El fiscal general Omar Rodriguez afirmó que la investigación a la recientemente ratificada en la dirección del Ministerio de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola, sigue en curso y ya se han reunido más pruebas que incriminarían a la funcionaria en hechos de corrupción.
Este martes, luego de una reunión privada entre el gobernador Arcioni y Cecilia Torres Otarola, la ministra de Desarrollo Social, que es investigada por la justicia por fraude a la Administración Pública, fue ratificada en su cargo.
Mientras, el fiscal general Omar Rodriguez anunciaba en diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera que «hay elementos nuevos que se suman a los que presumíamos cuando se inició la investigación», y señaló que el gobierno provincial tomó conocimiento del caso a través de la publicidad que tuvo el proceso.
«Nosotros ya hace algunos días estamos trabajando recolectando todo tipo de información respecto a una causa que se inicia con una presentación por otro hecho en Esquel, una extorsión. De ahí deriva o surgen elementos que tenían que ver con posibles hechos de corrupción acá en la ciudad de Rawson», detalló sobre el inicio de la causa.
El fiscal detalló que en la investigación pudieron constatar que «se ha contratado y se ha nombrado a gente que pertecene a la planta política con distintos cargos como director o subsecretario, que no prestan ningún tipo de servicios. Esto está confirmado».
Entre ellos, Rodriguez describió que «una persona de nacionalidad paraguaya que reside en Buenos Aires tiene el rango de director y cobra por un asesoramiento que no presta. También la madre de un exfuncionario que estaba relacionado a causas de corrupción», y anticipó que «no son solamente esos dos casos, hay muchos más».
El apriete a Sandoval, testigo clave
El denunciante que inició esta investigación, Martín Sandoval, sufrió la presión del gobierno provincial para desistir de la denuncia a una de las integrantes del gabinete.
«Sandoval denunció haber recibido aprietes por parte del gobierno provincial para que dé de baja la causa. Recibió un llamado en un tono elevado, como una suerte de presión para que de alguna manera deje de hacer declaraciones públicas».
En ese sentido, el fiscal aseguró estar atento a «cualquier situación de apremio o peligro» y no dudó en afirmar que intervendrán «rápidamente para darle un manto de protección porque es un testigo en una causa de corrupción».
Rodriguez aseguró que hay pruebas suficientes para sostener la denuncia y la hipótesis, por lo que consignó: «Formularemos una apertura de investigación que tiene que ver con la intimación o la imputación concreta a la persona o las personas que han participado de un hecho delictivo».
Por último, finalizó apuntando que «en este caso serían funcionarios y otras personas que prestaron el nombre para que el Estado les pague por un servicio que no se presta, ese es el nucleo del fraude a la Administración Pública».
