Menos empleo y más pobreza dieron inicio al 4° año del mandato conferido en las urnas a Cambiemos. Este cóctel social que apura la sociedad argentina está potenciado por una pertinaz inflación, y dentro suyo los tarifazos, que diezma el poder adquisitivo del salario inclusive al 64% de la población económicamente activa que trabaja en condiciones normales. El 36% restante padece, además, de desocupación, semiocupación y las diversas formas en que se manifiesta una creciente precariedad. 2018 había finalizado con 69.696 despidos y suspensiones, consecuencia de que el país trabaja a media máquina, y la destrucción en total de 210 mil empleos.
Pero, además, con un tercio de pobreza en el 3° trimestre, según anticipó el Observatorio de Deuda Social de UCA, aunque en marzo el INDEC difundirá su propia versión, que no apunta a ser mucho menos negativa. La crónica diaria del verano viene a contramano de lo que recomienda el director de la entidad académica católica, Agustín Salvia, cuando dice que “salir de la pobreza va a requerir crear empleo”. Los conflictos laborales coparon la plana e involucran a nombres de la talla de Fate, Tecpetrol, Siam, Siderar, Electrolux Rosario, VF Corporation (con las marcas Wrangler y Lee), Copetro, OXL, alaMaula, Pedidos Ya, editorial Atlántida, La Nación, Ansa Latinoamérica y siguen las firmas. Los telegramas se suceden, a pesar de que el titular de la UIA, Miguel Acevedo, afirma que hacen todo lo imposible para no echar. Desde que el gobierno estableció en noviembre que las empresas debían informar 10 días antes de efectivizar despidos sin causa, el Ministerio de la Producción y Trabajo llevaba recibidas, al 1 de febrero, 7.666 solicitudes de cesantías cursadas por 1.924 firmas. La UIA destila precisamente optimismo: pronosticó que, en el 1er semestre, la retracción del sector rondará entre el 5% y el 6%.
La situación laboral fue resumida por el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, tras el encuentro entre el consejo directivo y los representantes regionales de la entidad, cuando declaró a Infobae: «Se hace todo lo posible para no echar gente».
Más temprano, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, admitía en conferencia de prensa que el próximo índice de pobreza que dará a conocer el INDEC en marzo viene «peor» que en las últimas mediciones, en este caso la del 1er semestre de 2018, que había sido del 27,3% en todo el país.
Lo anticipó en diciembre el Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, cuando para el 3° trimestre midió 33,6% de la población debajo de la línea, la mayor en 10 años.
Su director, Agustín Salvia, ya no veía otra alternativa para bajarla que las familias multiplicasen los ingresos, lo cual se lograría con más empleo y mejores salarios, todo lo contrario de lo que viene sucediendo: según la propia Secretaria de Trabajo, a noviembre se contaban más de 117.000 despidos en el sector formal registrado, de los que 61.000 –es decir más de la mitad– provienen de la industria, se encargaron de remarcar en la UIA, donde se los atribuye al derrumbe del uso de capacidad instalada.
Inclusive, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevé para este año un incremento del nivel de desempleo, a contramano del repunte del 2% en la región, con el agravante de que en nuestro país el trabajo precario supera el 47%.
No es de extrañar, si se tiene en cuenta que, desde mediados de noviembre, en que el gobierno estableció que las empresas debían informar 10 días antes de efectivizar despidos sin causa, y hasta el pasado 1 de febrero, el Ministerio de la Producción y Trabajo llevaba recibidas 7.666 solicitudes de cesantías por parte de 1.924 compañías.
El INDEC publicó que en diciembre las fábricas funcionaron al 56% de su potencial y en rubros como el textil y el automotor la parálisis llegó a superar al 65%. Metalmecánica, caucho y plástico, ediciones e impresión y tabaco les siguieron como las industrias más castigadas por la recesión.
Las estadísticas no hicieron más que reflejar una realidad social palpable en el día a día de la calle en lo que va del verano.
Sin consumo interno ni exportaciones de manufacturas que lo sustituyan, muchas de las empresas apelaron al telegrama para adaptar los costos de mano de obra a los languidecientes talonarios de facturas.
El comercio en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense pagó en enero el precio de la recesión con un promedio de 2.536 locales cerrados y 10.144 puestos de trabajo perdidos, según la Encuesta Semestral Económica (ESE), llevada a cabo por 120 colaboradores de la ONG Defendamos Buenos Aires y el Estudio Especializado Miglino y Abogados.
Hubo casos emblemáticos que ocuparon espacios en los medios, como el de Tecpetrol en Vaca Muerta, que “por decisión empresaria”, según el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, paró 3 equipos de perforación en Fortín de Piedra, y afectó a 300 trabajadores.
