El bolsillo es uno solo y no alcanza para pagar las facturas de luz, gas y agua con un 3.500% de aumento respecto de lo que estaban en 2015, si además de ahí mismo tiene que salir el dinero para pagar los 163 impuestos nacionales, provinciales y municipales, muchas veces superpuestos, que integran la presión tributaria récord y esquizofrénica a la que se llegó. Sobre todo porque también hay otros compromisos que se asumen en la subsistencia cotidiana como comer, transportarse, la educación, vestimenta, salud, vivienda.
Los Gobiernos no enfocan la exacción por el lado de las dificultades presupuestarias que crean a las familias, sino por los costos de oportunidad para que los registrados estén al día o, si se atrasan, elijan alternativas en las que les costará menos financiarse. Excepción hecha con los evasores, que son invisibles en el zoológico fiscal. El argumento que utilizó la AFIP para aumentar los cargos por mora y los punitorios es que estaban 15% abajo de la financiación de las tarjetas y préstamos personales, de modo que quien dejaba de pagarle supuestamente se beneficiaría con el diferencial. Está el caso de ARBA, que cobra el 4% pero tiene privilegios judiciales de ejecución de las cuentas bancarias de los deudores y pasa sin miramientos las intimaciones al apoderado legal. Según las fintech, los montos de créditos solicitados para cubrir el pago de tarifas suben cada vez más, entre el 5 y 45%, y el promedio asciende a unos 2700 pesos, a tasas de 65% más el cargo financiero y las comisiones.
AFIP se va desde marzo al 54%, el revolving de las tarjetas está al 100% y los préstamos personales llegan hasta el 180%. Para los dos tercios de asalariados del país que cobran por debajo de los 39 mil pesos y cubren hasta ahí las necesidades cotidianas, ya las facturas de los servicios se comen casi la cuarta parte de los ingresos y los tributos por habitante se alzan nada menos que con el 54,1% del PBI, según IARAF. El sistema impositivo del país arribó a un callejón sin salida: complejo, ineficiente, falto de equidad y con elevados niveles de evasión, pero a la vez confiscatorio para una mayoría de la población que no puede decirse que la esté pasando bien.
Se viene un nuevo tarifazo de gas del 30% (suma así 2.401% desde 2015) y, al menos, los 2 tercios de las familias tipo del área metropolitana que ni llegan a los 39.409 pesos de bolsillo que la junta interna de ATE-INdEC ya estimaba necesarios en enero para cubrir lo básico de alimentación, servicios domiciliarios, transporte, educación, vestimenta, salud y equipamiento de vivienda, se preguntan cómo harán para pagarlo:
-¿financiando los saldos de la tarjeta de crédito a una tasa efectiva anual promedio del 106%, de acuerdo con la página web del BCRA?
-yendo al banco a pedir un préstamo personal, tanto a 1 como a 5 años, con intereses que parten del 95% y llegan hasta casi 180%, además de comisiones que algunos bancos cobran por encima del 160%?
-¿atrasándose en el pago de los impuestos nacionales y afrontando luego un 4% mensual de interés como ahora cobra AFIP, que en marzo se va al 4,5%?
-¿dedicándole a los tributos al Estado de 171 a 202 días de trabajo a lo largo de un año, según lo calculado en julio pasado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF)?
-¿Pidiendo en paritarias o negociaciones individuales aumentos en las remuneraciones superiores a la inflación, en plena recesión y con los empleos en riesgo de perderse (ver si no, entre los últimos los despidos en la cadena Día)?
-¿Cortando mayores consumos que el 3,5% general resignado el año pasado, según evaluó CAME?
El listado de las cuentas a afrontar con los ingresos cada vez más diezmados de la mayor parte de asalariados (activos y pasivos), así como de casi todas las Pymes, empieza por las tarifas de los servicios públicos total y semi reguladas por el Estado, como las de luz, gas, agua, transporte, combustibles, y continúa con los 163 tributos, muchas veces superpuestos, que suman Nación, provincias y municipios entre impuestos, tasas y contribuciones, de acuerdo con el cálculo que acaba de hacer el IARAF cordobés.
Al común de la gente le toca afrontar del mismo bolsillo, sin distinción de jurisdicciones:
-aportes personales a la seguridad social,
-contribuciones patronales que integran el salario,
-impuesto a las ganancias,
-bienes personales,
-IVA,
-impuestos internos y específicos (nacionales);
-inmobiliario,
-automotor,
-ingresos brutos,
-ABL,
-contribución sobre los inmuebles,
-tasa del automotor,
-tasa de seguridad e higiene y
-tasa sobre el suministro de energía eléctrica y gas natural.
