El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Juan Manuel Irusta, informó que ya son dos los presos que cursan la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de la Patagonia. “Tienen derecho a una educación pública y en caso de ser gratuita es más inclusiva», sostuvo.
Miguel Ángel Aparicio cuenta con cuatro causas por abuso sexual con acceso carnal y robo, las cuales fueron unificadas y fue condenado a 11 años y 6 meses de prisión. En Marzo de 2019 –según publica ADN Sur– su caso generó revuelo, luego de que se conociera que estudiaba la Carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) sin ningún tipo de custodia.
Luego que se diera a conocer esta situación irregular, se le suspendieron las salidas transitorias. Sin embargo, el condenado, oriundo de Caleta Olivia, sigue cursando la carrera y a la fecha, ya son dos los presos detenidos en la Alcaidía que estudian en la UNPSJB.
Juan Manuel Irusta, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, confirmó que ya son dos los privados de la libertad que cursan la Carrera de Abogada en la sede de Comodoro Rivadavia.
Santiago Acosta, condenado por un robo a un kiosco en el barrio José Fuchs, comenzó a cursar este año la Carrera bajo el nuevo plan. “Está haciendo Instrucción al derecho, Historia del derecho y Derecho político – económico”. Y agregó que “nos manifestó que tenía algunas dificultades por conectividad y horarios. Le pedimos que se contacte con la defensa pública para resolverlo”.
El decano explicó que Santiago Acosta como Miguel Aparicio “están aprovechando que ahora se dicta modalidad virtual entonces se pueden conectar».
Sobre el interno Miguel Ángel Aparicio, condenado por abuso sexual, Irusta recordó que en su momento “ha tenido alguna polémica pero él ya tiene 8 materias aprobadas”. No obstante, señaló que ha presentado dificultades en continuar con aprobar las materias y los parciales. Se anotó en tres materias pero “no tiene regularidad”.
Sobre las prácticas profesionales que debería comenzar, señaló que según un informe “no aprobó el parcial pero sí, las prácticas profesionales implican que ahora que estamos volviendo a la presencialidad que puedan acudir a los lugares donde se desarrolla”.
Finalmente, opinó sobre la posibilidad de que condenados tengan acceso a la educación universitaria que “tienen derecho a una educación pública y en caso de ser gratuita es más inclusiva. Creemos que es un canal muy importante de resocialización. Pero no todos los casos son iguales”, afirmó.
