Nadie mejor y más representativo que el embajador de USA en Argentina, el ex juez Edward Prado, para velar personalmente de que los US$3.000 millones que, en principio, le tocan a nuestro país del paquete que administra la agencia de inversiones creada en 1971, que depende del presupuesto del Congreso de Estados Unidos, la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC, por sus siglas en inglés), cuenten con seguridad jurídica.
Mucho más en el contexto de la causa penal por los cuadernos que desnudó la tradicional matriz de corrupción en las adjudicaciones de obras públicas. La participación norteamericana en el gasoducto Vaca Muerta-Rosario, los corredores viales a Mendoza (otra de las provincias del megayacimiento) y proyectos eólicos en Chubut dan el puntapié inicial a un proceso de exportación hacia nuestro país de equipos y know how made in USA contenidos en inversiones internacionales en infraestructura y su financiamiento.
Habían transcurrido 7 años desde la última vez que la agencia de inversiones de Estados Unidos había financiado una obra de infraestructura en Argentina.
Ruptura de contratos, cambios en las reglas de juego, enfriamiento de las relaciones y mutuas aprehensiones se venían interponiendo hasta que el embajador de Estados Unidos, Edward Prado, junto al canciller Jorge Faurie, y los ministros de Transporte Guillermo Dietrich, de Energía Javier Iguacel y de la Producción Dante Sica, dieron a luz en el Palacio San Martín la carta de intención por la cual la institución norteamericana destrabará la modalidad de Participación Público Privada ( PPP), al aportar los fondos para dar inicio a la construcción del corredor vial C licitado este año y que no podía arrancar por el atascamiento financiero ocasionado por el riesgo país, la causa de los cuadernos además del sideral nivel interno de las tasas.
Para eludir estos escollos, la Administración Macri tuvo que asegurar condiciones contractuales, como:
-respetar los contratos en moneda extranjera a las petroleras (aun en perjuicio de los consumidores) frente a la contingencia creada por la devaluación,
-compensar en la tarifa con aumentos hasta 66% a los concesion arios de 6 corredores viales: 2, 3, 4, 6, 8 y 18, de autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de sus accesos Norte y Oeste, por la diferencia de cambio y de recaudación ante un menor el tránsito al asegurado,
-incorporar a empresas de USA en las obras, allanándoles el camino judicial para que no entren en colisión con las normas anticorrupción del País del Norte, tanto de los bancos como de las propias sociedades.
Experto en la materia por haber sido magistrado hasta su retiro, el diplomático estudió los casos para que estas primeras líneas de financiamiento, que según sus palabras, responden a la visión que Estados Unidos tiene del “compromiso del gobierno de Mauricio Macri para con las políticas económicas de mercado, las licita ciones transparentes y el respeto a las normas internacionales”, puedan ser instrumentadas.
Y auguró que, al renovar USA su foco en Argentina, desde la OPIC se podrán “movilizar miles de millones de dólares para volcarlos en proyectos de energías renovables e infraestructura de la Argentina”.
La línea inicial de US$3.000 millones está directamente relacionada con el monto en capital privado que figura en el stand by firmado con el Fondo Monetario Internacional para ser liberado a fin de afectarlo al financiamiento de proyectos de infraestructura que se han retrasado por la investigación de corrupción, según reveló a Bloomberg Santiago Carregal, presidente de la firma de abogados más grande del país, Marval, O’Farrell & Mairal.< /p>
El documento suscripto ayer entre funcionarios argentinos y norteamericanos «es el primer acuerdo preliminar» para un desembolso de u$s250 millones bajo condiciones de plazo y tasa aún no definidos.
Serán u$s813 millones en total, principalmente orientados al sector energético, ya que US$350 millones se asignaron al gasoducto que construirán Tecpetrol y Transportadora Gas del Sur entre Neuquén y el polo sojero.
Entre US$250 y 400 millones irán a activar el corredor vial C (rutas 7 y 33), que une Buenos Aires con otra de las provincias abarcadas por el megayacimiento Vaca Muerta, que es Mendoza, empantanado por las cuitas judiciales y financieras de la firma adjudicataria de José Cartellone, envuelto en las denuncias por corrupción de los cuadernos e impedido previamente de emitir un bono de más de u$s800 millones, que era el monto de la invers ión prevista de acuerdo al contrato que firmó con el gobierno, por los efectos del elevado riesgo-país.
El ingreso de la constructora estadounidense Astris a ese negocio vial y el consecuente respaldo de OPIC habilitaron el primer tramo del fondeo para encarar unos 700 km de autopista en la Variante Desaguadero, la adecuación de la autopista travesía urbana de Junín, el tramo Junín-San Luis, más la variante para la laguna La Picasa que suele inundarse.
Obras made in USA y China
La aparición de compañías americanas y chinas en los PPP destrabó el financiamiento internacional de las obras de infraestructura y además del corredor C, también el B, que comprende la ruta 5 y está en manos de la asiática CCA y la mendocina Green, quedó a punto de hacerse en cuanto se confirme, el domingo, el aporte de China.
La participación formaba parte de una negociación amplia, en la que Argentina pedía la rebaja de una veintena de aranceles para poder exportarle, a la par que el gigante asiático pretendía ampliar la participación en licitaciones públicas.
En este sentido, los americanos cuestionaban la ventaja de los asiáticos al manejarse con normas más flexibles ante casos de corrupción cuando llega el momento de afrontar los desembolsos requeridos en una obra de esta magnitud.
Estuvieron trabajando con la consultora de obra pública CH2 Hill para allanar ca minos legales, ya que son varios los grupos estadounidenses interesados en participar en licitaciones de infraestructura de países emergentes como Argentina. Uno de ellos, de los hermanos Benjamín y Jonathan Tomlinson de Seattle, se llama GWD (Groundwork Development LLC), y se dedica principalmente a la construcción enfocada a bienes raíces.
Al ser los privados los que tienen que conseguir los fondos para la obras públicas bajo modalidad PPP, la suba de las tasas en el mercado local y la devaluación de los activos externos argentinos tornan casi imposible el financiamiento para las empresas constructoras.
Y los cuadernos fueron el golpe de gracia, porque las políticas de compliance norteamericanas las limitan a la hora de asociarse con compañías involucradas en denuncias judiciales.
El gobierno intentó crear un fideicomiso liderado por el banco Nación para emitir préstamos y funcionar como garante pero los números no daban.
El diseño de una intervención del FMI a la economía nacional y atarle flujos a la obra pública administrados desde OPIC vuelve a poner en carrera los proyectos PPP empantanados.
Los que venían mejor encaminados eran los corredores E y F, en manos de Helport (Corporación América), con espalda suficiente para aportar el dinero en caso de que el mercado siga cerrado.
Para comenzar con el corredor Sur, el consorcio de Rovella Carranza, JCR y Mota Engil espera una mejora en las condiciones financieras.
En cuanto a las energías alternativas, OPIC asignó US$118 mill ones para el proyecto de energía limpia en Ullum y Chubut de Genneia, compañía a la que entró la americana PointState Argentum LLC; otros US$ fueron para el parque eólico Manantiales Behr, en Chubut, que realiza YPF Luz, a la que está asociada otra estadounidense, la General Electric, y US$45 millones recibió la primera empresa del sector de logística en Latinoamérica en haber obtenido financiamiento directo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y del Overseas Private Investment Corporation (OPIC), la bonaerense Plaza Logística.
En realidad, había sido duplicado el año pasado el presupuesto de la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero para financiar proyectos en países emergentes en los que se encuentran vincul adas empresas norteamericanas, bajo la premisa de no generar pérdida de empleo en USA.
