El Gobierno de Mendoza promulgó este martes las reformas a la Ley 7.722 que permiten el uso de algunas sustancias químicas en la actividad minera, medida que generó en los últimos días el rechazo por parte de cientos de ciudadanos y miembros de organizaciones ambientalistas que realizaron manifestaciones, algunas de las cuales terminaron en incidentes con la Policía. La norma fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tras haberse aprobado el viernes pasado en la Legislatura local, la iniciativa fue ampliamente cuestionada por algunos sectores de la oposición que amenazaron con ir a la Justicia para declararla inconstitucional.
Puntualmente, los senadores y diputados mendocinos sancionaron la modificación de los artículos 1, 3, 4, 5 y 7 de la mencionada ley para flexibilizar así algunas limitaciones que existen con respecto al uso de químicos en la minería.
Los cambios que proponía el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial, al que se le agregaron otros propuestos por el Partido Justicialista, dieron origen durante toda la semana pasada a protestas que incluyeron cortes de rutas.
Este lunes, con la normativa ya aprobada, hubo una multitudinaria movilización a la gobernación que terminó con corridas e incidentes entre los manifestantes y la Policía local, que utilizó gases lacrimógenos para dispersar la protesta.
La marcha había comenzado un día antes en diferentes localidades mendocinas y culminó en la Plaza Independencia, donde se produjeron los disturbios. Según fuentes policiales los enfrentamientos dejaron un saldo de 45 policías heridos y 16 manifestantes aprehendidos.
Por otra parte, cuatro personas fueron detenidas por amenazas al teléfono celular del gobernador Rodolfo Suárez. Los sospechosos, tres hombres y una mujer, oriundos de San Carlos y de General Alvear, quedaron a disposición del fiscal Gustavo Fehlmann que podría imputarlos en las próximas horas.
De acuerdo con la Ley promulgada este martes en el Boletín Oficial, se establece que “el uso de sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas, quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto y estará limitado a aquellos productos cuya producción, importación y uso esté permitido en la República Argentina, y su aplicación, transporte, almacenamiento y distribución estará sujeto a las normas vigentes provinciales, nacionales e internacionales”.
Mientras algunos ciudadanos protestaron en contra de las modificaciones, otros marcharon a favor de la nueva normativa y de la actividad minera. La mayor concentración de este grupo se vio en el puente del río Malargüe, de la homónima localidad, donde por la tarde del lunes hubo cerca de dos kilómetros de autos encolumnados –según publica Infobae-.
Además los empresarios del sector condenaron lo que calificaron como “manifestaciones intimidatorias y delictivas” por parte de quienes rechazan la medida y aseguraron que su “interés es realizar propuestas que posibiliten el mejoramiento de la vida de la sociedad mendocina en su conjunto”.
Entre otras cosas, la ley también flexibiliza la legislación que estaba vigente en esta materia ya que permite el uso de sustancias como el cianuro, aunque mantiene la prohibición sobre el mercurio.
Por otra parte, establece que “en todos los casos, las Audiencias Públicas fijadas en los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos mineros, deberán llevarse a cabo en los Departamentos donde se localicen éstos con el fin de garantizar la participación de la ciudadanía local”.
También crea una Policía Ambiental de Actividades Extractivas, encargada de “el control y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros de la Provincia debiendo informar todas las actividades desarrolladas semestralmente a la Comisión Bicameral de Contralor Ambiental y Seguimiento de Actividades Extractivas”.
Por último, la Ley también agregó un artículo que ordena que “todo proyecto minero metalífero mediano y grande, deberá contemplar y privilegiar la generación de energía eléctrica para autoconsumo a partir de fuentes renovables” y la contratación de mano de obra de la zona.
