Como en el lugar se retomarán actividades propias, ahora Rubén Darío Gómez irá a una prisión común. Se lo investiga por chantajes vinculados con servicios sexuales.
El director de un centro religioso elevó una nota dando cuenta del motivo por el cual Rubén Darío Gómez no puede continuar cumpliendo el arresto domiciliario en dicha Institución ya que comenzarán a dictarse actividades particulares, comenta El Patagónico.
Otra razón esgrimida es que se prolongó su estadía y hubo situaciones que afectan el desarrollo y la convivencia a través de situaciones conflictivas con el alumnado y personal operativo de la Institución.
El tema fue analizado este viernes en una audiencia virtual que presidió el juez Mariano Nicosia y al reo lo representó la defensora oficial Lucía Pettinari. En nombre de la Fiscalía actuó Verona Dagotto.
La defensora sostuvo que el arresto domiciliario en este centro religioso era el único lugar con el que Gómez podía cumplir su arresto domiciliario ya que no es de la zona. Le habían colocado tobillera electrónica.
Por su parte la fiscal solicitó su reubicación en un establecimiento carcelario hasta el 21 de abril de 2021 o hasta la finalización del debate (lo que ocurra primero), que fue lo que finalmente resolvió el juez.
CHANTAJE SEXUAL
Gómez, junto Nancy Beatriz Bazán y Cristian Emanuel Osorio Bazán utilizaban la modalidad de contactar a sus víctimas mediante WhatsApp para ofrecerles servicios sexuales. Luego los extorsionaban y les extraían sumas importantes de dinero, bajo amenaza de allanamientos en nombre de la Brigada de Comodoro. Incluso, afirman, se mencionaron nombres de jefes de la fuerza. Dentro de este sistema, los delincuentes convocaban a sus víctimas para que dejaran el dinero en un sector sobre la avenida Rivadavia, y más tarde retiraban el producto de la extorsión.
Los hechos incluidos en la acusación ocurrieron el 8 de abril de 2019 cuando la primera víctima recibe mensajes intimidatorios por WhatsApp. “Vas a pagar porque si no te escracho”, le decía mientras le pedía 3.000 pesos, aunque “con 2.000 estamos”. También lo amenazó con que “si no me pagas, te mando un patrullero a tu casa”.
La segunda víctima también fue contactada vía WhatsApp el 14 de abril, utilizado por la banda para ofrecer servicios sexuales, y que al frustrarse le dicen que igual tiene que pagar sino lo escrachan en las redes sociales. Se identifica como Pablo Lobos, el segundo de la Brigada de Investigaciones local, y la víctima deposita una suma de dinero que es retirada por Cristian Ozorio Bazan.
La tercera víctima también fue contactada con el fin de averiguar servicios sexuales que no concretó. “Tenés que pagar sino le aviso a mi jefe, Pablo Lobos” le refieren por teléfono y entrega dinero en varias oportunidades.
El cuarto hecho también se produjo por mensajes de WhatsApp para ofrecer servicios sexuales y cuando surge que debían adelantar el encuentro y la víctima no podía, entonces es amenazado con ser “escrachado” en las redes sociales.
