El futuro ajuste de los subsidios a la producción gasífera puede repercutir en las facturas de gas y luz.
Gustavo Lopetegui ha asumido como secretario de Energía para cumplir los objetivos dictados por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y su pacto con el FMI: rebajar los subsidios a la producción de gas y los pagos por capacidad a las generadoras eléctricas, lo que ha provocado incertidumbre sobre la política energética en la Argentina, incluido el proyecto estrella de Vaca Muerta. Sobrevendrían nuevos tarifazos, que recalentarían una inflación del 47% en 2018 –la mayor en 27 años– y que se prevé del 29% para 2019.
La resolución 46 que firmó en 2017 el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró US$ 7,50 por millón de BTU a los productores de nuevos proyectos de gas en esa formación de Neuquén donde se emplea el fracking. En las licitaciones de gas entre centrales eléctricas, se pactó un precio de 2,50. El Estado debe cubrir los 5 de diferencia. “La resolución 46 favoreció que las petroleras ofrecieran el gas por debajo del costo porque el subsidio les aseguraba 7,50”, advierte un consultor.
Esto se originó por la combinación de la resolución de Aranguren y la decisión de fin de año de su sucesor, Javier Iguacel, de liberalizar las compras de gas entre las eléctricas. Además el primer ministro de Energía de Mauricio Macri olvidó ponerle techo al monto de subvenciones, con lo que el gasto público podía saltar si la producción ascendía rápido, como sucedió en la cuna del fracking, EE UU. Así fue cómo se disparó la producción de Tecpetrol, la petrolera de Techint, que explicó 80% del aumento del volumen de gas de Vaca Muerta en 2018.
Pero Dujovne bajó el pulgar a los subsidios abultados y echó a Iguacel. Lopetegui está negociando con las petroleras rebajarlos a US$ 2 o 2,50 y ponerles tope, salvo en el invierno, cuando aún queda un déficit en el autoabastecimiento.
Aranguren e Iguacel habían aprobado que siete proyectos recibieran la ayuda. El principal es el del grupo de Paolo Rocca, pero también están los de CGC (de Eduardo Eurnekian), YPF, la francesa Total, PAE (50% de la británica BP, 25% de la china CNOOC y 25% de los Bulgheroni) y la alemana Wintershall, solos o en consorcios. Otras iniciativas fueron aprobadas por Neuquén, pero no por la Nación, aunque Lopetegui les autorizaría subvenciones sólo en invierno. Son los de las norteamericanas ExxonMobil y Dow, Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), Pluspetrol (de Edith Rodríguez de Rey y Héctor Poli), pero también otros de YPF y Tecpetrol, en solitario o en sociedad.
“Estamos atrapados sin salida: si la unica carta energética son los hidrocarburos, y puntualmente Vaca Muerta, y esta sólo funciona con subsidios exorbitantes que el Estado no puede solventar, el proyecto energético del PRO genera una gran incógnita”, plantea el presidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, el radical Jorge Lapeña. El argentino que fundó el Centro de Cambridge por el Ambiente, la Energía y la Gobernanza de los Recursos Naturales, Jorge Viñuales, advierte: “El que hoy invierte en combustibles fósiles puede obtener una rentabilidad de corto plazo, pero no en el mediano. De acá a 20 o 30 años cambiará la demanda por autos eléctricos, eficiencia energética y energía renovable”.
Un consultor aplaude que se termine con la idea de alentar al inversor con subsidios y que se la aliente con contratos de largo plazo, aunque admite que en una primera instancia caería la inversión, lo que revertiría la tendencia ascendente de producción en 2020. El aliciente radica en que bajó el costo de producción de los pozos no convencionales a partir de la experiencia.
Tranquilo. “Hay un reacomodamiento, no un cambio de rumbo”, opina un accionista de las petroleras argentinas, que recibe permanentes llamados de los bancos para monitorear qué pasará con la deuda que contrajeron para invertir. “Siempre que hay un cambio de reglas se abre la puerta judicial, pero el arte del Gobierno es buscar que a nadie le convenga reclamar”, agrega.
En una petrolera extranjera defienden “el imperio de la ley” y ponen en duda e ritmo de sus inversiones. La alternativa sería el petróleo, pero el barril se ha abaratado 25% en seis meses, a US$ 50, y el Gobierno ha impuesto retenciones.
¿Las petroleras dejan de ser las grandes ganadoras del modelo? “Las grandes ganadoras fueron las transportadoras y distribuidoras de electricidad y gas”, opina un consultor. Pero algunas de estas plantearán al Gobierno que, tras la devaluación de 2018, les resultará imposible cumplir con las inversiones que acordaron a cambio del tarifazo. Iba a ampliarse el transporte eléctrico con participación público-privada (PPP), pero estas sufren la falta de crédito del país. Petroleras piden más gasoductos y oleoductos para llevar el fluido al puerto. Además reclaman que la Argentina firme contratos de abastecimiento con otros países.
En una de las grandes empresas de energía advierten que el recorte de subsidios al gas puede llevar a que las petroleras pidan más dinero por él a las industrias, las distribuidoras –que demoran medio año en trasladar el incremento a los hogares– y las centrales eléctricas. Estas, a su vez, trasladarán el aumento a los clientes: primero a los grandes y, a mediados de 2019, a los residenciales. Todo esto se agregará a los aumentos de gas y electricidad anunciados por Iguacel antes de irse. Además, las distribuidoras eléctricas esperan que en febrero se concrete un incremento demorado hace seis meses por la crisis.
A las generadoras eléctricas se les acabará el negocio de comprar gas hasta por US$ 2,50 y que el Estado les asegure en el mercado mayorista 4,20, como ahora. Además, Lopetegui quiere rebajar a la mitad el pago por capacidad a las centrales, de modo de contrarrestar el impacto de la suba del gas. Las eléctricas piden que se liberalicen sus ventas. De los proyectos que licitó el Gobierno para ampliar centrales térmicas e instalar parques solares y eólicos, algunos se terminaron y aseguran el abastecimiento, otros esperan financiamiento y hay algunos abortados cuyas garantías fueron ejecutadas por el Estado.
