La mitad de los gobernadores no lo pagará por tener cláusula de ajuste o no poseer fondos. Otra vez el Gobierno optó por un atajo en lugar de enfrentar la presión sindical, que cada vez representa a menos trabajadores en actividad.
El olfato y expertise de la CGT fue más que la habilidad negociadora del Gobierno, que con tal de no tener que enfrentar una escalada de la conflictividad social y sindical en el amanecer de la Cumbre del G-20 cedió el pago por decreto de un bono de $5.000 a fin de año. Sin embargo, todo este sainete del bono que apuntaría a compensar la última escalada inflacionaria, sólo terminará beneficiando a menos del 20% de todos los trabajadores, formales e informales.
Sin duda que una economía que viene de afrontar una severa crisis cambiaria y ahora está inmersa en un contexto recesivo, constituye un sólido argumento para justificar complicaciones en el pago del bono, aunque la empresa esté en condiciones de afrontarlo. Lo cierto es que la heterogeneidad del impacto de la recesión en los distintos sectores económicos, sobre todo entre las pymes y minipymes, deja serios interrogantes sobre la capacidad del sector privado de poder cumplir. Es más, cada día un nuevo gobernador se suma a la lista que advierte que no pagará el bono, ya sea porque se escuda en que tiene pactada una cláusula de ajuste salarial o directamente porque no tiene fondos.
De modo que cuando se observa el universo del mercado laboral, que de por sí ya viene duramente castigado en los últimos años, se tiene que entre empleos formales e informales hay aproximadamente 17,1 millones de trabajadores. Por un lado tenemos 6,2 millones de asalariados privados, de los cuales la consultora OJF estima que 3,3 millones trabajan en grandes empresas y 2,9 millones en MiPymes. Luego hay 3,2 millones de asalariados en el sector público. A estos se suman 1,6 millones de monotributistas, 0,3 millón de monotributistas sociales, 0,4 millón de autónomos y otro medio millón de personas empleadas en casas particulares.
Por lo tanto se tiene así un total de empleados formales de 12,2 millones. Por otro lado, hay 4,9 millones de personas empleadas informalmente, según OFJ. De modo que entre formales e informales hay 17,1 millones de personas empleadas. De ahí que la consultora advierte que, dadas las actuales condiciones económicas y financieras, los asalariados privados de las grandes empresas son los que tienen casi garantizado el cobro del mentado bono. O sea, son sólo el 19% de todos los trabajadores, o el 27% de los formales. Respecto de los empleados públicos, sólo serían beneficiados los nacionales.
No puede soslayarse que de 17 millones, hay casi 5 millones que no lo cobran de arranque. Y si de 12 millones sólo lo cobrarían 3 millones, sin duda, el atajo elegido no viene a subsanar nada. Pero esta falencia está emparentada con la baja representatividad del sector gremial que está más vinculado a las grandes empresas. Todo el resto queda casi acéfalo. Ya sea por no tener cláusula de ajuste, o no tener paritarias, o porque el sector atraviesa una crisis compleja.
Pero todo esto parece no inquietarle al Gobierno que solo aspira a que los gremios y los movimientos sociales «no hagan olas» en la Cumbre del G-20. Por algo esta vez con cierto atino, el Gobierno confirmó que las fuerzas de seguridad recibirán este adicional. Veremos qué pasa después del G-20.
