Carlos Fernández (45) llevaba tres años durmiendo en las calles de la ciudad de Buenos Aires cuando a fines del pasado enero, como todas las mañana, se acercó a una cafetería a pedir agua caliente para prepararse unos mates. Fue entonces cuando Gastón, el encargado del lugar, le ofreció aquello que esperaba desde hacía mucho tiempo: un trabajo. Al día siguiente, arrancó como lavacopas. “Nunca nadie me había ofrecido una oportunidad así y no la voy a desperdiciar. Soy joven, tengo sueños, quiero trabajar y quizá un día, formar una familia”, dice.
Julio y Élida viven en el barrio Arco Iris, en el partido bonaerense de Merlo. Él es albañil, ella trabajó en talleres de costura y fue empleada doméstica. Ambos terminaron solo la primaria y siempre priorizaron la educación de sus hijos. En 2022, su hija Milagros Gónzalez, les dio una de las alegrías más grandes: se recibió de licenciada en Nutrición en la Universidad de La Matanza (UNLaM). “Para mí, la educación es todo, es lo principal. Si no tenés educación, te cuestan más las cosas. Podés conseguir trabajo, sí, pero no es lo mismo. Además, es más fácil que se aprovechen de vos y te paguen mal”, reflexiona Élida.
La mirada de Élida y Carlos coincide con la de la mayoría de los argentinos. En nuestro país, el 60% de las personas considera que la principal prioridad del Estado para asistir a quienes viven en situación de pobreza, debería ser crear oportunidades laborales, seguida por mejorar la educación (37%), ofrecer capacitaciones para el trabajo (30%) y asegurar la alimentación (20%). Por otro lado, solo un 7% cree que debería proporcionar un apoyo económico directo, como por ejemplo, a través de planes sociales.
Esta visión quedó expuesta en una investigación realizada en exclusiva para La Nación por la consultora Voices!, que durante marzo y abril indagó en las percepciones de la ciudadanía respecto de la pobreza y la desigualdad y cuáles serían, a su entender, las medidas más efectivas para revertirlas.
Constanza Cilley, directora ejecutiva de Voices!, aclara que el estudio no evaluó la mirada respecto a un Gobierno en particular, sino en cuanto “a la sumatoria de todo lo que vienen haciendo las diferentes gestiones. En ese sentido, el principal reclamo, “incluso desde los segmentos que viven en situación de pobreza y contra muchos prejuicios que tienen algunas personas, es el acceso al trabajo, y para eso se necesita mejor educación”.
De hecho, la importancia de la creación de oportunidades laborales fue mencionada por 6 de cada 10 entrevistados, siendo más enfatizada por los estratos socioeconómicos medios y medios bajos, y por las mujeres. En segundo lugar, aparece la mejora de la educación, una demanda que crece entre los más jóvenes y en el Gran Buenos Aires.
Para Agustín Salvia, doctor en Ciencias Sociales y director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, está claro que las demandas sociales de los argentinos están fundamentalmente dirigidas a mejorar no solo las condiciones de vida presentes, sino futuras. “La clave de ese futuro tiene que ver con cuál es la educación que le puedo dar a mis hijos y a la que puedo acceder yo para mejorar mis capacidades, pero también en cuáles son los desafíos para conseguir un mejor trabajo, uno que me permita invertir en un proyecto de vida económico autónomo”, reflexiona.
Todo eso resulta clave “sobre todo en un contexto como el de nuestro país, donde se deterioraron mucho las oportunidades de trabajo y la calidad educativa, y uno percibe que con la educación ya no alcanza y que el trabajo escasea”, agrega Salvia.
El sueño del trabajo en blanco
“Mi sueño es que mi hija estudie una profesión, algo que yo no pude y el papá tampoco”. “Actualmente tengo un trabajo profesional, pero tengo amistades y familia cercana que no. Por eso, les cuesta llegar a final de mes y les resulta imposible acceder a un servicio de salud de calidad y a la vivienda propia”. “Si hubiese terminado la secundaria, capaz podría estar trabajando en alguna empresa”. Estos son algunos de los testimonios que se desprenden de la investigación de Voices!, que incluyó grupos focales en barrios populares de la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Para salir de la pobreza, el 75% de los argentinos considera imprescindible “acceder a un trabajo en blanco”, cifra que trepa al 78% entre quienes pertenecen a los niveles socioeconómicos más desfavorecidos. Sin embargo, 6 de cada 10 encuestados considera que tiene pocas o ninguna chance de tener un empleo en esas condiciones, un escenario que se agudiza en los sectores bajos, donde el 76% declaró que su situación económica le impide tener esta posibilidad.
