Además, frenan cambios en jubilaciones y piden por Ganancias. Las medidas afectarán viernes y lunes los vuelos de Aerolíneas. Por otra parte, Sica prometió que no se tocará el retiro anticipado.
El Gobierno inició una de las semanas más complicadas en su intento por mantener a raya las paritarias, sacudidas del dólar que ayer llegó a casi $45 y el clima de rebelión en el transporte. En ese escenario, los portuarios realizaron un paro el martes desde las 23 en el puerto de Buenos Aires, mientras que el viernes y el lunes será el turno de dos facciones sindicales diferentes en Aerolíneas Argentinas y Austral, con el reclamo en común de una actualización salarial acorde a la inflación. El otro punto que sublevó a los gremios es la revisión de las jubilaciones tempranas, lo que ayer motivó reuniones del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley, con la confederación sindical del transporte (CATT) y los petroleros, quienes también buscan renegociar salarios por estas horas.
Los pilotos de APLA y UALA, los técnicos de UPSA y APTA y el personal de tierra de APA volvieron al centro de la escena ayer con el anuncio de medidas de fuerza que afectarán el viernes desde las 0 todos los vuelos de la línea de bandera, ante la falta de avances en la reunión mantenida este lunes con el gerente de Relaciones Laborales de la compañía estatal, Juan Abdo. En dicho encuentro, las entidades exigieron un adicional con un mecanismo de ajuste automático similar al del año pasado para alcanzar la inflación de los últimos seis meses y que prevén en torno al 22%. Un pedido que chocó con el panorama de crisis en la actividad, afectada por la devaluación y la recesión, así como por la caída de la recaudación y la falta de recursos del Ministerio de Transporte, encabezado por Guillermo Dietrich, según la cruda descripción que trazó el funcionario.
«La empresa tiene abierto un diálogo con los sindicatos para evitar la efectiva concreción de medidas de fuerza y, de ser necesario, podría recurrir incluso al pedido de la conciliación obligatoria», informó ayer la empresa a iProfesional.
El último acuerdo alcanzado en enero contempló un bono variable por categoría de entre $5.000 y $32.000 por diciembre y un ajuste del 14,2% por el primer trimestre, dividido en un 10,2% en enero (incluida un 6,5% por la inflación de septiembre) y un 4,1% a pagarse en abril. El problema es que los denominados Sindicatos Unidos Aeronáuticos, un sello que vino a reemplazar el de la intervenida Federación Aeronáutica (FAPA), sostienen que la suba del primer semestre en realidad no llega al 10% (el 6,5% fue por el 2018) y además piden renovar el acuerdo. «Con la inflación de marzo, vamos a tener un aumento de precios del 22% en seis meses y queremos ajustar con una cláusula gatillo», dijo ayer a este medio el titular de APLA, Pablo Biró, desde Roma en donde se reunió con el Papa, junto al titular de UPSA, Rubén Fernández, y el de APA, Edgardo Llano.
En espejo a las acciones definidas por ese sector sindical, la Asociación Argentina de Aeronavegantes, liderada por Juan Pablo Brey, se sumó a los tironeos con el anuncio de un cese total de actividades en Argentinas y Austral para próximo lunes por 24 horas, «ante la ausencia absoluta de negociaciones racionales e incluso de una oferta de recomposición salarial concreta por parte del Gobierno Nacional», según informó el dirigente en un comunicado. Aunque Brey y Biró son miembros de la CATT, mantienen una puja histórica que se profundizó desde que el aeronavagante se abrió del frente gremial de la actividad para negociar por su cuenta con Lucas Férnandez Aparicio, el hombre de Dietrich que desde el año pasado encabeza la secretaría de Trabajo.
