La cuestionada Smartmatic, responsable del software que realizará el escrutinio de las elecciones, quedó firme en su designación tras la resolución de este miércoles a la noche por parte de la jueza con competencia electoral María Romilda Servini que aceptó la sugerencia del Gobierno de designar veedores judiciales para dar «mayor» certidumbre al conteo provisorio de votos y desestimó el amparo presentado por el Frente de Todos para apartar a la empresa.
En su resolución, Servini dispuso poner al frente de la tarea de controlar el escrutinio al máximo responsable de la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, quien además podrá convocar a los «agentes que considere necesarios» para reforzar el control de la transmisión de datos y el conteo, uno de los pedidos que había formulado la oposición.
Así, aceptó la sugerencia de veedores judiciales que hizo el Gobierno para que presencien «todos los procesos técnicos» en el conteo de votos de las PASO del domingo.
«El accionante (en alusión al Frente de Todos) conoce la improcedencia de su pretensión, de manera que debería presumir sobre el rechazo de su acción. No obstante, la publicidad y difusión que ha tenido su presentación, pone de relieve cuál fue su real intención», dijo en su presentación ante Servini el Ministerio del Interior.
En este sentido, señaló que «pretender apartar a la empresa encargada del escrutinio a pocos días de su realización, obsta a que pueda sustituirse por otra o por el propio Estado, lo que en los hechos implicaría la imposibilidad de la realización pues no existe posibilidad material de modificar el sistema o sustituirlo, menos cuando la pretensión se basa únicamente en especulaciones que nada tienen que ver con la realidad objetiva».
«El actor basa su pretensión en hipótesis futuras, en virtud de las especulaciones realizadas sobre eventuales posibilidades de fraude, que no han sucedido nunca desde el regreso de la democracia», aseveró el Gobierno Nacional al responder lo denunciado judicialmente por el Frente de Todos al requerir el dictado de una medida cautelar que desplace a SmartMatic y retorne a la modalidad de traslado físico de telegramas.
«Queda claro que la acción (del Frente de Todos) no persigue la tutela de derecho vulnerado sino que su intencionalidad es absolutamente política», afirmó en sus conclusiones el Gobierno Nacional.
El Frente de Todos había presentado un amparo contra el Estado nacional, el Correo y Smartmatic para dejar sin efecto la digitalización de los telegramas y el conteo por parte de esa empresa –según publica Urgente 24-.
