Ocurrió el sábado 11 de abril alrededor de las 18, después de que hiciera atender a su hija por una infeccionar molar, que requería una medicación. Cuando el hombre dejó a la menor en casa y se dirigió a comprar el remedio al centro, fue interceptado por la policía en un control y obligado a ir a la Seccional Primera. Le secuestraron el auto y después lo trasladaron al Gimnasio Nº 1, donde después de dos horas y media lo sometieron a una simulada revisión médica, antes de liberarlo, sin ninguna notificación. Confirmó que iniciará acciones legales.
“Esto ocurrió el sábado 11 en horas de la tarde, tuve que llevar a mi hija de urgencia a una consulta odontológica, yo vivo solo con ella, después de que el doctor determinara que tenía una infección en la zona molar, la dejo en casa y voy hasta la farmacia para comprarle la medicación que había sido prescripta”, relató el abogado Rodrigo Salas en diálogo con Radio 3.
“Llegando a una farmacia céntrica había un control policial, me detuve como correspondía, me pidieron la documentación del vehículo y la personal y al mirar el DNI, el cadete que me recibió la documentación me advirtió que yo no podía circular por la terminación par cuando era sábado”, indicó.
“Intenté explicarle que iba a una farmacia y la situación en particular, le resté importancia y le pedí que me comunicara con un superior a cargo del operativo”, agregó.
“Se acercó un oficial de apellido Quiroga, primero intentaron hacerme descender del vehículo en una situación bastante agresiva, me negué a hacerlo, insistí en la explicación y terminé pidiéndole que vayamos a una comisaría a aclarar la situación”, sostuvo.
“Terminé siendo escoltado por dos patrulleros, en una situación tragicómica, a la Seccional Primera. Una vez allí intenté hablar con alguna autoridad, en un momento se acercó un oficial de manera muy agresiva, del que me reservo el nombre, intentó despojarme de mis pertenencias, tampoco hicieron uso del sentido común y como se estaban dando las cosas, opté por no seguir en mi posición porque lo único que me importaba era que mi hija estaba sola en casa”, admitió.
“Fui trasladado al Gimnasio Municipal 1 donde vi imágenes muy dantescas, muy llamativas, ingresaba gente con las manos en la espalda y con precintos, personas mayores, mujeres, hijos”, lamentó.
“Entiendo que había una predisposición por comisarías porque había cuatro, cinco escritorios y de acuerdo al sector de donde provenías te ubicaban en las gradas del gimnasio”, precisó.
“Todo esto sin haber sido notificado de los motivos o argumentos por los cuales había sido detenido, no había ningún tipo de notificación de nada”, remarcó.
“Quedamos a la espera de un profesional médico para que nos revisara a los que allí estábamos y comprobara si presentábamos algún tipo de síntomas que correspondiera con el Covid-19”, recordó.
“Dos horas y media después, cerca de las 9 de la noche, intervino un médico y fuimos sometidos a una especie de pantomima de revisión médica, porque se resumía a dos consultas; si estaba enfermo o tenía tos, y alcanzaba que manifestáramos que no para que se extendiera un certificado y se terminara el proceso de revisión”, reprochó.
Sin justificación legal
“Después se nos hizo firmar un acta de libertad, de la cual también se negaron a entregarme copia y lo único que pude obtener fue el acta del retiro del vehículo que hacía alusión al delito del artículo 250 del Código Penal que nada tiene que ver con esto”, cuestionó.
“Ese artículo hace referencia a la persona o jefe de la fuerza pública que se rehusara a prestar un servicio que le ha sido exigido por una autoridad competente. Eso se consigna en el acta policial de mi detención en el retiro del vehículo”, argumentó.
“Hice el descargo correspondiente porque tenía el certificado médico de la atención urgente a mi hija y la receta médica y el Juzgado Federal me restituyó el vehículo en el transcurso de la semana, en este sentido fueron muy expeditivos y no tengo nada que decir. Acá el problema pasa por el accionar de la Policía provincial, pero no de todos sus efectivos, también hay que aclarar que son algunos”, destacó sobre la recuperación del vehículo.
Salas recalcó que la resolución provincial no puede estar por encima de las disposiciones nacionales: “Está claro que la resolución 37 del Ministerio de Seguridad de la provincia o al menos su aplicación excede claramente lo que establece el decreto 297 del aislamiento obligatorio, que de hecho incluye algunas excepciones”.
“Para mi caso en particular, el inciso cinco establece que aquellos que debemos asistir a personas con discapacidad, niños, niñas o adolescentes estamos exceptuados del aislamiento en cuanto a la prohibición de circular. Entonces cuando en la provincia se pretende que circulemos de acuerdo a la terminación del DNI, están excediendo las facultades”, fundamentó.
“Incluso nos están obligando a que compremos en determinados lugares y paguemos hasta lo que no queramos, en momentos que ellos disponen que lo hagamos. Mínimamente esto configura un abuso de autoridad y habría que ver si no queda comprendido en los delitos contenidos en el artículo 141 y subsiguientes del Código Penal, relacionados con los delitos en contra de la libertad individual”, esgrimió Salas.
“El trato, al menos en la faz personal, es lo que más tengo grabado en las imágenes. Tengo la de una mujer de 60 años y de otra que podría deducir que era su hija de 40, con un niño de ocho, las dos con precintos blancos y el chico agarrado de la campera de una de ellas. La describo y me genera un escalofrío”, reflexionó.
“Este tiempo de aislamiento permite eso, pensar y analizar, y estoy trabajando en las acciones a seguir, pero más allá de mi caso personal, es una situación institucional que no podemos dejar pasar por alto”, sentenció en el final.
