La estructura jerárquica de Finanzas organiza sus patrimonios y negocios a través de guaridas financieras. Nuevos documentos entre los Panama Papers muestran que el secretario Legal y Técnico de Finanzas, Carlos Lo Turco, figura al frente de una offshore. También está su asesor, Fernando Cassani Azzurro. Se suman al ministro Luis Caputo y al secretario de Finanzas Santiago Bausili.
El 100 por ciento de los funcionarios que conforman la estructura jerárquica del Ministerio de Finanzas organizan sus patrimonios y negocios a través de guaridas financieras. Panamá, Islas Caimán y Delaware son algunos de los destinos elegidos por los expertos que convocó el ministro Luis Caputo para acompañarlo en la búsqueda de endeudamiento externo. PáginaI12 identificó nuevos documentos entre los Panamá Papers que muestran como Mossack Fonseca fue contratada para montar la offshore panameña Mariba S.A. presidida por el secretario Legal y Técnico del ministerio de Finanzas, el abogado Carlos Augusto Lo Turco. Desde la cartera indicaron a este diario que la firma “fue inactivada el 15 de junio de 2009”. De acuerdo a la versión ofrecida por Finanzas “las acciones nunca fueron integradas” y “la sociedad nunca se integró al capital social”. Asimismo indicaron que en agosto de 2016 remitieron toda la información ante la Oficina Anticorrupción. Los voceros del Ministerio afirmaron que la empresa fue creada en “para [ofrecer] servicios de asesoramiento legal en el exterior que nunca sucedieron”.
Los documentos que forman parte del proyecto impulsado por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, revelan que Marbira SA está controlada por acciones al portador. Como es habitual entre los hombres de negocios que recurren al mundo offshore, Lo Turco no fue quien realizó la operación sino que recurrió a intermediarios uruguayos para montar la empresa. El emprendimiento offshore de Lo Turco fue identificado hace dos años por el diputado del FpV, Darío Martínez, que durante 2016 impulsó la denuncia por lavado de dinero contra el presidente Mauricio Macri por su presencia en los Panamá Papers. Archivos hallados por este diario en la base de datos que dio forma a la megafiltración revelan que Mossack Fonseca estuvo a cargo de montar en 2006 la firma panameña donde Lo Turco figura como presidente.
La información disponible en los Panamá Papers no ofrece precisiones sobre las operaciones realizadas por esa compañía, donde Lo Turco está acompañado en el directorio por Fernando Luis Cassani Azzurro y Alejandro Carlos Emilio Lo Turco. Ambos directivos de la panameña Marbira SA trabajan en la administración pública. Cassani Azzurro se desempeña como asesor del funcionario mientras que Lo Turco es asesor en la AFIP desde 2013. “El Dr. Fernando Cassani es asesor del Dr. Lo Turco. Y era socio del 50 por ciento en esa sociedad”, explicaron desde Finanzas.
De acuerdo a los registros recabados en Panamá por el legislador Martínez y sus colaboradores, la offshore seguía activa en septiembre de 2016 y el entonces funcionario formaba parte de su directorio. Desde Finanzas enviaron una nota membretada del estudio Mossack Fonseca para refutar la información que figura en el registro de sociedades panameñas. Fechado en agosto de 2016, el texto sostiene que “la sociedad Marbira SA fue inactivada en el Registro de Panamá el 15 de junio de 2009. Le recordamos que para reactivarla, deberá pagar todas las anualidades, recargos y multas acumuladas así como nuestros honorarios de reactivación”.
A su vez, los Paradise Papers y una serie de documentos de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos revelaron que el ministro Caputo fue el accionista controlante de empresas offshore radicadas en Islas Caimán y Delaware. La mamuschka de sociedades compuesta por Noctua International, Princess International y Affins Partners no figura en la declaración jurada del funcionario. Las operaciones offshore del ministro fueron sujeto de una interpelación parlamentaria el 3 de abril en la que diputados y senadores opositores lo interrogaron sobre las omisiones en sus declaraciones juradas y las contradicciones entre lo que declaró inicialmente cuando se conoció la megafiltración y lo que revelaron los documentos de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos.
Por su parte, el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, que desde que llegó a la función pública continúa cobrando una compensación diferida de su ex empleador, el Deutsche Bank, declaró ante la Oficina Anticorrupción la offshore Laguna I9 LLC, que valuó en 1,9 millones de pesos. La firma de Bausili está radicada en el estado de Delaware, una de las principales guaridas financieras norteamericanas, e ingresó a su patrimonio en junio de 2016 cuando él ya estaba en la función pública.
Mientras tanto la tercera secretaría del Ministerio de Finanzas, la de Servicios Financieros, se encuentra vacante desde que Leonardo Cuccioli fue ascendido a mandamás de la AFIP a principios de marzo. Pero aún si Cuccioli hubiera permanecido en el ministerio de Finanzas el promedio de funcionarios jerárquicos con actividades offshore se mantendría en el cien por ciento, ya que el ex secretario de Caputo estuvo vinculado a operaciones canalizadas desde las Bermudas y declara inversiones en fondos radicados en Islas Caimán.
La fuga de capitales hacia los centros financieros como Suiza o Estados Unidos constituye un rasgo estructural y permanente de la economía local. Origen, tamaño y causas cambiaron a lo largo de las últimas cuatro décadas pero la sangría nunca se interrumpió. La red de guaridas financieras permite a los argentinos ocultar entre 260 y 500 mil millones de dólares en el mundo offshore. Los flujos financieros ilícitos tienen como protagonistas las grandes empresas y sus dueños. En ese dato reside una interpretación posible para la extendida presencia de funcionarios jerárquicos del Gobierno de Mauricio Macri en las megafiltraciones.
El uso de las guaridas fiscales constituye una práctica habitual en el universo cambiemita. La extendida presencia de familiares, amigos, socios y funcionarios en la red global de servicios financieros offshore expuesta en Panama Papers y Paradise Papers de cuenta del comportamiento sistemático de los principales grupos económicos del país. Esas maniobras no solo redundan en menores ingresos fiscales sino que constituyen una fuente de inestabilidad macroeconómica reducir el fondeo para la inversión y ejercer presión sobre las cuentas externas.
