Doce detenidos entre ex funcionarios y empresarios en una causa por supuestas coimas. Las anotaciones del chofer de Roberto Baratta desataron ayer una ola de detenciones y todavía quedaban otras capturas pendientes. Además, fue citada a indagatoria Cristina Fernández junto a otros ex funcionarios.
La declaración de una ex pareja del chofer de Roberto Baratta, ex número dos de Julio De Vido, y las anotaciones sobre supuestas coimas en ocho cuadernos del propio remisero, Oscar Centeno, desataron una ola de detenciones de funcionarios de la administración kirchnerista y empresarios contratistas del Estado (incluso actuales) a quienes el fiscal Carlos Stornelli imputa como integrantes de una asociación ilícita. Centeno, el primero en ser arrestado por orden del juez Claudio Bonadio, es candidato a convertirse en arrepentido, y como se supone que un amplio desfile de funcionarios pasaron por su vehículo junto con bolsos de dinero -según lo que aparece en los cuadernos– todas las apuestas tribunalicias dicen que dará lugar al inicio de una suerte de “Lava Jato” a la argentina. Quedaron presos en las últimas horas también, además de Baratta, su secretario, Nelson Lazarte, Enrique Llorens, ex secretario legal del ministerio de Planificación, Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa, Hugo Martín Larraburu, ex secretario en la jefatura de gabinete, y los empresarios Javier Sánchez Caballero, ex gerente general de Iecsa (cuando su titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), Gerardo Ferreyra y Jorge Neira, de Electroingeniería, Carlos Mundin, de la empresa de ingeniería BTU, Armando Losón, de Albanesi constructora y Claudio Glazman, de Sociedad Latinoamericana Inversiones. Entre las capturas pendientes, figura Carlos Wagner, de la empresa Esuco, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. En paralelo fueron citados a indagatoria la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex secretario presidencial Oscar Parrilli, al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y al ex juez Norberto Oyarbide, entre una lista de 18 nombres.
Centeno fue trasladado ayer a Comodoro Py ya que en teoría sería indagado. Fue llevado a un despacho del juzgado por la tarde, por donde pasó el fiscal Stornelli, pero no se le tomó declaración. En cambio sorpresivamente el chofer revocó la designación de su abogado, Norberto Frontini, y optó por pedir un defensor oficial, que será Gustavo Kollmann. La fiscalía apunta a propiciar un acuerdo para que Centeno declare como imputado arrepentido, de modo que si reconoce la autoría de las anotaciones en los ocho cuadernos y aporta información útil para la causa, podría aspirar a una reducción de la pena que le ahorre una estadía prolongada en la cárcel. El resto de los detenidos, que podría comenzar a declarar hoy, permanecían detenidos e incomunicados en la Dirección de Drogas Peligrosas, de la Policía Federal, que fue la dependencia que se ocupó de la pesquisa y seguimientos previos y de los 37 allanamientos que se realizaron. Todavía están pendientes los arrestos de los ex funcionarios Hernán Gómez y Fabían García Ramón, y los empresarios Wagner, Francisco Valenti, de Pascarmona, Juan Goicochea, de Isoluz y Oscar Thomas, ex director del ente Binacional Yacyretá.
El origen de esta investigación está en una causa en la que se investigan supuestos sobreprecios en la compra de Gas Natural Licuado, que está a cargo de Bonadío y de Stornelli, y en la que estuvieron detenidos tanto De Vido (que sigue preso por otros temas) y Baratta, situación que revirtió la Cámara Federal. En el contexto de un incidente en el que se discutía el embargo a Baratta, apareció un día la ex pareja del chofer, Hilda María Horovitz, y quiso dar testimonio de que Centeno durante años, ya desde la presidencia de Néstor Kirchner, trasladaba a los funcionarios y llevaba bolsos con millones para supuestos sobornos. También dijo, entre otras cosas, que en la casa de los padres de Baratta había una bóveda. Durante el verano pasado hubo allanamientos en las viviendas de Centeno y de la familia Baratta. En este último caso, levantaron hasta los pisos para buscar dinero o rastros de algún delito relacionado con sobornos, pero no encontraron nada. Simultáneamente, Centeno denunció a la mujer por extorsión y entregó en la justicia de instrucción supuestos mensajes donde ella de pedía dinero a cambio de silencio y lo amenazaba con –de lo contrario– ventilar hechos que lo comprometerían. “Lo que no entendemos aún es cómo se generó una causa nueva a partir de esa declaración. Cuando se hace una denuncia no se puede elegir el juzgado que más convenga, el famoso fórum shopping”, advirtió Alfredo Huber, uno de los abogados de Baratta. En Comodoro Py, nadie logra entender el mecanismo, ya que lo habitual es que cuando aparecen hechos nuevos el juzgado que interviene mande a sortear un nuevo juez.
Los sorprendentes cuadernos aparecieron con posterioridad. Le llegaron a un periodista del diario La Nación, que los aportó en abril último a la causa junto con cotejos de información que hizo por su cuenta. Están escritos a mano, con letra legible, sin faltas de ortografía y un uso notablemente riguroso de los signos de puntuación. Tiene un aire a diario íntimo donde se relatan con lujo de detalle todos los traslados que realizaba como chofer de Baratta en un Toyota Corolla. Según esos escritos, que abarcan 10 años (2005-2015), habría más de 30 lugares por los que se recogieron bolsos con dinero vinculado a las empresas concesionarias de obras públicas. Las anotaciones aluden a distintos períodos, uno de los cuales tiene como figuras centrales a dos personas fallecidas: Néstor Kirchner y su secretario Daniel Muñoz. A este último, según los escritos, le entregaban plata en la casa de los Kirchner en la calle Juncal, pero también haba de entregas en la quinta de Olivos. Hubo un período entre octubre de 2010, cuando muere Kirchner, y 2013, en que no hay anotaciones.
Stornelli dijo ante consultas periodísticas que investiga la hipótesis de una “asociación ilícita”. En su fiscalía dejaron trascender por el auto de Centeno pasaron 160 millones de dólares. Todo indica que en la causa declaró una persona cercana al chofer a quien él le habría confiado sus cuadernos, y terminó sacando fotocopias. En la resolución de Bonadío que dispone detenciones e indagatorias se lee que una persona a quien se le reservó identidad entregó “copia de las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno, todo lo cual da cuenta de la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos quienes valiéndose de medios oficiales y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Planificación Federal entre 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares , muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”. También habla de medidas probatorias que establecieron la verosimilitud del material, pero no especifica cuáles. Tampoco se señala nada sobre dónde fue a parar el dinero, por ejemplo. Pero el juez dice que “se han obtenido indicios” de que Baratta, como subsecretario de coordinación, Lazarte, Gómez, García Ramón, Llorens y Fagyas, “efectuaron cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades en vehículos conducidos por Centeno”. Luego entregaban los fondos al ex secretario de De Vido, José María Olazagasti, Larraburu, Abal Medina, el fallecido Muñoz, y de ellos pasaría a CFK, Néstor Kirchner y De Vido.
De allí se deriva la lista de indagatorias, que incluye también a Javier Fernández –integrante de la AGN–, el empresario Rudy Ulloa Igor, el industrial Juan Carlos Lascurain y Oyarbide, entre otros. Están citados desde el lunes 6.
