El juez Juan Pablo Augé y los fiscales creen que “funcionarios de las máximas jerarquías del SPF» ejecutaron «un plan para controlar y vigilar» a ex funcionarios y empresarios detenidos.
El último día que Emiliano Blanco trabajó como director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en mayo, dos personas de su equipo se llevaron varias cajas llenas de documentación de las oficinas a su cargo. Lo revelaron dos funcionarios que lo habían visto con sus propios ojos y que tuvieron que declarar el jueves último cuando una delegación de la fiscalía de Lomas de Zamora y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanó la Dirección Nacional del SPF, en Lavalle y Pueyrredón, en la Ciudad de Buenos Aires, según publica Infobae.
Buscaban material vinculado con el espionaje ilegal en las cárceles. Porque los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide ya están convencidos a esta altura de que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo actividades de inteligencia ilícitas sobre un grupo específico de ex funcionarios y empresarios presos por causas de corrupción, y así lo dejaron escrito en las órdenes de allanamiento que se desplegaron también la última semana en el penal de Ezeiza, en la ex Área 50 (de Inteligencia) y en el Departamento de Asuntos internos.
Claro que con el dato del robo de papeles, el viernes hubo otro operativo en las casa del propio Blanco, que ahora quedó formalmente imputado en la causa. Fue en el country Highland Park y también en las viviendas de los colaboradores que lo ayudaron.
Lo que afirma la fiscalía y fue remarcado por el juez Juan Pablo Augé al ordenar los allanamientos es, textual, que “funcionarios de las máximas jerarquías del Servicio Penitenciario Federal habrían llevado a cabo un plan para controlar y vigilar todos los movimientos, conexiones y actividades que desarrollaron las personas privadas de la libertad incorporadas por ellos al Programa IRIC (Intervención para la reducción de índices de corruptibilidad), que principalmente incluyó a ex funcionarios públicos imputados de haber cometido actos de corrupción.
Tal mecanismo habría desviado su finalidad legal y se habría convertido en una fuente de información que luego era utilizada para distintos fines, y compartida presumiblemente a la Agencia Federal de Inteligencia”.
El IRIC fue un sistema que inventó el macrismo, para tener encarcelados todos juntos a los ex funcionarios kirchneristas y otras personas ligadas a ellos. La investigación judicial plantea que se creó, precisamente, con fines non sanctos. Algunas de las derivaciones más conocidas fueron aprietes a presos y familiares; otra a través de la filtración de las llamadas de los teléfonos públicos intervenidos, que se usaron para difundir llamadas privadas de los presos y armar el “Operativo Puf”, que contrarrestara la causa del D’Alessiogate.
Cuando los fiscales hablan de que los responsables fueron las máximas jerarquías, se refieren a personas puntuales: además de Blanco, su asesor Fernando Carra, el chofer de éste, Sergio Ducal, Cristian Suriano, que era el jefe del Area 50 de Inteligencia, Miguel Angel Perrotta, ex jefe de Asuntos Internos y Juan Carlos Silviera, ex director de Seguridad. Ahora quedan salpicados dos nombres más, los de quienes ayudaron a Blanco a llevarse la documentación en sus autos: Fernanda Koser, del Servicio de Prevención de Corrupción, vinculado con el IRIC, y Marchese, jefe de gabinete del SPF. Ambos siguen en funciones.
La renuncia de Blanco –un ex funcionario que venía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pero permaneció con el de Macri– fue aceptada en mayo último después de idas, vueltas y largos silencios en el Ministerio de Justicia, en un contexto donde se superponían problemas: había una escalada de protestas en las cárceles a raíz del coronavirus, con epicentro en Devoto, donde se le atribuía al ex funcionario la pérdida de control pero, además, comenzaba a avanzar la investigación sobre espionaje y el juez que entonces tenía la causa, Federico Villena, allanaba la Dirección de Inteligencia del SPF, la de Seguridad y el penal de Ezeiza.
¿Por qué? Porque ya aparecían conexiones entre el grupo de espías conocidos como “Super Mario Bros” y el SPF y porque dos testigos de identidad reservada describieron con muchísmo detalle cómo se había “cableado” con micrófonos y cámaras la zona del IRIC del penal de Ezeiza, cómo la información era enviada a Inteligencia y el hecho de que su usaba, por ejemplo, para presionar a ciertos detenidos para que declaran contra CFK o en las causas de alto impacto, como la de los cuadernos u otras.
En el procedimiento del jueves, del que participó la fiscal Incardona en persona, fueron hallados documentos útiles para la investigación en un sector de la Dirección Nacional llamado Dirección de Trato y Tratamiento, según pudo saber PáginaI12 por allegados a la causa. Se incautaron computadoras donde había informes de las personas privadas de la libertad en el IRIC y que, todo indica, eran monitoreadas con una ingeniería específica, no precisamente para cuidarlos.
También en Ezeiza aparecieron carpetas con datos y reportes del mismo tipo, sobre las mismas personas, del mismo sector. Allí, al módulo 6 del penal, donde estaba el IRIC, habían trasladado al narcotraficante Mario Segovia, con la excusa de que lo iban a controlar porque podría estar digitando delitos desde la cárcel o planeando una fuga. Pero lo que se hacía, según declararon dos personas que trabajaban allí, era espiar a los ex funcionarios y empresarios. A ellos les parecía extraña la presencia de Segovia en ese lugar, y tenían motivos para dudar.
En los allanamientos del viernes también se secuestraron teléfonos de Blanco, que serán analizados, pero ni en su casa ni en la de los funcionarios se encontraron los documentos buscados. También están pendientes de análisis los celulares de los otros sospechosos del SPF que, a entender de la fiscalía, conformaban “una de las ramas de la organización criminal investigada en estas actuaciones”. En efecto, otra pata de la investigación es la relacionada con el espionaje a políticos, tanto oficialistas durante el gobierno de Cambiemos como opositores, periodistas, dirigentes sociales y eclesiásticos, en una lista que hay nombres que van desde Cristina Fernández de Kirchner hasta Horacio Rodríguez Larreta.
