Se realizó ayer una nueva audiencia del juicio oral y público por la causa Revelación. Continuó la ronda de testigos aportados por la fiscalía. Varios son los ex funcionarios provinciales imputados por presuntos hechos de corrupción vinculados con retornos de la obra pública.
Durante la audiencia en la oficina judicial de Rawson, declaró Blanca Di Martino, quien cumpliera funciones en el Banco del Chubut, quien hizo hincapié en comunicaciones telefónicas que surgieron de las pericias que realizó Guillermo Figueredo, perito informático de la Procuración General.
Dichas comunicaciones serían entre Di Martino, cuando era agente de cuentas del Banco del Chubut y Diego Luthers. Estas comunicaciones permitieron conocer cuando la empresa constructora Industrias Bass tenía disponible fondos para afrontar los pagos.
Consideró que esa era una situación extraña, en tanto y en cuanto se llamaba a un secretario privado de la Unidad Gobernador para obtener ese tipo de información.
Declaró Fasciglione
Seguidamente declaró Daniel Fasciglione, a cargo de la firma Protel Patagonia. Se refirió a cuál era la situación financiera que atravesaba Canal 9 de Comodoro Rivadavia durante el inicio del entonces gobierno de Mario Das Neves, es decir desde diciembre de 2015.
Especificó la situación pos concursal, indicando que parte de la deuda se hizo cargo un grupo de inversores y reconoció específicamente a Jorge Andrés Ninin. Respecto de este último, cabe recordar que el mismo ha sido condenado en el marco de la causa Revelación por haber integrado una asociación ilícita encabezada por Diego Correa, que también tuvo como finalidad apropiarse de la firma Protel Patagónica.
Asimismo y como eslabón fundamental en su declaración, dio cuenta y reconoció de los diversos cheques que le hacían endosar y refirió que los mismos venían de empresas constructoras que nada tenían que ver con el objeto de la sociedad Protel Patagónica. Esto último situó a claras -según la Fiscalía- cómo era la maniobra que estaba encabezada por Correa: estos cheques provenían del pago de retornos de empresarios vinculados a la construcción y eran volcados al pago de la deuda concursal que tenía Canal 9 de la ciudad de Comodoro Rivadavia.
A continuación declaró Fernando Zuñeda, socio de la firma INVERFER S.R.L. de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Reconoció diversos cartulares que fueron enviados desde empresas constructoras que pagarían retornos, sobre todo eran utilizados para hacer frente al pago de la deuda de Canal 9.
Estos cheques eran llevados y presentados por Federico Piccione, quien fue imputado en la presente causa y se encuentra sujeto a la suspensión de juicio a prueba previsto en el artículo 76 bis de nuestro código penal.
Patrimonio de Carpintero
Continuó la contadora de los Equipos Técnicos Multidisciplinarios de la Procuración General, Viviana Karlen, quien cumplió tareas específicas en la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la administración pública, la profesional, estuvo abocada a investigar el enriquecimiento ilícito del entonces funcionario Gonzalo Carpintero.
Dio cuenta de las diversas tareas indicadas por los fiscales Marcos Napoli y Héctor Iturrioz, concluyendo en que hubo un desfasaje patrimonial del mismo entre los años 2011 y 2017.
También dio cuenta de los detalles de la construcción de la propiedad del barrio Bonorino, de Trelew, la cual presentó cuantiosas reformas y es una propiedad de dimensiones considerables, y se sumó un terreno situado en la ciudad de Trelew, lindante al taller Recticar, como asimismo la adquisición de un vehículo Toyota SW 4 modelo 2017.
La contadora fue contundente a la hora de indicar las distintas operaciones contables que fue realizando a los fines de ir analizando los ingresos y egresos del patrimonio de Carpintero.
Para concluir la contadora pudo demostrar -según entendió la Fiscalía- que el desfasaje patrimonial investigado no coincidía con los ingresos que tenía Carpintero al momento de ejercer la función pública durante el periodo del entonces gobernador Mario Das Neves.
El último de los testigos, Walter Kobac, dio cuenta de diversas propiedades que tenía Gonzalo Carpintero, como así también la valuación de las mismas, peritaje que realizó a pedido de la unidad fiscal especializada en delitos contra la administración pública en el presente caso.