“Las oportunidades de trabajo se valoran aún más a medida que disminuye el nivel socioeconómico porque, en estas circunstancias, el miedo a no tener empleo se intensifica. Sienten una mayor inseguridad económica y una mayor necesidad de estabilidad laboral”, asegura Cilley y sigue: “La falta de empleo no solo afecta su capacidad para cubrir necesidades básicas, sino que también impacta en su bienestar emocional”. Entre los vecinos de barrios populares que participaron en el estudio, surgieron varias necesidades de capacitación, incluyendo talleres sobre oficios, conocimientos básicos para iniciar y sostener un negocio propio, y capacitaciones en herramientas digitales.
“Casi no se puede conseguir trabajo y menos cuando no tenés una educación completa, que es lo que te pide la mayoría. Hay persona que no tuvieron elección: debieron dejar los estudios y ponerse a trabajar, más aún con lo difícil que está la economía en el país”, indica.
El sueño del empleo en blanco contrasta, según Salvia, con la realidad del 50% de la fuerza de trabajo del país: unas 10 millones de personas que no aportan a la seguridad social y que son trabajadores precarios, de la economía informal. “Esto provoca una polarización social creciente y los gobiernos no han estado a la altura de enfrentar los cambios necesarios en la economía, el sistema educativo y de la seguridad social, ni han llamado a los expertos que podrían ayudar a hacer esos cambios. Ha habido una conducción política más populista frente a los desafíos sociales de la Argentina, siempre a corto plazo y nunca con cambios estructurales”, asegura el especialista.
Primero la educación
Cuando Adrián Anacleto vuelve a su niñez, recuerda sobre todo dos cosas: la pobreza en la que vivían con su familia, en una casita de Laferrere, y cómo los vecinos decían que “a tal persona le había ido bien porque era un bocho”. Siempre creció con esa idea: para progresar, poder estudiar era un requisito. En su familia, nadie había terminado la escuela.
Tras recibirse del secundario, Adrián se anotó en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde se formó en Programación. Hoy, a los 46 años, es el CEO de una empresa de diseño y desarrollo de software y aplicaciones que emplea a 600 personas en la Argentina y otros países. “Creo que estudiar es fundamental, porque le salva la vida a tu familia. Sin universidad pública, personas como yo jamás llegarían a ser CEO”, subraya.
Aunque la prioridad sea crear oportunidades laborales, las políticas públicas que los argentinos perciben como más eficaces contra la pobreza tienen que ver con la educación: el 60% de los encuestados mencionan la educación pública. Le siguen las becas Progresar, para acompañar a los jóvenes en sus estudios (48%), y el programa FinEs, para que los adultos terminen la escuela (39%).
Para Víctor Volman, director del Observatorio Argentinos por la Educación, que la mayoría de la población considere que la educación es una de las claves para salir de la pobreza, resulta “esperanzador”. Respecto a cómo ve hoy la situación en el país, responde: “Si vemos el vaso medio lleno, las tasas de acceso a la educación vienen subiendo: en 2009, tenías al 90% de los chicos de 15 años en la escuela y hoy tenés el 97% adentro”. Sin embargo, rápidamente aclara: “El gran desafío es la calidad educativa, lo cual queda en evidencia cuando miramos los resultados de cualquier prueba internacional, como Pisa; regional, como las que lleva adelante la Unesco; o nacionales, como las Aprender”.
“La educación es casi un privilegio, sobre todo poder acceder a colegios o universidades privadas. Una alimentación saludable es un lujo al que no toda la población tiene acceso, al igual que una vivienda digna”, aseveró.
Volman enfatiza: “Cuando mirás qué porcentaje de estudiantes de 15 años llegan a esa edad sin repetir ni abandonar, y además con el nivel de desempeño esperado en Matemática y Lengua, se reduce al 22% (es decir, 22 de cada 100), muy por debajo de países como Chile (38%) y Uruguay (36%)”.
Un panorama igual de preocupante arrojan las pruebas Aprender: apenas el 13% de los chicos y las chicas llegan al final de la secundaria en el tiempo esperado y sabiendo los contenidos mínimos. “Si vamos todavía más para atrás, hay pruebas que muestran que en nuestro país solo uno de cada dos niños de tercer grado logra los niveles mínimos de comprensión lectora, lo cual es escandaloso”, advierte Volman.
