El Gobierno presentó en el Congreso la previsión de gastos para 2019: déficit 0, caída del 0,5% del PBI, inflación del 23% frente al 42% con que cerraría este año. Se calcula un dólar a 40,10 mientras que ayer cerró a 40,42 pesos. La partida que más aumenta, 48,9%, es para el pago de intereses de la deuda.
La economía argentina cerraría este año con una caída del nivel de actividad del 2,4 por ciento, mientras que en 2019 la contracción sería del 0,5 por ciento. La inflación acumulada en diciembre marcaría 42 por ciento y para el mismo mes del próximo año quedaría en 23 por ciento.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó ayer esas estimaciones en el Congreso durante la inauguración del debate por el Presupuesto nacional 2019. Si esas proyecciones se confirman, es decir, en un escenario optimista para el gobierno, Mauricio Macri habrá cerrado su mandato con una economía 1,9 por ciento más chica en relación al momento de la asunción (ver aparte). Los precios minoristas en promedio se habrán triplicado en ese período y estarán acompañados por una caída del poder adquisitivo del salario, deterioro de la situación laboral y aumento de la desigualdad de ingresos.
Para el Gobierno, la votación del Presupuesto es una instancia decisiva para enviar una “señal a los mercados” y así volver a atraer los capitales especulativos que le permitieron financiar el déficit externo durante 2016 y 2017. Según lo acordado entre el Ejecutivo y el FMI, el déficit fiscal primario para el año que viene sería de 0 por ciento gracias al recorte de la obra pública, la continuidad en la quita de subsidios, el ajuste sobre las empresas públicas y la transferencia de funciones a las provincias, como por ejemplo la tarifa social en la electricidad. Por otro lado está la suspensión de rebajas impositivas y la aplicación de retenciones.
Como no hay forma de presentar números positivos en términos de “pobreza cero” ni inclusión ni desarrollo social o industrial, Dujovne ratificó ayer que “converger hacia el equilibrio fiscal es uno de los objetivos centrales de la política económica”. “Tras diez años consecutivos de déficit fiscal primario, estamos presentando un presupuesto con déficit cero”, celebró, aunque en esa cuenta no incluye la factura de intereses de deuda, cuyo incremento interanual es del 48,9 por ciento, hasta un total de casi 600 mil millones de pesos. En 2019, la factura de intereses más que duplicará a todos los subsidios destinados a transporte y energía. Antes de la gestión Cambiemos, esa relación era sistemáticamente opuesta. El rubro intereses de la deuda, con la suba del 48,9 es por lejos el de mayor crecimiento del presupuesto 2019. Por ejemplo, la suba del gasto primario es del 24,5 por ciento, impulsado por las prestaciones sociales (34,4 por ciento).
Una de las prendas de negociación del Gobierno para alcanzar un nuevo acuerdo con el FMI, después de la firma del crédito en junio, fue el endurecimiento fiscal: de un déficit de 3,2 por ciento del PBI este año, al 2,2 por ciento en 2018 y 1,2 por ciento en 2020, el Ejecutivo presentó ahora un rojo de 2,7 por ciento estimado para este año, equilibrio fiscal el año que viene y un superávit del 1 por ciento en 2020. “Estos cambios implican un ahorro de cinco puntos del PBI, unos 25 mil millones de dólares de acá a 2020. Sabemos que la desaceleración de la actividad, la inestabilidad cambiaria y la inflación afectan negativamente la calidad de vida de la población. Sin embargo, creemos que la economía argentina exhibió una gran resiliencia –capacidad de soportar situaciones traumáticas– en este proceso de convergencia”, dijo Dujovne.
El ministro justificó la crisis económica a partir de las “turbulencias externas” sobre las que suele acostarse el Gobierno: “La sequía más intensa en los últimos 50 años”, “la suba de tasas de interés más rápida de lo esperado en Estados Unidos”, “las disputas comerciales entre Estados Unidos y China” y “los sucesos judiciales asociados a la causa de los cuadernos”.
Por el lado de los gastos, Dujovne dijo que el Presupuesto oficial contempla una baja de las partidas destinadas a subsidios equivalente al 0,7 por ciento del PBI. Si bien no dio detalles sobre cómo se distribuirá la quita de subsidios entre los servicios de electricidad, gas y agua y el transporte público, en la ley presentada al Congreso se detalla que habrá un recorte nominal de los subsidios al transporte del orden del 18 por ciento y del 1,6 en energía. Es decir que el año que viene las tarifas y el boleto de colectivo y tren volverán a subir muy por encima de la inflación. El ministro también dijo que habrá una caída nominal de 7,2 puntos porcentuales en el gasto de capital del Estado nacional, basada en recortes en obras de energía, educación y en vivienda.
El ministro señaló que continuará “reduciendo el déficit operativo de empresas públicas que no son del rubro de transporte y energía junto a la baja de gastos en bienes y servicios no esenciales”. En cuanto al empleo público, el Estado nacional no hará contrataciones ni cubrirá vacantes por retiros voluntarios o jubilaciones. Una de las claves de la contención de gastos por parte del gobierno nacional es la transferencia del ajuste a las provincias. Dujovne admitió que el costo de la tarifa social eléctrica y de los subsidios al transporte queda en manos de las provincias. Si bien las partidas nacionales destinadas a jubilaciones, salud, transferencias a universidades y ciencia y técnica subirían en línea con la inflación según la proyección oficial, hay un fuerte recorte en transferencias a las provincias en energía, transporte, educación y vivienda.
Por el lado de los ingresos, el Gobierno calculó un incremento del 39,5 por ciento de los recursos tributarios, con subas del 31 por ciento en el IVA y la seguridad social. En el Presupuesto, el Gobierno señala que la mejora en la recaudación “se explica principalmente por el establecimiento transitorio de Derechos de Exportación sobre las ventas al exterior de bienes y servicios”, en relación a las retenciones que finalmente el Gobierno decidió aplicar a las exportaciones, con especial impacto sobre los cultivos agrícolas más importantes. Los exportadores del campo y del sector minero se vieron ampliamente beneficiados por la megadevaluación del peso durante este año. Sin embargo, el Gobierno hasta último momento se resistió a aplicar retenciones para no afectar a su base electoral. Dujovne anticipó que “se posterga la reducción del impuesto a los débitos y créditos bancarios, se suspende la rebaja de contribuciones patronales y se eliminan exenciones al impuesto a las Ganancias”.
