La realizaron a través de la Oficina de Derechos ante la falta de clases y va dirigido al gobierno provincial y al Ministerio de Educación de Chubut.
La presentación la realizó la letrada de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Concejo Deliberante, por pedido de un contingente de padres que buscan la normalización del ciclo lectivo 2018. La semana anterior los padres se reunieron con los concejales solicitando apoyo en su reclamo
En horas del mediodía la abogada de la Oficina de Derechos y Garantías, Belén Ferre, realizó la presentación ante el juzgado de familia Nº 1 por pedido de un grupo de 60 padres que «solicitan la interposición de un recurso de amparo para que se pueda regularizar el ciclo lectivo 2018, trabajamos toda la semana para presentarlo lo más rápido posible».
El amparo fue presentado contra el Gobierno de la Provincia y el ministerio de Educación del Chubut.
Además, se presentó una medida cautelar «solicitando que se solucione el conflicto gremial para que se pueda regularizar el dictado de clases y se pidió que se presente un plan alternativo para poder recuperar los cuatro meses de clases perdidas», agregó Ferre.
«A través de la Oficina de Derechos actuamos en representación de los niños, niñas y adolescentes, y en representación de ellos se presentaron los padres», dijo la titular de la Oficina.
Estos padres se habían hecho presente en el Concejo Deliberante el martes 15 de mayo solicitando acompañamiento a los ediles en su reclamo por la normalización del dictado de clases en la provincia, luego que no hubieran encontrado eco a través del Ministerio Público Fiscal. Es por recomendación de los concejales que los padres deciden continuar con su reclamo a través de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez y Adolescencia, dependiente del Concejo Deliberante.
Sin perjuicio de continuar el reclamo a través de otra vía, los concejales aprobaron por unanimidad el petitorio presentado por los padres, durante la sesión del 17 de mayo donde se solicita el cumplimiento del «derecho constitucional a la educación, que hoy se ve violado» debido a que «nuestro hijos son los más perjudicados en esta puja entre Gobierno y gremios», según dice el escrito de los padres.
Respecto a las medidas presentadas, la letrada de la Oficina de Derechos, Belén Ferre explicó que «el plazo que tiene la provincia para contestar el recurso de amparo es de veinte días, pero en el caso de la medida cautelar existen cinco días, luego de ese plazo la jueza deberá dictar una sentencia».
