Después de un rebote con sabor a poco la economía ha empezado a enfriarse, según cuentan informes oficiales y privados. Un tormento y un mal augurio electoral agravados por una inflación que, lejos de aflojar, se recalienta.
Una visión de la economía, tomada del último Informe de Política Monetaria del Banco Central, dice: “El crecimiento de la actividad ya se habría detenido en junio y agosto, en un contexto de mayor volatilidad financiera y aceleración inflacionaria. Y se espera un deterioro durante el tercer trimestre en relación al segundo”.
Mezclada con referencias a pronósticos privados donde el PBI cae sin vueltas en la segunda mitad de 2022 y apenas repunta algún punto el año próximo, la descripción del BCRA suena bastante parecida a la realidad. Esto es, semejante a una fotografía profesional, limpia y despojada de los retoques y maquillajes que suelen utilizarse en el laboratorio oficial.
Ahora, el comentario de un economista alguna vez cercano al kirchnerismo: “No existe allí nada de fondo que debiera sorprendernos. ¿Qué otra cosa podía pasar cuando manda un ajuste fiscal que es noticia cada día, con tasas de interés por las nubes y cepos interminables a las importaciones, más una inflación del 100% que de pique sacude a los salarios y al final le pega de pleno al consumo?” Lo que sigue son datos de una consultora muy cotizada que también aportan al cuadro general.
Uno de ellos dice que luego de crecer 6,8% durante el primer trimestre, el consumo privado se desaceleró al 2,1% entre abril y junio y se plantó en el 1% en julio. Otro, que en la misma comparación las subas en las ventas de supermercados retrocedieron del 3,5 al 1,5%. Y el tercero, que desde julio se advierte una fuerte tendencia de los consumidores a estoquear, tanto en súper como en comercios mayoristas.
Las estadísticas no mienten
El enfriamiento de la actividad económica aparece, nuevamente, en las estadísticas del INDEC sobre dos sectores clave: la producción industrial y la construcción. Un punto común es que, en los ocho meses que van de enero a octubre de 2022, ambos anotaron cuatro registros negativos y otros cuatro positivos.
El resultado sería un empate, neutro, si no fuese porque los dos venían de volar en 2021: 15,8% la industria y nada menos que 30,9% la construcción, contra 2020. Tiempo pasado, más sonoro en los números que pregona el Gobierno que en la realidad que percibe la población; sobre todo, en la siempre creciente población de bajos recursos.
A propósito del veranito económico hablan, claramente, la cantidad y calidad del empleo que se recuperó o creó tras la pandemia y el azote de la cuarentena kirchnerista.
Los datos oficiales cuentan que hacia el segundo semestre de 2022 se habían levantado dos millones de puestos de trabajo caídos, un número considerable salvo que el 85%, o sea, 1,7 millones de ellos, corresponde a asalariados informales y cuentapropistas. Es decir, empleos inestables, precarios, mal remunerados y por lo tanto de peso menor en el consumo.
Un informe de la consultora ACM agrega el dato que falta y cierra el círculo: en el acumulado hasta julio, el salario nominal promedio de los trabajadores privados no registrados, en negro, creció 31,7%, lo cual significa que perdió 14,5 puntos porcentuales contra la inflación del 46,2%. Una enormidad agregada a otra enormidad: respecto de diciembre de 2020, la pérdida sube a 16 puntos largos.
Es obvio que este ejército de trabajadores sufre la súper inflación como todo el mundo, por decirlo de alguna manera, pero el caso es que la sufre con un muy limitado poder de fuego: son alrededor de 9 millones que no entran en las paritarias y que ni por error piensan en el 131% que pide Camioneros o el 94% que arregló La Bancaria y elogió Cristina Kirchner.
El gasto social no alcanza
Puesto de otra manera, no están sindicalizados, carecen de seguro por desempleo y nunca figuraron en la lista de injusticias contra las que la CGT y el kirchnerismo duro acostumbran protestar.
Visto semejante panorama laboral se entiende por qué la pobreza sigue viva y coleando, pese a la montaña de plata que el gobierno gasta en planes sociales: 84% más que en 2020, de un presupuesto que, ya agotado, acaba de ser incrementado a 1,1 billón de pesos.