El cambio de rol que tuvo la escuela en los últimos años, es otra cuestión a no perder de vista. Según el estudio de Voices!, hay un alto consenso (76% de los encuestados) en que la escuela funciona hoy como un espacio al que los niños en situación de pobreza “van para comer”.
“Para los chicos de los sectores más pobres eso es clave: encuentran allí un lugar de contención alimentaria, emocional e institucional; pero no necesariamente instituciones capaces de darles una formación continua y una motivación”, reflexiona Salvia. Y agrega: “La primaria sigue funcionando como un gran sistema de contención social, pero el problema es cuando pasan al secundario: que de 3 de cada 10 chicos no lo terminen, te marca que el sistema los está excluyendo”.
¿Hay en nuestro país políticas sostenidas de educación? Volman destaca que si bien contamos con la Ley de Educación Nacional, de 2006, que funciona “como norte para la política educativa”, no se trata de “un plan nacional como tienen otros países, con metas, recursos asociados e indicadores”. Tampoco tenemos un sistema nacional y consolidado de estadística educativa, “alumno por alumno”.
Más inversión social, más pobreza
A nivel general, el 48% de los encuestados por Voices! opina que la asistencia del Estado es importante para progresar, aumentando este porcentaje a 54% entre los de menor ingreso socioeconómico.
Gabriela Benza, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Centro de Investigación en Políticas Sociales Urbanas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, advierte que en la Argentina la pobreza se ha convertido en una problemática de fondo, independientemente de los gobiernos, “existiendo límites estructurales para integrar a un porcentaje alto de la población, lo que se agravó en los últimos años”. En ese contexto, la “mejor política” para combatirla se vincula, sobre todo, “con políticas económicas y de empleo que promuevan el desarrollo productivo y la generación de puestos de trabajo de calidad que le permitan a la población tener ingresos suficientes”.
Esto contrasta con una realidad acuciante: “En los últimos años, reapareció y se agravó el problema de los trabajadores pobres. Por otro lado, a esos trabajadores cuyos ingresos no les alcanzan se les está sumando ahora el riesgo, con la recesión, del desempleo. Todo eso se vincula con la necesidad de políticas económicas y de trabajo”.
Sin embargo, la especialista, subraya: “De todas formas, también son importantes las políticas sociales. Todos los cálculos de cuánto sería la pobreza en las últimas décadas sin esas políticas, indican que sería mucho más alta. Con las vinculadas a la alimentación, pasa lo mismo. Tienen que ver con las posibilidades o herramientas de las personas para poder salir adelante. Si vos estás mal alimentado, vas a aprender mal y es muy probable que no puedas romper con ese círculo de la pobreza que se va transmitiendo intergeneracionalmente”.
“Hoy se habla mucho de la meritocracia, pero esta en verdad tiene que ver con la igualdad de oportunidades: una sociedad meritocrática sería una en la cual los logros ocupacionales de las personas dependan de sus méritos, capacidades y esfuerzos, y no de tu origen social. Para lograr eso necesitás igualar los puntos de partida y ahí sí es importante la política social”.
Como ella, todos los especialistas consultados para esta nota coinciden en que hay políticas de transferencias de ingresos, sobre todo las vinculadas a las infancias (como la AUH) que resultan fundamentales. Sin embargo, por sí solas distan de ser suficientes. “No son un trampolín para lograr un futuro mejor, para el desarrollo humano y para que a nivel colectivo se construyan procesos de integración social”, resume Salvia. “La población sabe cuáles son los trampolines: trabajo, educación y acceso a una vivienda propia, algo que constituye un desafío muy fuerte para las nuevas generaciones”, agrega.
Desde Fund.ar, organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas, realizaron un mapa de las políticas sociales en la Argentina que analiza cómo evolucionaron en los últimos 20 años. La conclusión es que los sucesivos gobiernos apostaron por aumentar la inversión social (entre 2014 y 2022, creció más de un 25%), y que “si bien de forma cada vez más frágil, esta estrategia ha sido exitosa en contener a las personas en un contexto económico que las empuja hacia abajo, no ha sido muy efectiva en promover la movilidad social ascendente”.
Andrés Schipani, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, Berkeley, profesor de la Universidad de San Andrés e investigador del Instituto Universitario CIAS, es autor junto con Lara Forlino de ese mapa. Subraya que los sucesivos gobiernos apostaron por aumentar la inversión social para suplir la insuficiente creación de empleo genuino y contener a la población frente a los efectos nocivos del estancamiento económico y la inflación.
