Desde 2016 a abril 2018, las tarifas de gas aumentaron hasta un 1070 por ciento; las tarifas eléctricas entre 1020 y 2700 por ciento y el servicio de AYSA un 600 por ciento promedio. Mientras se aplican estos aumentos inéditos en la historia de los servicios públicos de Argentina (y seguramente en el mundo) el Salario Mínimo Vital y Móvil es de 9500 pesos, el haber jubilatorio mínimo es de 7600 pesos y el 50 por ciento de las personas que trabajan, según el INDEC, perciben ingresos de hasta 11.000 pesos.
Pretender imponer un ajuste tarifario de la magnitud citada en tan breve lapso sin que esté acompañado de un incremento similar de los ingresos, tiene como resultado un alto costo social, cuyo saldo redundará en los indicadores de pobreza e indigencia, y puede tener consecuencias que es difícil predecir.
Los que atendemos a diario las quejas, los reclamos de los usuarios y comprobamos la angustia de quienes no pueden afrontar el pago de sus facturas, asumimos como propios los interrogantes que nos plantean: “¿Qué puedo hacer, como hago para pagar?… Si no pago me cortan el servicio”. Hoy, miles de familias están desatendiendo los gastos en alimentación, medicamentos, indumentaria, etc, para pagar sus facturas; otros miles se están sobreendeudando al pedir prórroga de sus vencimientos que seguramente no podrán pagar o piden préstamos a tasas extraordinarias, otros miles (no sabemos cuántos) tienen los servicios cortados y/o se conectan clandestinamente con los riesgos que esto implica.
Lamentablemente, no hay respuestas institucionales para resolver la crítica situación de centenares de miles de compatriotas que padecen esta situación, que reclaman soluciones inmediatas.
En el Congreso nacional el oficialismo demora todo lo posible el tratamiento y la aprobación de los diferentes proyectos presentados, apostando a la continuidad del ajuste, sin tener en cuenta el costo social.
La Corte Suprema de la Nación dijo que las tarifas tienen que ser justas, razonables y asequibles a los ingresos, mas no dictaminó sobre cuál es el porcentaje del salario o del haber jubilatorio que debe destinarse al pago de los Servicios Públicos y no intervino desde 2016 hasta la fecha para interrumpir los tarifazos que no respetan su fallo. Por lo tanto, es letra muerta.
Mientras, el Estado que debe garantizarle el acceso, la permanencia y poder pagar los servicios públicos, con tarifas justas y razonables, festeja haber reducido los subsidios en 90.000 millones, ignora la emergencia social y reafirma la continuidad del ajuste tarifario.
El ruidazo del miércoles 18, convocado por la Multisectorial contra el Tarifazo superó todas las expectativas; la impotencia ciudadana transformada en bronca se mueve silenciosamente y decenas de miles de argentinos salieron a la calle a mostrarlas públicamente.
El ruidazo exitoso debe complementarse con la organización de todas las fuerzas que se oponen al ajuste económico, en cada barrio, localidad o provincia y deben ser multisectoriales, incluyendo a familias, comercios, industrias, sindicatos, clubes, sociedades de fomento, etc.
El miércoles 25 la Municipalidad de La Matanza, convocó a audiencia pública para considerar la emergencia social producida por los tarifazos, en la que vecinos e instituciones expusieron dramáticamente estos problemas y se propuso realizar acciones conjuntas de todos los sectores con el Estado municipal para lograr la suspensión de los cortes por mora, que se restituya el suministro a quienes se les cortó el servicio por falta de pago y se habilite el pago parcial de las facturas hasta que se resuelva la cuestión de fondo en el Congreso y se logre convertir en ley el proyecto que retrotrae las tarifas a diciembre de 2016. Estamos convencidos que ese es el camino. Al ajuste tarifario, más protagonismo ciudadano.
