Arrancó el año electoral y no podía ser sin polémica. No se trata de declaraciones insólitas por algún precandidato sino por la intención del gobierno nacional de eliminar los telegramas que reportan al Correo Argentino los resultados en las mesas, encabezada por Adrián Pérez y su jefe inmediato, el ministro del Interior Rogelio Frigerio. El conflicto gira en torno al marco legal que hoy rige a través de la ley 25610 sancionada en 2002 y su reemplazo que quiere hacer la Casa Rosada vía decreto.
El Presidente Mauricio Macri sigue sangrando por la herida luego de un fracaso institucional en el Congreso que le dolió más que el costo político generado por la hiperinflación. Se trata de la reforma electoral que ahora quiere hacerla de manera ilegal.
Según rumores que llegaron a Urgente 24 desde la Cámara Nacional Electoral, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales Adrián Pérez y el ministro del Interior Rogelio Frigerio estarían a punto de cometer «incumplimientos de los deberes de funcionario público» al querer saltarse el cerco legal que rodea a los telegramas con los que las mesas reportan resultados al Correo Argentino durante las elecciones.
Tal como se conoció en las últimas semanas, la intención del oficialismo es que cada colegio se convierta en un centro de transmisión de datos para agilizar los tiempos y homogeneizar la carga de los resultados en todo el país. Los funcionarios ya le presentaron la propuesta a la Justicia Electoral y aún deben comunicarle el proyecto al resto de los partidos políticos.
Actualmente, una vez finalizados los comicios, las autoridades de mesa debían contar los votos y confeccionar un acta. Esos documentos viajaban en camionetas a los llamados centros de transmisión electoral, unos 400 locales del Correo Argentino donde se escaneaban los telegramas y se transmitían las imágenes a un centro de cómputos. El Gobierno ahora prepara un escrutinio para que cada escuela funcione como un centro de transmisión.
«Esta es una orden directa del jefe de Gabinete Marcos Peña que fue señalado en 2017 como quien manipuló la entrega de los datos durante las PASO, cuando Cristina Fernández de Kirchner había ganado», dispararon a este medio desde la Cámara Nacional Electoral.
Según Perfil, ya se firmó un convenio entre la Dirección Nacional Electoral (DINE) y el Ministerio de Educación para tomar en préstamo 15.000 netbooks del programa Educ.Ar e igual número de equipos multifunción para así poder escanear y fotocopiar las actas dentro de cada una de las instituciones educativas elegidas como puntos de votación.
«El nuevo sistema tendrá varias ventajas porque habrá un escrutinio más rápido, los fiscales estarán presentes al momento de la transmisión y la carga será más homogénea», señaló el director Nacional Electoral, Adrián Pérez, en declaraciones La Nación.
El artículo 105 del decreto 2135 de 1983, que fue plasmado textual en la Ley 25610 (2002), establece que «terminado el escrutinio de mesa, el presidente hará saber al empleado de correos que se encuentre presente, su resultado, y se confeccionará en formulario especial el texto de telegrama que suscribirá el presidente de mesa, juntamente con los fiscales, que contendrá todos los detalles del resultado del escrutinio, debiendo también consignarse el número de mesa y circuito a que pertenece».
Lo concreto es que la Casa Rosada debiera enviar un proyecto de ley para modificar la vigente al Congreso Nacional y ser aprobado por mayoría parlamentaria. Sin embargo, desde Balcarce 50 no quieren exponerse nuevamente con un tema sensible para el presidente y por el que ya fracasó al querer introducir el voto electrónico en el país.
Según filtraciones desde el organismo competente, «Casa de Gobierno quiere contratar a una empresa venezolana para reportes de mesas vía mail para saltearse los telegramas pero eso es ilegal. Y si contratan a la empresa venezolana también es ilegal porque no se pueden destinar fondos públicos para algo que no está estipulado por la ley».
