Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams avanzan con las imputaciones de Correa, Lüters, Gilardino, Suárez y Huichaqueo.
Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams solicitaron la “audiencia de apertura de investigación preparatoria” por hechos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, en concurso real con la figura de concusión, en la modalidad de delito continuado, en calidad de coautores. Los imputados en la investigación son Diego Miguel Correa (detenido), Diego Luters, (detenido), Alberto Gilardino, Marcelo Fabian Suarez y Leticia Bibiana Huichaqueo.
Los hechos por los cuales se los imputa a los mencionados dan cuenta que el día 29 de marzo del año 2017, a partir de las 18, la provincia del Chubut sufrió un fuerte temporal de lluvia, con precipitaciones récord para la zona, el cual se extendió por varios días. Comodoro Rivadavia sufrió enormes pérdidas materiales, entre bienes públicos y privados, obligando a la evacuación de un gran número de residentes de la ciudad petrolera por anegación y en algunos casos por destrucción de las viviendas en que moraban.
Como consecuencia del cuadro reinante, y a fin de paliar la dramática situación que enfrentaban muchos chubutenses, el gobernador por aquel entonces Mario Das Neves suscribió el día 30 de marzo del año 2017 el decreto 353/17, por medio del cual se declaró el estado de emergencia climática en los Departamentos de Escalante, Biedma, Florentino Ameghino, Rawson, Telsen, Gastre, Paso de Indios y Los Martires, afectadas por el evento climatológico, por 120 días corridos contados a partir de la fecha aludida.
En ese contexto, se creó un crédito especial en el ámbito del Ministerio Coordinación de Gabinete, denominado Fondo de Emergencia Climática por la suma de $10 millones. Además, el decreto autorizó al Ministro De Coordinación de Gabinete, en ese momento era Alberto Gilardino, a tramitar, aprobar y contratar sin requisito de orden de compra, suscripción de contrato, requerimientos de garantías en los anticipos a cuenta del precio, y de solicitud de precios en la contratación directa, exceptuándolo de las prescripciones de sus reglamentos para la adquisición de bienes, prestación de servicios, a los fines de la ejecución de las obras necesarias para afrontar el Estado de Emergencia Climática acontecida en los departamentos ya enunciados.
Luego, en fecha 5 de abril del 2017, por decreto 387/17, se extiende a todo el territorio provincial el estado de emergencia, y además, por decreto 409/17, de fecha 7 de abril del año 2017 se amplía el Crédito Especial denominado Fondo de Emergencia Climática por otros $10 millones en los mismos términos que el Decreto 353/17.
En este contexto, los fiscales entienden que Correa, Luters, Gilardino, Suarez y Huichaqueo, con pleno dominio de hecho y división de funciones, pergeñaron un plan para defraudar al estado provincial, realizando todos ellos aportes esenciales en el tramo ejecutivo para alcanzar el fin propuesto.
Según explican los fiscales, en primer lugar, había que darle a los expedientes apócrifos que se iban generando en el marco de las contrataciones directas, visos de legalidad. Es por ello que, en todos aquellos expedientes analizados aparece la firma de Marcelo Suarez, al pie de los Memorandum, los cuales eran dirigidos a Diego Correa, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social -a cargo de Huichaqueo- a la Subsecretaria Unidad Gobernador -con Correa al mando-, solicitando se autorice el pago de la adquisición de materiales, necesarios en la emergencia.
Ahí se consignaba el proveedor, la factura pertinente, y el monto de dicha operación. A su vez el propio Suarez conformaba las facturas emitidas por lo proveedores para luego elevar la documentación aludida al Ministerio de Coordinación de Gabinete.
Una vez que dicha documentación llegaba a destino, la Directora General de Despacho y Privada, le daba ingreso formal, asignándole el número de expediente respectivo. Luego pasaba por las manos de Diego Correa y Alberto Gilardino quienes autorizaban lo solicitado por Suarez, para luego proseguir el trámite administrativo en miras a ser pagado.
Sin embargo, no se correspondía con la realidad de los hechos.
En efecto, las compras se canalizaron a través de la Unidad Gobernador desde donde se seleccionaba a los proveedores con quienes contratar. El proveedor entregaba la factura respectiva a Luters y éste a través una la persona que prestaba servicios en la Unidad de Gobernador, las remitía a la Subsecretaría de Desarrollo Social, para el armado del momorandum. Allí Suarez firmaba pese a que sabía que el contenido del memorándum era absolutamente falso.
Posteriormente, y de forma similar, ya no por el total de la facturación, sino por una parte de la misma, Luters reeditó la exigencia aludida, a fin de que parte de los montos que se le pagaba al proveedor retornase a manos de los funcionarios infieles. Esos montos según el testimonio fueron entregados a manos de Luters en cuatro oportunidades, discriminados en $135.000, $98.000, $61.000, $98.000. Dichos montos fueron entregados por un empleado del comercio de manera personal a Luters, en distintos puntos de la ciudad de Trelew. El nombrado una vez que recibía el dinero en efectivo el cual era trasladado en el interior de una bolsa, extraía un listado y subrayaba con un marcador fluorescente la concreción de dicha entrega.
Para completar la maniobra, y darle apariencia de legalidad al acto administrativo, y que no existan ningún tipo de dudas que la mercadería había ingresado en el ámbito del depósito dependiente del Ministerio de la Familia, era necesario la firma del remito, que documentara el ingreso aludido. Es aquí que aparece como un eslabón fundamental para la realización del resultado conforme al plan, el rol de la Ministro de Familia de entonces, Leticia Huichaqueo.
La ministra ordenaba hacer comparecer en sus oficinas donde prestaba funciones, a Vanina Barale encargada del depósito donde se dejaba la mercadería, a quien se le hacían firmar los remitos respectivos sin haber ella controlado la mercadería depositada. Luego los remitos firmados, se agregaban al expediente administrativo, bajo la apariencia de que Barale había controlado el ingreso de la mercadería, redondeando la maniobra defraudatoria y de esta manera se concretaban los hechos relatados precedentemente en el cual resultará víctima el estado provincial.
