Es iniciativa de ASSUPA, una organización con alcance patagónico que ya había demandado a la YPF de Repsol en Neuquén y a Sinopec por sus reiteradas faltas en Santa Cruz y también en Chubut.
A casi 111 años de explotación hidrocarburífera, una demanda penal por contaminación alcanza a todas las operadoras que trabajan en la región. La iniciativa parte de que la Cuenca del Golfo San Jorge merece una remediación ambiental con carácter de reparación histórica, debido al impacto que ha tenido la industria en las distintas localidades de esta zona hidrocarburífera.
La Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA), en su delegación en Comodoro Rivadavia, presentó una demanda penal contra todas las operadoras con actividad en la cuenca y también contra Termap. Una mega causa similar llevó la organización en la Cuenca Neuquina, primero contra la YPF de Repsol y tras la expropiación en 2012 interpuso un pedido de embargo contra la empresa española puesto que no había cumplido con las remediaciones correspondientes.
En contacto con El Comodorense, desde la representación ejecutiva de ASSUPA en Comodoro Rivadavia, se recalcó que no sólo se avanzará con la demanda contra las petroleras sino que se mantendrán atentos a la discusión por la minería. Es que si en una provincia con experiencia petrolera se hace difícil controlar su principal industria, queda en duda qué podría hacer el Estado ante multinacionales mineras.
El objetivo de la demanda en la cuenca compartida por Chubut y Santa Cruz pide el restablecimiento del ambiente al estado anterior de las labores de exploración, explotación, producción, almacenamiento y transporte de hidrocarburos. Además, les reclama a las empresas operadoras activar mecanismos de prevención más estrictos en daños ambientales futuros en la cuenca.
Así, uno de los puntos reclama la realización de las operadoras, o de la mano de empresas tercerizadas, de acciones que resuelvan la recomposición integral de los «daños colectivos ambientales causados a los ecosistemas por la actividad que desarrollan». En este punto, se desprenden dos solicitudes, a repasar a continuación.
– «La total desaparición de sustancias nocivas y agentes contaminantes provenientes de su actividad, de las aguas del mar, de los cursos de agua superficiales y de las aguas subterráneas, del suelo y del aire»
– «La reposición a su estado anterior de las extensas áreas deforestadas y sin vegetación a causa de la apertura de caminos, calles, locaciones, picadas, zanjas, canteras y toda otra actividad que ocasionó la pérdida del manto vegetal con motivo o en ocasión de su actividad, de modo tal de revertir el procesamiento de desertificación que ello ocasiona»
El fiscal Diego Iglesias, de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, solicitó información el 27 de septiembre del año pasado al Ministerio de Ambiente de Chubut -en la actualidad, es un organismo acéfalo-. Le pidió sobre un total de 21 compañías «si se han detectado áreas con presencia de contaminación con hidrocarburos por las actividades llevadas a cabo por estas empresas». La documentación llegó a sus manos.
Además, pedía los resultados de las tomas de muestra efectuadas desde el 2011 de los recursos hídricos (ríos, lagos y lagunas) y napas freáticas o subterráneas. «Y se informe el lugar de la toma de muestra, si los valores encontrados se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa vigente y el recurso afectado».
Sin embargo, más reciente en el tiempo está la presentación de ASSUPA en el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en Caleta Olivia. La fecha: el 22 de marzo de 2018. En este caso, la demanda es específicamente contra Sinopec, empresa a la cual se le pide un embargo por 150 millones de dólares, o más, según los resultados de los estudios correspondientes para remediar el ambiente dañado.
Las observaciones contra la operadora de origen chino no sólo se centran en áreas petroleras de Santa Cruz, sino que Chubut tiene un capítulo: «Bella Vista Oeste (donde la empresa tiene multas e intimaciones incumplidas debido a las graves y contundentes observaciones que mereció la presentación de la declaración jurada solicitada por la normativa provincial, que no es otra que el reflejo que las disposiciones de protecciones mínimas de la Ley General del Ambiente), de la provincia del Chubut».
Tanto en Chubut como en Santa Cruz, ASSUPA reclama un estudio de impacto ambiental, realizada por alguna asociación ambientalista de reconocido prestigio e independiente, de las áreas a cargo de Sinopec en los dos lados de la cuenca. «El estudio deberá contemplar en forma pormenorizada el estado en el que se encuentran las distintas vertientes de agua (entiéndase manantiales, vertientes subterráneas, etc) como así también un informe de las condiciones en que se encuentran las napas freáticas de las áreas referidas».
Aquí hay un punto que marca la demanda a tener en cuenta: le piden al Instituto de Energía y a la gobernación a no revertir áreas hasta resolver el tema, algo que no ocurrió en Chubut. En este distrito, Sinopec dejó caer la concesión, que la tuvo que cargar Petrominera. Diferente ocurrió con Enap -la ex Enap Sipetrol-, que dejó Pampa del Castillo -aprobado en la sesión de la Legislatura del Chubut del día 24 de julio-, cediéndole el área a CAPSA en UTE con Petrominera, y otorgó un presupuesto para este año destinado al saneamiento.
