Suba de retenciones, con posibles nuevos capítulos, encarecimiento de las compras con tarjeta en el exterior, doble indemnización y leyes de emergencia.
En la campaña electoral, Alberto Fernández no lo dijo, aunque ya muchos lo sospechaban y él mismo convalidó las sospechas en su discurso de asunción ante el Congreso de la Nación: para “poner plata en el bolsillo de los argentinos”, había que sacarla del bolsillo de otros argentinos.
Por cierto, prácticamente nadie pensaba, y el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, lo descartó explícitamente en su primera conferencia de prensa, que el Estado iba a ajustar su nivel de gasto.
La palabra clave, el puente, entre un acto de “poner” y el de “sacar” plata del bolsillo es “solidaridad”, el “esfuerzo” que el presidente le pidió a los sectores más altos de la pirámide socioeconómica para aliviar la situación de los que menos tienen.
Esos conceptos están tomando rápidamente forma en las primeras medidas del gobierno:
1 – Retenciones. Aumento por decreto de los derechos de exportación (“retenciones”) al sector agroexportador, el principal aportante de divisas y también un contribuyente clave a los ingresos fiscales de la Nación, que en la campaña 2019/2020, según calculó un estudio de la Bolsa de Cereales de Córdoba, aportará no menos que el equivalente a 5.000 millones de dólares (largamente más de 300.000 millones de pesos) de recaudación. La medida se oficializó este fin de semana pero aún quedan puntos que aclarar a los que Gobierno responderá la semana próxima.
2 – Dólar Turista. Se trata de un impuesto, en estudio por parte de la AFIP y de la secretaría de Hacienda, para encarecer las compras con tarjetas de crédito de argentinos en el exterior, lo que contribuiría tanto a achicar el “déficit de la balanza turística” como –de vuelta– a mejorar los ingresos fiscales.
3 – Doble indemnización. Es otro de los anuncios del fin de semana y alcanza a los despidos “sin justa causa” para empleados contratados antes de la emisión del DNU por el que el gobierno dispuso esta medida, inicialmente por 180 días, pero que se sospecha terminarán siendo más.
4 – Adiós al pacto fiscal de Macri. Visto bueno de la Nación a las provincias para que pasen por alto los compromisos que asumieron en el “Pacto Fiscal” de 2017 y no cumplan con las rebajas en impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, que habían prometido reducir a cambio de los recursos que Macri les aseguró a partir de algunas reformas al sistema previsional. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta la “solidaridad” que reclamó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la vicepresidente, Cristina Kirchner, apuntando a cuál sería el distrito que perderá en el nuevo reparto entre la Nación y las provincias.
5 – Bienes personales. Aumento de la alícuota del impuesto a los Bienes Personales, que la gestión Macri ya había triplicado, de 0,25 a 0,75%, subiéndola a 1,25 ó 1,50%, lo que representaría una sextuplicación del nivel que tenía antes del retoque que hizo el macrismo.
6 – Impuesto a la herencia. Como complemento del punto anterior, y dentro del llamado “impuesto a la Herencia”, eliminar la desgravación de las donaciones gratuitas, no tanto para recaudar más directamente por esa vía, sino para obturar un mecanismo que permite la elusión del Impuesto a los Bienes Personales ocultando parte de los activos en fideicomisos o figuras similares que permiten a un contribuyente achicar su base imponible ante la AFIP.
7- Bienes en el exterior. Se diferenciaría en el trato impositivo a los bienes personales entre aquellos situados localmente y aquellos otros (declarados o no) en el exterior. Medida que debería declararse antes de fin de año, si es que el gobierno aspira a cosechar los frutos a lo largo de 2020.
8 – Jubilaciones indexadas por inflación. En estudio seguirá, mientras tanto, un diseño que permita quitarle potencia a la locomotora del gasto que representa un sistema previsional indexado por la inflación y que el kirchnerismo y sectores de la izquierda habían resistido por mezquino a fines de 2017. Hay aquí un parentesco conceptual con la consigna de “reducir la nominalidad de la economía” que antes de las elecciones de 2011 repetía en reuniones privada el entonces ministro de Economía y candidato a vicepresidente, Amado Boudou. La idea, sin embargo, quedó trunca apenas se inició el segundo mandato de Cristina Kirchner, cuya medida inmediata más notable fue el control cambiario de entonces.
La parte agradable
Con esas iniciativas y algunas otras medidas fiscales, el Gobierno se propone abordar la parte más simpática y redituable de la política económica en ciernes: un aumento de suma fija a los sectores de menores ingresos, que alcanzaría tanto a planes sociales (notablemente, la Asignación Universal por Hijo, AUH, en su momento lanzada por Cristina Fernández como la medida social más importante en décadas), a las jubilaciones y a los salarios más bajos.
El paquete podría resumirse en un “nada nuevo bajo el Sol”; más bien la reedición urgente de un conjunto de medidas fiscalistas para reforzar con acuerdos sectoriales y un “Pacto Social” para el que el Gobierno sigue convocando a Roberto Lavagna. Allí mismo se buscará marcar una importante diferencia de estilo: Lavagna es una figura respetada a ambos lados de la grieta, alguien en principio dispuesto al toma y daca negociador con empresas y sindicatos, pero que no tiene los modos ni arrastra el desprestigio de una figura como Guillermo Moreno.
Pero aunque envalentonados por una semana de calma cambiaria, en la que el Banco Central se dedicó a comprar dólares y a azuzar una rápida baja de las tasas de interés, los funcionarios clave del gobierno de Alberto Fernández saben que lo esbozado hasta aquí no alcanza para salir del marasmo en que entró la economía en abril de 2018, y muchos menos para empalmar esa salida con un crecimiento sostenible. Para eso resultará fundamental resolver la cuestión de la deuda y generar confianza suficiente para que las inversiones, tanto internas como externas, revitalicen y amplíen la capacidad productiva del país. Ese desafío está reservado para Guzmán y su equipo de asesores: una negociación rápida, de dos frentes, con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional.
Pasado el veranito que, a favor de la mayor demanda estacional de dinero y la “luna de miel” que suelen tener los debutantes, podría disfrutar, el Gobierno, volverá (o seguirá) a tener ante sí el largo desafío de abatir la inflación, si no quiere que ésta consuma los esfuerzos de todos los argentinos.
Fuente: Infobae.
