Dos caras de la moneda: por un lado, se podrá pagar las propinas a través de tarjetas de crédito o débito. El monto de la propina no debe ser superior al 15% de la factura, y estará exento de retenciones de IVA y Ganancias; pero por otro lado, según el INdEC cada día más los consumidores pagan sus cuentas en los supermercados con tarjetas de crédito: 4 de cada 10 adquieren alimentos a crédito. Ahí está la Argentina: por un lado, la que ven los funcionarios, idílica; y por otra parte, la realidad que duele.
Si la opción de pagar el ticket en algunas (3-6) cuotas sin interés se repite en la caja de las cadenas de farmacias o de supermercados será porque son muchos los clientes que ya patean hacia adelante todo lo que les sea posible los gastos diarios de la subsistencia.
Es una modalidad que viene desde que las tasas de interés vuelan a más del 50% sobre el nivel general de los precios, aunque antes de que el Ministerio de la Producción eliminara las ofertas en cuotas sin interés (en el verano de 2017) era utilizada como política comercial para estimular consumos por adelantado: cambiar el auto, el celular, la televisión, viajes, vestimenta.
Los asalariados o pasivos que cobran sumas fijas mensuales que la inflación carcome suelen diferir pagos a la espera del socorro que implican para sus finanzas los aumentos por convenios o de las indexaciones pautadas por el Gobierno para alcanzar hasta donde pueden esa masa acumulada, ahora en muchos casos generada por el encarecimiento de la canasta básica cotidiana, y reanudar la rueda con lo que queda más lo desconocido que viene.
De ahí que le prendan una vela a los pronósticos más optimistas de que, simultáneamente, se concrete un proceso de desinflación paulatino, tomando en cuenta los rezagos con los que opera la política monetaria y las subas ya anunciadas de tarifas de servicios públicos (concentradas mayormente durante la primera parte de 2019).
Sin embargo, las erogaciones en descubierto no terminan en la canasta alimentaria, porque en la básica total, que incluye los restantes rubros del presupuesto familiar, entran a tallar la AFIP, las arcas provinciales y municipales, así como las distribuidoras de los servicios públicos, y hace rato que entraron por la variante y, mediante planes de financiación, aunque con recargo, que otorgan a los contribuyentes y usuarios.
De este modo, los compelen a asumir una presión impositiva desmedida para la capacidad adquisitiva resultante del propio ajuste económico y para afrontar tarifazos de 3 dígitos como los que se juntaron desde 2015 –según publica Página 12-.
La traducción estadística de la exacción al ciudadano se ve en un informe del índice UDE Link que analiza los datos de las operaciones hechas por 29 millones de argentinos de todos los rangos etarios y nivel socioeconómico: el año pasado se registraron más de 400 millones de transacciones con tarjeta de débito y crédito en todo el país, 37,1% más que en 2017.
La disminución porcentual de los montos en términos ajustados por inflación fue, sin embargo, sustancialmente menor a la caída de 15,7% de la demanda real de dinero para transacciones privadas en el conjunto del sistema bancario.
Como, paralelamente, las ventas minoristas bajaron 6,9% en el año, según calcula CAME (fruto de que hubo un retroceso del 11,2% en locales tradicionales y un incremento del 3,1% online), el récord nominal que se vio en el monto total de las operaciones, a poco más de $302.103 millones, 40,7% superior al de 2017, en realidad quedó muy por debajo del casi 48% de inflación.
Menos de lo mismo
Pero sólo si se toman las transacciones como parámetro de la utilización del dinero electrónico en todo el país, la conclusión es que las tarjetas se usan más pero los consumos son menores.
Es esa dirección, el índice de uso de dinero electrónico UDE LINK señala que en los últimos 12 meses hubo un aumento de 12,8% en la relación entre el uso de canales electrónicos para mover el dinero y los depósitos en cuentas corrientes y caja de ahorro.
La tasa de interés básica del 60% que el Banco Central interpuso a las corridas cambiarias que duraron hasta setiembre descalificó a los anteriores compradores de los denominados bienes durables, como inmuebles, autos y electrónica.
La retracción de estos últimos incidió en un menor empleo de las tarjetas y en la financiación prendaria de autos e hipotecaria de inmuebles, directamente la sacó del alcance general.
Los reportes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) reflejan el degradé que caracterizó al año: en enero se habían constituido 54.671 prendas, que representaban el 45,7% de los patentamientos, en abril ya habían descendido a 37.243 en cantidad, pero aún financiaban el 48,7% de las ventas, pero en diciembre se declararon 12.982 que ocuparon 46,5% del total.
Quiere decir que entre el último y el primer mes de 2018 se hicieron 76,3% prendas de automotores menos, si bien el porcentaje de cobertura en la comercialización declinó menos de un 1%.
En inmuebles, hubo una caída del 12,2% en las operaciones reportadas por el Colegio de Escribanos de la Ciudad, como consecuencia de un marcado descenso de las operaciones realizadas con hipotecas.
En todo el año, las compraventas con garantía real descendieron 20,8%, según el informe: alcanzaron a 13.054 escrituras contra 16.487 de 2017. Representaron el 22,3 y 26%, respectivamente, de las 55.892 actas notariales totales del año pasado y del anterior, que había sido de 63.680.
Un punto de inflexión fue la retracción de los créditos UVA cuando la aceleración inflacionaria dejó muy atrás al salario respecto de la cuota indexada y desalentó la presentación de nuevas solicitudes, con lo que quedó atrás la marca de los 3.000 otorgados cada mes que se había alcanzado.
El crecimiento había sido notable: desde enero de 2016 a diciembre último se llevaban aprobadas 170 mil carpetas, empezaron con 1300 mensuales y subieron a 7.000 hasta que se inició la corrida cambiaria.
En montos, de $14.000 millones concedidos en marzo se redujo a $2841 millones en setiembre y $2693 millones en diciembre.
Lo curioso es que su encarecimiento, así como ahuyentó nuevos candidatos, no afectó el cumplimiento en el pago de las cuotas, ya que el Banco Central registra 219 morosos sobre 99.698 deudores de créditos hipotecarios en total.
Los entendidos afirman que si el cinturón aprieta, la opción pasa por dar prioridad a la hipoteca antes que la tarjeta de crédito, porque en realidad la alternativa del alquiler resulta más onerosa.
El economista Martín Tetaz hizo la cuenta en una nota que publicó en Clarín: “Desde que se lanzaron los UVA, en abril del 2016, la inflación fue del 112% pero los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires subieron 115%. Lo concreto es que a casi 3 años de lanzados los nuevos créditos, el que se metió en un UVA sigue pagando menos de cuota que lo que paga de alquiler el que no se animó o no pudo sacar el préstamo”, señaló.
De todos modos, en Chile, de donde se inspiró este tipo de financiación a largo plazo indexada, el mercado de los préstamos para vivienda representa el 18% del PBI. En Perú, el 5,5%, y en nuestro país sólo del 1%.
Claro que lo que hay de inflación anual en aquellos países vecinos, en Argentina es una tasa mensual.
