También les quitaron el 40% del sueldo. Acusados por mal desempeño, serán juzgados tras una decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense.
El caso de Lucía Pérez (16), cuyo femicidio conmocionó a la sociedad en 2016, tiene hoy dos escenarios. Por un lado, el nuevo juicio que ordenó la Suprema Corte de Justicia Bonaerense para juzgar, de nuevo, a los tres sospechosos del abuso sexual y asesinato de la adolescente. Por otro, la acusación por mal desempeño contra los jueces Tribunal Oral Criminal N°1 de Mar del Plata que absolvieron a los acusados en el primer debate. Precisamente, este martes dos de los magistrados fueron suspendidos para ser sometidos a un jury, en una decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, publica Infobae.
En la audiencia realizada esta mañana, y que fue presidida por la magistrada de la Suprema Corte Bonaerense Hilda Kogan, se hizo lugar a la acusación contra los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, quienes en noviembre de 2018 absolvieron a Matías Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y Alejandro Maciel (62) acusados del femicidio de Lucía, resolución que el año pasado fue revocada por la Cámara de Casación.
Además, a los dos magistrados se les retendrá el 40 por ciento del sueldo. El tercer integrante el tribunal, Aldo Carnevale, decidió jubilarse en 2019 y esquivar, así, las sospechas sobre su accionar. Ahora, con la suspensión provisoria de los jueces, deberán presentarse las respectivas pruebas para dar inicio al debate público, cuya fecha aún no fue dispuesta, para establecer si se los destituye o no de sus cargos.
El fallo que dictaron -y por el que llegan a juicio- es uno de los ejemplos a los que se apunta cuando se habla de “justicia patriarcal”. En su veredicto, al condenar a dos de los tres acusados por suministro de drogas a una menor de edad, los jueces dijeron que no había existido ni violación ni feminicidio.
“Lucía tenía 16 años y Farías 23, por lo que sería muy forzado hablar de una situación de desigualdad o superioridad, sobre todo teniendo en cuenta la personalidad de Lucía quien no se mostraba como una chica de su edad y que además había referido mantener relaciones con hombres de hasta 29 años”, decía uno de los párrafos de la sentencia.
Esa resolución, con sus consideraciones, causó indignación social por el impacto que había tenido en la sociedad el caso de Lucía. Los tres jueces fueron denunciados. Según indicaron a Infobae fuentes del caso, hoy, a puertas cerradas, el Jurado de Enjuiciamiento conformado por funcionarios judiciales, legisladores y abogados se reunióen el Salón Dorado del Senado provincial para escuchar las acusaciones del Procurador General de la Provincia, la Comisión Bicameral de la Legislatura Bonaerense, el Defensor del Pueblo de la Provincia y la familia de Lucía Pérez. Estuvieron diez de los once miembros del jurado (solo falto el diputado Roberto Costa). Allí se debatió si se archivaba el caso o se avanzaba hacia el jury.
Por unanimidad, este martes se decidió declarar admisible el juicio. Antes, en una resolución dividida, también se rechazó la recusación de la jueza Hilda Kogan, ministra de la Suprema Corte bonaerense, como presidenta del jury, señalaron las fuentes consultadas por Infobae. Algunos de los legisladores que integran el jurado podrían cambiar de cara al recambio legislativo que se concretará a partir del 10 de diciembre.
La familia de la víctima celebró la noticia. Confían en que podrá concretarse la destitución de los magistrados. “Lucía no tuvo ningún derecho. Los jueces no respondieron a ningún derecho de Lucía”, dijo a radio Provincia Marta Montero, madre de Lucía, que estuvo en las afueras de la legislatura esperando la sustanciación de la audiencia.
A partir de ahora, se abre un proceso de pruebas: los jueces cuestionados tendrán la posibilidad de justificar su proceder y los acusadores de sostener las denuncia por mal desempeño. A los jueces Gómez Urso y Viñas se les achaca haber dictado un fallo “incompatible” con el derecho internacional de los derechos humanos y la falta de “perspectiva de género en el juzgamiento de delitos sexuales”.
Además, se les reprocha no haber considerado que “la niña fue drogada, abusada sexualmente y asesinada, por lo que la sentencia dictada, lejos de ajustarse a derecho, evidencia una clara arbitrariedad, que deja impune el femicidio, de lo que demuestra con supina claridad la incompetencia e incumplimiento a los deberes del cargo de los juzgadores”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo bonaerense consideró “ejemplar” la suspensión de los jueces y aseguró que la medida adoptada “es un paso adelante para que la perspectiva de género sea un elemento central a la hora de juzgar”.
Así lo consideró Cecilia Rodríguez, directora Jurídica y Técnica del organismo que conduce Guido Lorenzino, que es uno de los acusadores junto a la Procuración General de la Provincia, la Comisión Bicameral de la Legislatura y la familia de la menor asesinada.
”El Jurado de Enjuiciamiento dio lugar a nuestra acusación, en la que pusimos el acento en que el fallo de primera instancia estuvo viciado de parcialidad, prejuicios y estereotipos de género, sin tener en cuenta las convenciones de Derechos Humanos vigentes y obligatorias para nuestro país. Los jueces pasaron por alto estas normas que protegen a las mujeres y que, en este caso, se utilizaron en contra de la víctima”, expresó Rodríguez.
En el juicio por la muerte de Lucía Pérez, los jueces condenaron a los imputados por venta de estupefacientes pero los absolvieron por femicidio y encubrimiento. Esta sentencia motivó a la Defensoría a acusar a los jueces por entender que estuvo llena de estereotipos sexistas y discriminatorios.
