La toma iniciada el pasado sábado 18 de febrero en los terrenos de la intersección de las avenidas Nahuel Huapi e Italo Dell Oro ya tiene a 67 familias instaladas en tierras fiscales.
Reunidos por la preocupación de un avance de las fuerzas de seguridad y las amenazas de vecinos del sector, enviaron un comunicado a la redacción de EL COMODORENSE para detallar su situación.
“Queremos informar a la sociedad en general que las razones que nos motivaron a asentarnos en este predio municipal es la falta de vivienda o inmueble propio, circunstancia esta que no es ajena la sociedad en general, máxime sabiendo que la mayoría de los barrios de comodoro tuvieron su génesis en asentamientos como este”, iniciaron diciendo.
“Por este motivo en particular pedimos a los vecinos que no nos juzguen”, añadieron al respecto en el comunicado escrito con colaboración de un abogado cercano a varios ocupantes.
En la misma vía, indicaron que “esta situación la padecen todas las generaciones que por falta de una política eficiente de acceso a la tierra se les obstaculiza la operatividad del acceso a una vivienda digna” y en ese contexto “ante la falta de respuesta del Estado tomamos esta decisión”.
Sobre ello, indicaron que “a pesar de no constituir técnicamente un delito se nos tilda de delincuentes desde la asesoría legal del municipio en un acto de manifiesta violencia institucional”.
“Solicitamos a las autoridades municipales provinciales y nacionales que tomen la debida intervención para que nuestros Derechos fundamentales no sean conculcados y la escalada de violencia institucional concluya con un desalojo violento en el que puedan resultar victimas nuestros hijos”, aseveraron más adelante.
Sobre el cierre, el escrito reza: “Esperamos que se solucione de manera favorable este conflicto de intereses entre el gobierno municipal y nuestras familias que solo queremos que nuestros DDHH sean reales y efectivos, para ello solicitamos específica y encarecidamente la intervención del Ministerio de la Defensa Publica Civil”.
