Jueces y ONG expusieron en el Senado sobre la ley de financiamiento de los partidos políticos. La Cámara Nacional Electoral y especialistas en transparencia se pronunciaron a favor de un sistema “mixto” que habilite el aporte de las empresas. También se reclamó la bancarización obligatoria y un registro online en tiempo real. Podrían darle media sanción antes de fin de año.
A más de cuatro meses de la explosión del escándalo de los aportantes truchos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, el Senado Nacional comenzó a debatir una reforma a la ley de financiamiento de los partidos políticos. En la primera audiencia realizada por el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, se escucharon fuertes críticas a la legislación vigente, que prohíbe el aporte de las personas jurídicas (empresas y sindicatos, mayoritariamente) a las campañas electorales y que permite que los mismos se realicen en efectivo. Tanto los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, así como varias de las ONG vinculadas a temas de transparencia se pronunciaron a favor de la bancarización y de avanzar hacia un “sistema mixto”, que habilite la donación por parte de las empresas, ya que en la práctica ésta se realiza a través de sus directivos o de donaciones falsas. También se reclamó que las sanciones recaigan sobre los candidatos (y no tanto sobre los partidos) y que se incluya algún tipo de regulación sobre la publicidad en redes sociales. Según publica PáginaI12, hay negociaciones entre el macrismo y el bloque peronista que preside Miguel Pichetto para lograr la media sanción antes de fin de año.
Mientras continúan su lento avance las distintas causas judiciales por irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral del oficialismo en 2017, la Cámara Alta abrió el debate que Cambiemos había intentado iniciar en Diputados y que se trabó por falta de acuerdo al interior de la propia alianza. Tanto la UCR como la Coalición Cívica se habían manifestado internamente en contra de “blanquear” el aporte de las empresas privadas. Por un lado, ambos tienen una postura a favor de la austeridad y el financiamiento público y por el otro saben que quien mayor beneficio obtendría de esa nueva regulación sería el macrismo. Hasta el propio presidente de la CNE reconoció esa situación, aunque con la diplomacia correspondiente de no hacer nombres. “En el mundo, generalmente, cuando hay aporte público tiende a la equidad. Eso favorece a todos los partidos o a los partidos de izquierda. Cuando el aporte es privado, generalmente suele decirse que favorece a los partidos de centro o de derecha porque generalmente el aporte privado va hacia ellos”, afirmó Dalla Vía.
Más allá de esto, el camarista sostuvo que Argentina debe avanzar con “realismo” ya que sino “ocurre que el aporte privado aparece disimulado de maneras donde aparecen personas que figuran aportando cantidades de dinero que van muy por arriba a de sus posibilidades”. De esta forma, otra vez con diplomacia, aludió a la causa por los aportantes truchos. Su compañero de tribunal, también hizo su intervención en la misma línea: “Está fuera de discusión que las personas jurídicas no tienen voluntad política. Desde el punto de vista axiológico podríamos decir: ‘miren, no sabemos por qué van a aportar si no tienen voluntad política’. Ahora bien, como sabemos que el aporte existe igual, nos inclinamos firmemente por un régimen de transparencia”, aseguró Corcuera.
Al momento de las preguntas, consultado por el senador radical Julio Martínez, Dalla Vía pintó un panorama bastante sombrío sobre la situación actual: “Nosotros con el sistema de control de financiamiento que tenemos le podemos disparar al elefante pero no a la liebre. Tenemos un sistema donde controlamos el blanco que los partidos declaran y hacemos una auditoría en relación a lo que los medios nos informan. En eso trabaja el cuerpo de peritos auditores. Y acá hay dinero en negro, hay fundaciones, hay dinero offshore”, advirtió y lamentó que sólo cuenten con 7 auditores para controlar más de 600 partidos políticos.
La mayoría de los demás expositores, pertenecientes a ONG, coincidió en la necesidad de avanzar en la bancarización para fortalecer la capacidad de control, modificar el esquema de sanciones y evitar el efecto de “cancha inclinada” que produce la publicidad oficial. Julia Pomares, de Cippec, identificó cuatro grandes problemas: uno vinculado con la informalidad, asociada al aporte en negro, que proviene de fuentes no permitidas como empresas y sindicatos; otro asociado al uso de recursos públicos, que tiene que ver con la laxitud de la regulación; el tercero con la falta de controles y la necesidad de generar incentivos para el cumplimiento de las normas y el cuarto relacionado con la asimetría entre la legislación nacional y provincial. Este último punto también fue abordado por los miembros de la Cámara Nacional Electoral, que se cuidaron de marcar que no significa un avance sobre la “autonomía provincial”. “Preocupa la falta de regímenes de control de financiamiento en las provincias”, aseveró Dalla Vía. A su turno, Delia Ferreira Rubio, de Transparencia Internacional, advirtió que la bancarización “ayuda, pero no es la solución a todo el problema de transparencia en el financiamiento”. Según la abogada, existen mecanismos tecnológicos como las criptomonedas, que son utilizadas por el crimen organizado para trasladar fondos y que escapan a los controles, incluso de entidades como el Banco Central. Las exposiciones se completaron con la de la profesora Liliana De Riz, el representante de la Fundación RAP, Alan Clutterbuck, Pablo Secchi, de Poder Ciudadano y Juan Manuel Bacquer, de IDEA. Los senadores acordaron avanzar en las próximas semanas con la firma de un dictamen unificado entre los cinco proyectos con los que trabaja el plenario de comisiones. El kirchnerismo no participó de la reunión y no cuenta con una posición marcada en el Senado aunque Máximo Kirchner había presentado su propio proyecto en Diputados.