Está asimismo el de la principal productora de neumáticos del país, FATE, que presentó a principio de mes ante la Secretaría de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis ante en el cual prevé el despido de 437 empleados a partir de la eliminación de un turno completo de trabajo.
La firma propone reducir 25% la plantilla, ya que actualmente cuenta con cerca de 1.800 empleados bajo convenio y otros 200 mensualizados, distribuidos en cuatro turnos, y posee la capacidad para producir en total 5 millones de neumáticos al año.
Si bien se contrajeron tanto la venta interna como la exportación, la interpretación gremial es que el trasfondo sería forzar una flexibilización en la reglamentación laboral que le permita suprimir un turno –según publica Urgente 24-.
Según Javier Madanes Quintanilla, sería posible modificar la jornada laboral con solo solucionar el marcado ausentismo en la planta, con picos del 17%, lo cual, aduce, impide que se alcancen niveles de productividad competitivos con el resto del mundo.
La parte gremial retruca que, entre 2015 y 2017, la compañía había obtenido una ganancia por $480 millones con las condiciones laborales ahora impugnadas por la patronal.
FATE integra un holding junto a Aluar e Hidroeléctrica Futaleufú entre otras, que en 2018 facturó 46.000 millones de pesos.
Bajas fabriles
Hubo otros despidos en la industria en plena conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral, como es el caso de Pilisar SA-Siam, que comprendió a 20 trabajadores. Asimismo en Siderar y Electrolux, en Rosario, donde en 5 meses se registraron 800 bajas en el sector industrial. Se le sumaron Copetro, la firma portuaria de la localidad bonaerense de Ensenada, que echó a 22 estibadores del puerto platense, y la cristalería El Progreso, una cooperativa quilmeña que bajó la persiana y dejó afuera a 210 empleados.
También una sensible víctima acaba de cobrar la actividad textil, que atraviesa una crisis muy profunda, según reconoce el secretario de la central de entidades textiles y vocal de la fundación Pro Tejer, Raúl Hutin y confirman los datos de capacidad instalada de noviembre, de 43.7%, o sea que de 100 máquinas no están produciendo 56: VF Corporation, quien maneja en Argentina las marcas Wrangler y Lee, informó que cerrará todas las plantas que tienen en el país, con lo que deja más de 200 empleados y sus familias en la calle.
De la debacle ni siquiera se salvó uno de los unicornios, como se le llama a empresas de tecnología que superaron la valuación de u$s1.000 millones: OLX, la plataforma de compra y venta de productos fundada por el argentino Alec Oxenford, que compite con Mercado Libre por una empequeñecida torta doméstica, en comparación con que disputa en otros 40 países.
Despidió a 50 empleados y estaría analizando la conveniencia de continuar o no en la Argentina.
Hace una semana ya había decidido dejar de operar en el país a partir del 4 de abril el sitio de avisos clasificados alaMaula, propiedad de eBay.
Hasta fuentes de trabajo de la nueva generación empresarial, como Pedidos Ya, transmitieron oralmente a 14 empleados y empleadas en Córdoba que serían despedidos sin previo aviso, mientras toman personal con monotributo, sin obra social, aportes, ni ART.
Otras empresas de la vieja guardia que no logran sobreponerse al impacto que trajeron las transformaciones de la era digital, como la industria editorial, tiran la toalla, como La Nación, que cerró su planta gráfica para tercerizar la impresión de sus ediciones diarias, y centenaria Atlántida, que deja de publicar la revista Para Ti luego de 97 años de existencia. Despidió la semana pasada 14 trabajadores y directivos, que se suman a los 23 desvinculados en enero.
En el rubro, la agencia italiana de noticias ANSA anunció despidos masivos en la sede de Buenos Aires, cabecera central de ANSA-Latinoamérica desde 1952.
En todo 2018, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) contabilizó 69.696 despidos y suspensiones, a un promedio de 5800 nuevos casos por mes durante todo el año, que representan 91% más que en 2017.
El desagregado:
-la industria despidió y suspendió a 37.341,
-el Estado, sumando a las empresas del capital estatal y las reparticiones de la órbita del Poder Ejecutivo, cesanteó a 16.303,
-las empresas de servicios se desprendieron de 13.470,
-la construcción tuvo 1581 casos, y
-el sector primario, 1001.
“En 2018 se superpusieron dos procesos. En los primeros 2 meses los despidos del sector público fueron más significativos, pero luego el deterioro se trasladó al sector privado. En los últimos 4 meses, el aumento de los despidos y suspensiones en las empresas privadas se disparó”, señaló Hernán Letcher, director del CEPA.
Otra particularidad indica que 1 de cada 8 despidos fue consecuencia del cierre de empresas, proporción que en la manufactura aumenta a 1 de cada 6.
