En silencio y de manera constante, las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior, encabezadas por los diputados del Pro, Laura Rodríguez Machado y José Núñez, avanzan en la discusión del paquete de iniciativas enviadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich al Congreso.
Ya está en condiciones de llegar al recinto, se firmaron los dictámenes correspondientes, el proyecto que modifica la Ley de Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Avanzan, además, los diputados, con la Ley Antimafia y la regulación de la tenencia de armas.
“Esta es una iniciativa que fomenta el desarme y nada tiene que ver con la portación de armas”, aclaró Rodríguez Machado. Despejando de ese modo que el gobierno de Javier Milei esté pensando tratar proyectos permitiendo la libre portación de armas. Un tema fuertemente polémico que se coló en la pasada campaña electoral presidencial.
El Registro Nacional de Datos genéticos para delitos sexuales está vinculado con la investigación criminal sobre la base de perfiles genéticos de ADN. Contará con una base de datos de perfiles y de datos filiatorios no relacionados entre sí. Funcionará en el Fuero Federal y Nacional, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán firmar convenios para que sus respectivos poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizarlos.
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El Congreso, al modificar la ley sancionada en el 2013, establece que el mismo funcionará en la órbita del ministerio de Seguridad, ya no del de Justicia y Derechos Humanos.
La norma tendrá el objeto de contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objetos de una investigación judicial, con la intención de individualización de los presuntos autores, como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos. Permitirá la identificación genética de todos los delitos previstos en el Código Penal y será una herramienta fundamental en la búsqueda de personas pérdidas o desaparecidas.
Laura Rodríguez Machado le dijo a TN que “la sanción del 2013 tenía como fin tener datos de personas sospechadas de delitos de índole sexual, en esa época, por cuestiones tecnológicas, podían ser tomados por los fluidos de las personas, la sangres, la saliva, el semen, ahora con el avance de la ciencia nos permite tener el ADN de las personas por contacto”
“La huella digital que queda en un determinado lugar, a través de un sistema, permite tomar el ADN de una persona y es lo que estamos habilitando a través de este proyecto para incorporarlo a este Banco de Datos. Hay confidencialidad de esos datos, en el banco están separadas las huellas de los supuestos sospechosos con las que se encuentren en el lugar de un delito y se machean buscando coincidencias. Si hay coincidencia absoluta entre las mismas, se determinará a quién pertenece esa huella”.
Unión por la Patria, firmó un dictamen en minoría, el diputado Martín Soria dijo que “nuestro bloque tiene su propio dictamen por un aspecto central que es el financiamiento para hacer sustentable la base de datos genéticos” y aclaró el exministro de Justicia de Alberto Fernández que “el registro funcione bajo la órbita de un ente autárquico, que solo puedan quedar incluidos quienes cometan delitos graves y dolosos, que la comisión de huellas genéticas sea conducida por técnicos en la materia”.
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La ley antimafia
La ley antimafia es otro de los proyectos que vienen trabajando los legisladores y en los próximos días podría tener dictámenes de las mismas comisiones.
La iniciativa del Ejecutivo, en sus fundamentos, hace hincapié en “los encarnizados ataques que ha producido el crimen organizado en Rosario, en los últimos años, más la perspectiva de que las bandas criminales intenten reproducir situaciones similares en otros lugares del territorio, demandan la sanción de tipos penales mas graves para esas organizaciones, como la adopción de procedimientos especiales en las zonas afectadas por tales acciones mafiosas”.
Por tal motivo, las comisiones recibieron al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a su ministro de seguridad y a representantes del Poder Judicial de la provincia.
“Esta ley apuntará contra las organizaciones criminales y se aplicará a una gran cantidad de delitos como el narcotráfico, homicidios, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, extorsión y trata de personas, entre otros. La ley contra las organizaciones criminales cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, dijo la ministra Patricia Bullrich cuando, en marzo pasado, presentó en Casa Rosada y junto al ministro de Defensa, Luis Petri, las iniciativas.
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Los cambios en el Código Penal prevén sanciones que van de 8 años a 20 de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación. Se incorpora el concepto de Zona Sujeta a Investigación Especial, para establecer una actuación ágil para los diversos poderes del Estado. Se fortalecen, además, las facultades de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal que depende del ministerio de Seguridad.
Se toman como referencias internacionales, en el proyecto, las luchas contra el crimen organizado en Italia y en los Estados Unidos. El Código Penal italiano establece condenas no solo a quienes reciban dinero de las mafias, sino también quienes las favorezcan directa o indirectamente.
En Estados Unidos se sancionó la denominada ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), una ley federal aprobada en 1970. Permite enjuiciar a personas debido a su pertenencia a una organización criminal. Permitió condenar a los jefes de la Cosa Nostra, Frank Animal, en 1981 y a Anthony Salerno, otro jefe de la familia Genovese en 1987.
La norma establece mecanismos para menguar los recursos de las organizaciones criminales mediante la extinción de dominio de cualquier bien que se presuma sea producto de las actividades de la organización.
Ley para restituir los bienes incautados a organizaciones criminales
De manera paralela, 30 diputados de seis bloques diferentes presentaron, en los últimos días, un proyecto denominado: Ley de administración y reutilización social de bienes. Ramiro Gutiérrez (UxP), Margarita Stolbizer (HCF), Carlos D´Alessandro (LLA) y Pamela Calletti (Innovación Federal), entre los firmantes, de la iniciativa considerada por la comunidad jurídica internacional como una de las herramientas esenciales para luchar contra las organizaciones delictivas y recuperar sus bienes con un fin de uso social.
Los Tribunales acumulan toda clase de bienes: propiedades, embarcaciones, aeronaves, automóviles, campos y activos que el crimen atesora. Frente a esta situación de acumulación improductiva, el proyecto prevé devolverlos al uso social a través de la creación de una Agencia integrada por los tres poderes del Estado y un representante de las organizaciones de la vida civil.
La Agencia Nacional de bienes recuperados de Italia, recaudó, desde su existencia, la suma de más de 4 billones de euros, destinados a la reparación de las víctimas del crimen y al beneficio del bien común. El diputado Ramiro Gutiérrez afirmó que “es la oportunidad de entregarle a la Argentina una poderosa herramienta para luchar contra el crimen organizado y recuperar sus bienes al servicio de la ciudadanía”.
