En diálogo con FM La Petrolera, Sebastián Fernández denunció públicamente que lleva más de cuatro meses sin recibir su vehículo, el cual se encuentra secuestrado en la Comisaría Tercera de Comodoro Rivadavia.
El conflicto comenzó cuando Fernández intentó vender el auto a un supuesto comprador perteneciente a la comunidad gitana, quien se llevó el vehículo para probarlo y nunca lo devolvió.
Días después, la Policía secuestró el auto en un galpón perteneciente a la misma persona que lo había robado. Aunque en ese momento recuperaron el coche y la documentación del mismo, las autoridades decidieron retenerlo y desde entonces, Fernández asegura que ha luchado en vano por recuperarlo.
“Mi vehículo está secuestrado en la comisaría desde hace más de cuatro meses, y las fajas de seguridad del capó, del baúl y de las puertas han sido violadas. No sé si adentro tiene todo lo que había cuando me lo secuestraron”, comentó indignado Fernández. Además, denuncia que la Fiscalía se está apoyando en un recibo de compra y venta con una firma que él califica como «trucha», lo que ha complicado aún más la situación legal.
Fernández también explicó que la fiscal Davotto lo obligó a realizar un peritaje de escritura para demostrar la autenticidad de su firma, un trámite al que accedió voluntariamente. Sin embargo, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos, no ha recibido ninguna respuesta ni avance en la investigación. “Hice todo lo que me pidieron, me sometí al cuerpo de escritura, pero no me dan ninguna solución. La Fiscalía sigue trabando el caso y ahora me dicen que la causa está archivada”.
El denunciante asegura que recientemente la procuradora de fiscalía, la Dra. Simankiewicz, decidió archivar la causa y abrir una nueva por «falsa denuncia» contra él, sin darle ninguna explicación sobre las pruebas o fundamentos que justifiquen tal decisión.
Ante esta situación, Fernández acusó a las fiscales de actuar de manera negligente e incluso insinuó un posible vínculo entre las autoridades y la comunidad gitana involucrada. «La doctora Simankiewicz tiene algún tipo de vínculo con esta comunidad, estoy seguro de eso, y estoy buscando pruebas para demostrarlo», aseguró.
Frente a la falta de respuestas y soluciones, Fernández ha tomado una postura más firme. En sus declaraciones, amenazó con encadenarse y acampar frente a la Fiscalía como medida de protesta. «Ya le dije a la fiscal que si no me devuelven el auto, voy a encadenarme y acampar acá. No me importa lo que digan, estoy dispuesto a hacerlo porque me están robando», afirmó. Incluso mencionó que, ante esta amenaza, la fiscal le advirtió que llamaría a la División de Adolescencia y Niñez, a pesar de que Fernández no tiene hijos, lo que consideró un intento de intimidación.
El abogado defensor de Fernández, el Dr. Troncoso, presentó hace más de un mes una solicitud para la reapertura de la causa, pero tampoco ha recibido respuesta. “Tienen cinco días hábiles para contestar, pero hasta ahora no han hecho nada”, reclamó Fernández, quien sigue sin tener acceso a su vehículo ni obtener una explicación clara sobre los motivos por los cuales el caso se ha estancado.
Mientras tanto, la Fiscalía le entregó una copia de la causa, aunque Fernández considera que esto no le da ninguna solución concreta. “¿Para qué quiero una copia si no avanzan en nada? Quiero recuperar mi auto, que es mío y tengo toda la documentación que lo acredita”, expresó visiblemente frustrado.
El caso de Fernández pone en evidencia las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos cuando los procesos judiciales se dilatan sin justificación aparente, afectando gravemente sus derechos y su vida cotidiana. «La fiscal Davotto se burla de mí, se ríe en mi cara y no me toma en serio. Esto es injusto, y voy a seguir luchando por lo que me corresponde», concluyó.
Fernández continúa exigiendo la devolución de su vehículo, acusando a la fiscalía de negligencia y falta de transparencia en el manejo de su caso.
