Una jueza de Mendoza dispuso que no se puede detener a las personas que violen la cuarentena dictada por Alberto Fernández

La jueza de garantías Alejandra Mauricio declaró la inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Presidente porque el Poder Ejecutivo no puede legislar en materia penal.

La jueza de garantías de Mendoza, Alejandra Mauricio, declaró inconstitucional el artículo 4 del DNU presidencial que prevé la detención de las personas que violen el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO). El fallo fue dictado hace algunas semanas, pero cobró notoriedad durante los últimos días en medio de la disputa entre la Casa Rosada y la Gobernación de esa provincia.

“El Presidente está facultado para restringir derechos y garantías de las personas en una situación excepcional como ésta. Incluso se lo permiten algunos pactos internacionales. Pero lo que no puede es decir que el cumplimiento de estas restricciones configuraran un delito del Código Penal, porque lo tiene prohibido por la Constitución Nacional. Eso es lo que yo he declarado inconstitucional. De esta manera, los primeros decretos quedan vacíos de contenido sancionatorio”, explicó Mauricio.

En un extenso reportaje con Cristina Pérez en Radio Mitre, la jueza explicó su resolución al asegurar que dispuso la inconstitucionalidad del artículo 4 del DNU firmado por Alberto Fernández “porque el artículo 99 de la Constitución le prohíbe al presidente de la República Argentina emitir decretos de necesidad y urgencia que legislen en materia penal”.

Mauricio recordó que en el inciso tercero de dicho artículo, que refiere a las atribuciones del Presidente, se hace la salvedad expresa de que esos decretos de necesidad y urgencia nunca pueden legislar en materia penal, tributaria y de partidos políticos.

Para la jueza, la gente no puede estar privada de su libertad y ningún ciudadano puede quedar sometido a proceso por dicho DNU y recordó que “lo que está prohibido no puede ser convalidado por el Congreso de la Nación”.

“Todos los DNU tienen un mecanismo muy estricto que requiere la convalidación del Congreso. Si bien el Parlamento ha convalidado muchos de estos decretos de la cuarentena, que para mí muchos están convalidados fuera de término porque no están cumplidos los plazos, nunca puede convalidar lo que es nulo de nulidad absoluta e insalvable como lo dice la Constitución”, explicó.

En tal sentido, la jueza Mauricio consideró lo que podría llegar a hacer el Congreso de la Nación ante esta situación. “Emitir una ley que probablemente diga que el Presidente tendrá las facultades para declarar los períodos de cuarentena y establecer las restricciones, y decir que ese incumplimiento será del tipo penal del art. 205 y el 239. Pero tiene que ser una ley emitida a través de los mecanismos constitucionales, no una convalidación”, enfatizó.

Mauricio contó que se inspiró en las declaraciones del abogado constitucionalista Daniel Sabsay, y que se encuentra muy tranquila con su conciencia porque siempre se manejó del mismo modo no obstante haber tenido muchas dificultades por actuar de esta manera. “Hasta ahora no he tenido presiones (por el fallo); sí felicitaciones de colegas y de vecinos. No tuve miedo, estoy acostumbrada a hacer rebeliones”, aseguró.

“Soy una jueza de la Constitución, juré sobre ella hace 30 años cuando entré en la Justicia. Estoy convencida de la vigencia de la Constitución, porque es el principio del Estado de derecho. La legalidad, el debido proceso, la división de poderes y su control debe existir y lo debemos defender, empezando por los jueces, que tenemos la obligación de declarar de oficio todas las inconstitucionales que nosotros advirtamos en las leyes que se emiten desde el Congreso o quien sea”, añadió.

En este sentido, aseguró que “el que no tiene valentía para ser juez tiene que ir a su casa” y recordó que “la Constitución tiene que regir independientemente de quién sea el que gobierna; es nuestro deber, para eso nos pagan”.

La jueza explicó además que, cuando el gobernador de Mendoza comience a flexibilizar la cuarentena, va a sancionar con multa el incumplimiento y la violación de las restricciones, lo que agrega un problema más a la situación. “Acá hay una doble persecución por el mismo hecho, un principio que es esencial en el Estado de derecho: nadie puede ser sometido a proceso dos veces ni sancionado por el mismo hecho dos veces”, recordó.

“Acá yo estoy absolviendo o sobreseyendo, dependiendo de la etapa del proceso, porque entiendo que además si hay dos persecuciones y dos sanciones, hay que aplicar la más beneficiosa y en este caso es la multa”, añadió.

Desde su punto de vista, consideró que es mucho más eficiente la multa que un proceso penal. “Tenemos alrededor de 7.000 procesos por violar la cuarentena. Los únicos que se están juzgando son los que tienen personas privadas de la libertad, que son los mínimos. El resto de los procesos van a morir porque es imposible tramitarlos todos”, advirtió.

Para sostener su argumento, Mauricio recordó que en su provincia el manejar en estado de ebriedad tiene multas económicas altísimas que rondan los 100.000 pesos. “Cuando comenzó a regir esta ley fue categórico cómo bajaron los accidentes de tránsito por estado de ebriedad. Acá esto se cumple mucho y demuestra que la multa produce más efectos que un proceso penal que termina en la nada, malgastando el dinero de los contribuyentes. De 7 mil causas, con suerte si se pueden juzgar 100 creo que es mucho”, afirmó.

Finalmente, Mauricio se mostró muy preocupada por la vigencia del Estado de derecho: “La Argentina ha perdido el rumbo en este aspecto”, concluyó.