En horas de este mediodía se desarrolló en sala de oficina judicial de Trelew la audiencia de control de detención donde el Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal general Julieta Gamarra dio a conocer la imputación que le cabe a Pablo Patricio Alarcón, al hallarlo involucrado en los hechos ocurridos el día 20 de julio pasado en el barrio Planta de Gas de esta ciudad, cuando se realizaba una movilización en relación a la campaña política con vistas a las próximas elecciones.
Cabe destacar que al momento del inicio de este evento fueron dos los imputados convocados para tal fin, ya que también está detenido Nicolás Ariel Avila, pero su defensor Abdón Manyauik solicitó tiempo necesario para poder actualizarse respecto de la causa, debido a la complejidad de la misma. Fue así que la Jueza Carolina Marín dispuso con el consentimiento del propio imputado que su situación sea revisada mañana a partir de las 8, por lo que fue trasladado a dependencias policiales nuevamente.
Hechos
La doctora Gamarra señaló que el 24 de julio la misma Jueza autorizó allanamientos y detenciones, procedimientos que se llevaron adelante al día siguiente lográndose el secuestro de elementos y la detención en este caso de Alarcón en una hora cercana a las 5, encontrándose acostado y con un arma calibre 9mm.
Describió la fiscal que el hecho sucedió el 20 de julio aproximadamente a las 16,30 en un sector del barrio Planta de Gas, cuando Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre junto a otros dirigentes y militantes de su agrupación partidaria se disponían a recorrer el lugar con el fin de repartir boletas y conversar con los vecinos, pero se vieron obstaculizados por un grupo antagónico, por lo que decidieron redirigir la caminata, contándose con gran cantidad de personas participando de la misma. Así las cosas, en un momento Nicolás Avila, Pablo Alarcón y otra persona comenzaron a realizar numerosos disparos para impedir el traslado de la gente, a la vez que les pedían que se vayan. También utilizaron un motovehículo, donde dos de ellos circulaban efectuando disparos. Cuando Alarcón fue detenido, al momento de la irrupción del grupo Geop tenía entre sus manos el arma sin autorización legal con doce municiones y en condiciones de uso.
Calificación y riesgos procesales
El Ministerio Público Fiscal calificó lo ocurrido como el delito de coacciones agravadas por el uso de arma de fuego en concurso ideal con abuso de armas y en concurso real con tenencia de arma de guerra en calidad de autor. Expuso además sobre la materialidad y autoría, de acuerdo al artículo 220 y la existencia de los riesgos de fuga y entorpecimiento, artículos 221 y 222 del código.
En tal sentido, se explayó sobre las actuaciones policiales y enumeró fotografías y videos, en algunos de los cuales los imputados se mostraban con armas y ufanándose de haber sacado corriendo a los camioneros. Consideró la fiscal la gravedad de lo sucedido, ya que se debe analizar el contexto, con gran cantidad de personas movilizadas y siendo un lugar sumamente poblado. Así y todo efectuaron disparos de armas de fuego y si bien se secuestraron en el sitio seis balas servidas, los testigos dan cuenta que fueron mas de una docena de estallidos. Se indicó que la pena es de tres a doce años de prisión, la que seguramente se despegará del mínimo. Por otra parte aseveró que Alarcón demuestra un no sometimiento a derecho, ya que tiene rebeldías impuestas en noviembre de 2020 por no presentarse a una audiencia preliminar, en febrero de 2021 una rebeldía y pedido de captura y en septiembre de 2022 otra declaración de rebeldía.
Respecto al entorpecimiento, dio a conocer que hay mucha gente que reside en el lugar donde viven los imputados, el mismo donde sucedieron los hechos por lo que los testigos no se atreven a hablar debido al temor que imponen. Tanto en redes sociales como en sus estados demuestran el poder que tienen y el manejo de armas de fuego. Por todo esto solicitó la prisión preventiva por seis meses, además de la apertura de investigación por el mismo plazo legal.
Defensa
A su turno, el defensor Custodio Gómez, acompañado por Alejandro García, manifestó su oposición y rechazo respecto de la posible autoría de su cliente, a la vez que sugirió la no existencia de los peligros procesales para pedir la libertad de Alarcón o subsidiariamente se impongan medidas sustitutivas consistentes en la firma en oficina de ejecución.
Apertura y preventiva
Luego de un cuarto intermedio, la Jueza Carolina Marín resolvió la apertura de investigación por el plazo legal de seis meses. En cuanto a la medida de coerción consideró lo valorado por el Ministerio Público Fiscal para indicar que se encuentran presentes los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento. Dijo que más allá del estado preliminar de la causa, los elementos colectado por la fiscalía la llevaban a presumir sobre la participación de Alarcón en los hechos, reafirmando las evidencias expuestas por la doctora Gamarra y decidiendo finalmente la prisión preventiva por el lapso de tres meses para Pablo Patricio Alarcón, término en el cuál se revisará la situación de acuerdo a la marcha de la investigación que queda a cargo del fiscal Fabián Moyano.