El clima de conflictividad en el sector aerocomercial contrastó con las señales de paz enviadas ayer por Sica en los encuentros separados que mantuvo con los gremios petroleros y transportistas, acompañado por Stanley, Aparicio y funcionarios de ANSES. En la primera reunión convocada a las 14, el ministro se comprometió avanzar en con los expedientes en trámite de los petroleros y aseguró que la resolución 164/19 que dispuso un control más estricto de las jubilaciones anticipadas -tal como reveló iProfesional la semana pasada- no modifica el régimen vigente desde 1974, sino que -según explicó- «aclara lo relacionado con las actividades de apoyo complementarias y auxiliares que no siempre implican los mismos riesgos, esfuerzos o desgaste que las actividades principales».
Del cónclave participó el titular del sindicato petrolero privado de Rio Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra; su par de Santa Cruz, Claudio Vidal; y el de Chubut Jorge Ávila. También fueron de la partida Pedro Milla, de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles; el jerárquico de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Manuel Arévalo; su par de Cuyo y La Rioja, Julián Matamala; y el de Salta, Jujuy y Formosa, Edgar Villaba, junto con el jerárquico de la Patagonia austral, José Llugdar.
Luego de ese encuentro, los petroleros se reunieron con las operadoras para negociar paritarias y al no llegar a un acuerdo pasaron a un cuarto intermedio hasta el 23 de abril. Las posturas en este frente gremial también están divididas: mientras Ávila propone una suba del 12% con revisión trimestral, Pereyra plantea un 30% por seis meses con revisión en octubre y febrero de 2020. En medio de la discusión, el petrolero nequino desestimó ayer una eventual modificación el acuerdo de Vaca Muerta. Fue luego de que este medio adelantara el martes la presión de los sindicatos petroleros para reducir la jornada laboral, aumentar las dotaciones mínimas de fracking y alivianar el régimen de trabajo, ante los crecientes casos de accidentes fatales en los yacmientos, en donde la semana pasada perdió la vida un operario de 45 años.
El Gobierno intentó también llevar calma ayer a los representantes de la CATT en una audiencia alrededor de las 16, en la que Stanley desestimó que estuviera bajo análisis la modificación de su régimen de retiro temprano, un mensaje que ya les había trasmitido Sica en una reunión previa y que fue bien recibido por los visitantes. La comitiva sindical estuvo integrada por el portuario Juan Carlos Schmid, el conductor ferroviario Omar Maturano y el colectivero Roberto Fernandez, junto con el aeronavegante Brey, el guinchero Roberto Coria y el ferroviario Sergio Sassia, quienes en respuesta se comprometieron a remitir la información solicitada por la ministra Stanley sobre sus sistemas jubilatorios, un pedido que encendió el alerta en los gremios y que derivó en la convocatoria de ayer.
El otro eje de la agenda giró en torno al impuesto a las Ganancias sobre los salarios. Los sindicatos se quejaron de la creciente cantidad de trabajadores alcanzados por el gravamen por efecto de las paritarias y la falta de actualización de las escalas que los eleva de categoría, a la vez que pidieron excluir las horas extras y los viáticos del pago del tributo. Los asalariados del transporte -explicaron a los funcionarios- no pueden optar por no realizar esas horas debido a la naturaleza de su actividad, como ocurre con los tripulantes en vuelo o los camioneros en trayectos de larga distancia. Schmid recordó además que el reclamo fue una promesa de campaña de Macri y advirtió que de no haber cambios, evaluarán un abánico de medidas, incluida la posibilidad de un paro.
La acción podría llegar a confluir con la huelga que prepara el sindicalismo duro encabezado por Hugo Moyano en disconformidad con la marcha sin acto confirmada por la CGT para el próximo jueves 4 de abril y que fue anticipada por este medio el jueves pasado. La preocupación por evitar un desborde llevó a que los organizadores modificaran el trayecto que partirá de Once y ahora terminará en la 9 de Julio y Avenida de Mayo, en lugar de Plaza de Mayo como se había anunciado inicialmente. Los cambios fueron definidos en las últimas horas luego del acuerdo que trascendió entre la cúpula de la central obrera y el Gobierno para destrabar el reintegro de fondos millonarios a las obras sociales.
