El fiscal Héctor Iturrioz pidió la libertad de la acusada Griselda Fanny Jonás y el arresto domiciliario del empleado del IPV, Maximiliano González. Además, solicitó tres meses para ampliar la investigación.
Este martes se realizó la audiencia de prórroga de la etapa preparatoria y revisión de las medidas que cumplen los imputados en la causa denominada “Sueños Pagos”.
En diálogo con El Comodorense Radio, el fiscal Iturrioz manifestó «hemos tratado de descubrir cómo era la maniobra completa, quienes eran los integrantes».
Informó que se triplicó el número de víctimas «cuando se inició la causa eran cerca de 200 y el número de imputados va a llegar a una docena por lo menos».
Al ser consultado sobre si los imputados son solo trabajadores del IPV, Iturrioz dijo «hay de todo» y agregó «las víctimas son todas personas con una condición económica muy vulnerable».
Esta causa se trata de la investigación por la venta de adjudicaciones para obtener el sueño de la casa propia del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La banda era liderada por el empleado de la delegación local, Maximiliano González, y Griselda Fanny Jonás, quien se encargaría de engañar a las personas que abonaron altas sumas de dinero para agilizar los trámites, supuestamente legales, en el organismo provincial.
«Tenemos establecido que fueron no menos de 700 personas víctimas de esta estafa, pero se presentaron cerca de 200»
El fiscal Héctor Iturrioz solicitó la extensión del plazo de investigación por tres meses más, debido a que se va a ampliar el número de imputados, que va a pasar de dos a once personas. Mientras que las víctimas alcanzan las 184 denuncias formales.
Aclaró que el delito que se les va a imputar como más grave es el de asociación ilícita y la pena mínima para quienes están en una posición gerencial es de cinco años y el máximo supera ampliamente los treinta años.
El representante fiscal además pidió la extensión del arresto domiciliario con tobillera electrónica que cumple González, mientras que para Jonás requirió el beneficio de la libertad con presentaciones periódicas ante la autoridad Judicial.
La defensora de la acusada fue Cristina Sadino y el abogado penalista Guillermo Iglesias, quien asistió a González, no plantearon objeción ni a la ampliación del plazo ni a las medidas solicitadas.
De esa manera, el juez resolvió conceder la extensión del plazo de investigación solicitado por el fiscal por otros tres meses. También extendió el arresto domiciliario de González por tres meses y decretó la libertad con presentaciones periódicas ante la autoridad Judicial de Jonás.