Del mismo boletín, los actuales niveles de pobreza son comparables a los de fines de 2007, es decir, a los de hace 15 años o una década y media. Sumados al potente 42% que, medido en personas, canta el Conurbano bonaerense alumbra la previsible conclusión de que nada muy diferente ocurrirá a corto plazo. Es lo que se llama, lastimosamente, convivir con la desigualdad y la injusticia.
Contra esa pared choca un dato de los especialistas que consulta el Banco Central y agita el Gobierno: plantea que gracias a que el acumulado del primer semestre compensó de sobra el repliegue del segundo, este año el PBI terminaría con una suba del 4,1%. El problema es que, para esos especialistas, en 2023 el Producto Bruto se plancharía en el 1%, lo cual resulta igual a decir crecimiento por habitante cero.
Todo demasiado frío en el espacio que debe ser activado de modo de cambiar el clima, potenciar empleo y alimentar expectativas de tiempos mejores. Uno de los peros de la realidad que fastidian al oficialismo apunta, ahora, a una inflación que contornea todo y que, según los analistas, ya se proyecta por encima del 100% anual, el doble que calculaba el pronóstico con el que habían arrancado 2022.
El muestrario sobre el índice de precios relevado por el BCRA señala 90,5% para 2023 y 66,8% en 2024 y, en el mismo conteo, surge que recién dentro de dos años habría algo parecido al 60% que el Gobierno ha estimado en el Presupuesto Nacional de 2023.
Por donde se mire, viento de frente para pelear por la recuperación de los salarios caídos, y caídos en grande. Y, en simultáneo, nubarrones sobre una economía que sigue estancada y subordinada a un consumo privado que adelgaza; una economía que sólo crea empleo formal del Estado y poco, o directamente ninguno, del sector privado.
En el mientras tanto toca ajuste en continuado, a la medida del acuerdo con el Fondo Monetario o al modo que manda la regla de evitar cortocircuitos que puedan hundir el ancla que, a falta de otras, hoy tiene el kirchnerismo.
De ahí viene el nuevo aumento del 40% en colectivos y trenes que se agregará al 40% agosto, para redondear un 95% que remacha el final de 40 meses de congelamiento. Estamos hablando de transportes de pasajeros cuyo movimiento, medido en boletos, creció un 150% durante los últimos doce meses.
El saque cae sobre una enorme cantidad de usuarios de la Ciudad y el Gran Buenos y aplicarlo ahora es una manera de sacarlo del terreno electoral, en 2023. Pero aun cuando se le asigne un efecto fiscal limitado, alguno tendrá sobre un gasto en subsidios que crece al 90% y acaba de ser ampliado a $ 373.800 millones.
Bastante más complejo, en algún sentido cenagoso, es el caso del incremento en las tarifas de la electricidad. La idea consiste en aplicarlo ya en los hogares de ingresos considerados altos, pero no queda definitivamente claro cuántos usuarios entran en la categoría de quienes pierden el subsidio y pasan a pagar tarifa plena.
El problema que es al fin un problema del Gobierno salta en el hecho de que un 35% de los usuarios de Edenor y Edesur no se inscribió en el registro de los subsidiados, un universo que pasa da largo al 10% que se había estimado inicialmente y avanza, así, hacia dos dimensiones bien complicadas. La primera, que perder el subsidio equivale a incrementos en las tarifas que llegan al 200%. La segunda, que el 35% sería en realidad 45% si en vez del Conurbano se toma la provincia de Buenos Aires completa.
Estaríamos entonces ante un saque muy fuerte, políticamente contraindicado y doblemente contraindicado si se extiende al gas natural. Concentrado nada menos que en el corazón electoral del cristinismo y el lugar que la vicepresidenta ha resuelto fortalecer por todos los medios, empezando por recursos del Estado nacional inaccesibles para otras provincias.
El cuadro político significa esfuerzo sobre esfuerzo y, visiblemente, sin garantías de triunfo seguro. Basta con ver solamente los tropiezos de los colores más diversos que, en seguidilla, acumula el gobernador Axel Kicillof.
De todos modos y apelando al argumento del agujero fiscal, el FMI advierte sobre la necesidad de cumplir el compromiso de apretar los subsidios energéticos. Pese a un primer recorte, en agosto, todavía crecen al 72%, han entrado en zona del billón de pesos y avanzan hacia una partida anual ampliada a 1,6 billón.
Trabajo y frente de tormenta para Sergio Massa. Más de lo que tiene por delante en el largo, sinuoso camino que lleva a las presidenciales de octubre del 2023.
