contra la decisión judicial. Cada parte tendrá 30 días hábiles más que se suman a los diez que ya estaban pautados para presentar los documentos. La fecha límite para presentar el recurso extraordinario es el 16 de febrero.
Las dos partes están en desacuerdo con el fallo de Casación: los defensores buscan la absolución de sus clientes (Cristina Kirchner y el resto de los condenados) o una disminución de sus penas, mientras que la fiscalía tiene el objetivo de aumentarlas, además de sumar el delito de asociación ilícita contra la exmandataria.
Además de la sentencia a la vicepresidenta, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó a Lázaro Báez (6 años); al exsecretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); al extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (6 años); a los exresponsables de la DNV en Santa Cruz, Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Daruich (3 años y 6 meses); y a los extitulares de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses) y José Santibáñez (4 años).