“Vemos que la pobreza crece y también crece la inversión social. Entonces, hay que preguntarse por la calidad del gasto: se está invirtiendo poco en los niños, en formalización laboral y en promoción de la educación para que los jóvenes de sectores vulnerables puedan terminar el secundario y acceder a la universidad”, apunta Schipani.
¿Por qué se priorizaron políticas sociales que ponen el eje en la transferencia de por sobre otras? “Eso en general pasa en muchos países y creo que la explicación va por los resultados políticos. Distribuir plata te da crédito electoral, a los políticos les garpa mucho. En cambio, la inversión en servicios es menos visible: si mejoras una escuela, por ejemplo, o invertís en la formación docente, no está tan claro a quién atribuirle la responsabilidad y son cosas que tardan en dar frutos”, responde Schipani.
“Hay que estudiar para poder tener algo y trabajar bajo la sombra. Lo que el resto hacemos es trabajar bajo el sol, de lo que haya y con lo que hay. Sino tenés estudio o por lo menos el colegio terminado, apenas podés trabajar en limpieza”, expresó.
De la corrupción a la incapacidad
Volviendo al informe de Voices!, si bien el 72% de los encuestados considera que el Estado es el máximo responsable a la hora de pensar en los actores que pueden reducir la pobreza, hay un 75% que cree que los dirigentes no saben cómo solucionar esta problemática.
“Esta contradicción refleja una demanda clara hacia el Estado para que tome acciones efectivas, combinada con una profunda desconfianza en la capacidad de sus líderes. No solo hay una evaluación negativa de las políticas estatales, sino que se piensa que aumentan la pobreza y la desigualdad”, subraya Cilley.
De hecho, para los argentinos, la “corrupción” (64%) y los “problemas políticos” (62%) son dos de los tres principales obstáculos para superar esas problemáticas en la Argentina. El primero, son los “problemas económicos” (70%). Un dato más: el 77% opina que “la grieta” (la polarización política) profundiza la desigualdad.
“Siento que desde mi lugar no puedo aportar a la lucha contra la pobreza dado que todo está politizado. Y no me gustaría entrar en política para no caer en la famosa grieta”, dijo uno de los encuestados. Mientras que otro, opinó: “Lo que hace falta son dirigentes y funcionarios que de verdad piensen en el pueblo sin distinción partidaria ni ventajas particulares. Combatir de verdad la corrupción en todo ámbito”.
Desde Voicés! se realizó, además, una comparación respecto a cómo cambió, en los últimos cinco años, la consideración de la sociedad sobre los actores considerados como responsables de reducir la pobreza. Al igual que en un estudio realizado por esa consultora en 2019, en la medición actual el Estado sigue siendo el principal responsable, pero mientras que en la anterior el 80% de los encuestados lo consideraba así, actualmente el porcentaje descendió al 72%.
Al resto de los actores sociales, en cambio, hoy se les asigna un mayor peso que antes, en especial a la sociedad en general (el porcentaje trepó del 30% en 2019 al 53% en la actualidad) y a las empresas (hubo un salto del 17% al 33%).
Yamila Méndez (33 años) vivió en carne propia el impacto que puede tener la sociedad civil, cuando se organiza, para ayudar a una persona a salir de la pobreza. Hace seis años, cuando junto a sus dos hijas pequeñas subió a una camioneta del Gobierno de la Ciudad, la mujer sintió que había tocado fondo: el destino era un refugios para personas en situación de calle por el que ya había pasado en otras oportunidades. Pero hoy su vida es completamente diferente. Trabaja como empleada de limpieza en un banco del Microcentro, alquila junto a sus niñas un cuarto en Constitución y está cursando la carrera de Trabajo Social en la UBA. “No hubiera podido salir sola”, asegura Yamila.
Ese acompañamiento que le permitió progresar vino de lo mano de dos fundaciones: Volviendo a casa, que la asistió con ropa y alimentos para ella y sus hijas, además de con terapia psicológica; y Cultura de Trabajo, donde le dieron la ayuda indispensable para su inserción en el mundo del trabajo, capacitándola para una entrevista, cargándole la SUBE y consiguiéndole un celular, por ejemplo. “Ahora quiero acompañar a otros como me acompañaron a mí”, concluye Yamila con una sonrisa.