Y el más regresivo de todos, en cualquier jurisdicción, el impuesto inflacionario, que se ensaña principalmente con quienes manejan menores recursos.
Al mismo tiempo, para colmo, apareció otra forma de exacción, la usuraria, que oprime a la población que no alcanza a seguirle el tren a una presión tributaria del 26,2% del PBI como la actual, la más alta en 60 años: parte del indiscriminado concepto de que quien no está al día es porque redireccionó el dinero a otros gastos especulando con los diferenciales de tasas punitivas.
En tal sentido, para subir en marzo los intereses por mora al 4,5% y al 5,6% mensual los punitorios, pasando la tasa de morosidad desde el 36 al 54%, AFIP argumentó que el recargo que venía aplicando estaba 15 puntos abajo del de los bancos.
Préstamos para tarifas e impuestos
En realidad, más que por una eventual cuestión de arbitraje de tasas, los atrasos parecerían responder, principalmente, a que ya son muchas las Pymes en cesación de pagos y a que, según reportes provenientes de fintechs que se especializan en créditos personales, como la de pago digital y préstamos personales Moni, los usuarios de luz, gas o agua solicitaron en el último trimestre del 5 hasta 45% más para poder pagar las boletas con los aumentos.
El monto promedio gestionado fue de 2750 pesos, a una tasa nominal anual (TNA) del 65%, a la que hay que sumarle otros gastos para obtener el costo financiero total (CFT)- y una comisión por uso de la plataforma, que en el caso de los préstamos es de 500, aproximadamente.
Otra demostración de que los diferimientos no responden la mayor parte de las veces a ninguna práctica especulativa se la brindó a Ámbito el director del Centro de Estudios Económicos de OJF, Fausto Spotorno, cuando invocó un estudio hecho en 2017 por la consultora PwC, que publicó el Banco Mundial, en el que se muestra que, por cada US$100 que gana el sector privado, el Estado se queda con US$106.
Y «ahora debe ser más alto”, comentó para atribuirle que “uno de los factores más relevantes de la baja competitividad del país».
Las administraciones públicas, en general, y la nacional estuvieron lejos de ser la excepción, reforzaron las dotaciones netas de personal, al hacer ingresar más gente afín que la sacada por no serlo, y con mejores remuneraciones.
Juntar fondos para la política exige mayores ingresos tributarios que la solventen. Y hacia ahí ha ido el Presupuesto 2019, apadrinado por el Fondo Monetario Internacional, en el que 6,6% lo recauda seguridad social (sube del 6,5% de 2018); 1,6% proviene del impuesto al cheque (el año pasado era 1,7%); 2,4% son retenciones (con un incremento significativo en comparación al 0,8% del año pasado); 4,9% reúne Ganancias (cae con respecto al 5,5% de 2018); 7,8% es por el IVA (baja en relación al 7,9% por caída del consumo), y 2,9% son otros, con un alza respecto del 2,5%).
En la torta de la recaudación, IVA, ganancias, aportes y contribuciones a seguridad social e ingresos brutos aportan el 75% del total. Y si se les añaden débitos bancarios (al cheque), a la exportación e importación, combustibles, internos y otros nacionales entre los 10 primeros se llega al 90% -según publica Urgente 24-.
La Nación es, en definitiva, la que se queda con la parte del león, ya que acapara 9 de los primeros 10 tributos de mayor recaudación, siendo el restante de carácter provincial.
Y además, al modificar el código aduanero y establecer una alícuota máxima del 33% a todas las exportaciones -con topes de 4 pesos (si son bienes primarios) y de 3 (para el resto de los bienes y servicios) por dólar-, como se trata de un impuesto no coparticipable por norma, todo lo que recaude quedará en las arcas del gobierno federal», indicaron en el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
La maraña que se fue armando en el devenir de los tiempos con los 163 impuestos actualmente contabilizados por IAREF, con sus agregados, remiendos y excepciones de toda clase, que iban atendiendo más a los cierres fiscales que a una visión de crecimiento y reparto equitativo de las cargas plasmado de una política de largo plazo.
Suman 40 los impuestos nacionales, 41 los surgidos de las 24 jurisdicciones en que se divide el país y 82 los que totalizan las diversas tasas y contribuciones que cobran los 2.164 municipios, donde muchas veces a los patrimonios, las rentas en distintas denominaciones y los movimientos de dinero se les pone triple carbónico para que cada uno lleve su propia tajada por su separado.
