El comienzo del año electoral encuentra al Gobierno frente a algunas apremiantes urgencias: conseguir vacunas para aplicar cuanto antes, mantener la economía activa y contener la inflación.
Sin vacunas, no hay futuro. Suponer que la economía puede despegar sin atajar el avance del coronavirus, de comportamiento hasta aquí impredecible, es desconocer la cruda realidad.
Sin ninguna posibilidad de que el Gobierno pueda imponer nuevas restricciones a la circulación ni confinamiento alguno, no solo por la resistencia y fatiga social, sino también por la imposibilidad de financiar un eventual parate con IFE, ATP o plan alguno, el problema se desplaza a los sectores de la producción y el trabajo.
La irrupción de nuevas cepas no solo están colapsando los sistemas sanitarios y amenazando la vida, sino que están sacando forzosamente del mercado de trabajo a la gente que debe cumplir períodos de aislamiento sea por positividad como por contacto estrecho.
La UIA ha llevado al ministro de Trabajo Claudio Moroni su preocupación en torno a estos temas. El reclamo del entramado industrial esencial apunta a incluir cuanto antes a los trabajadores de sus plantas en los cronogramas de vacunación. Quieren adelantarse al curso de los acontecimientos.
Los datos estadísticos relacionados con el ausentismo COVID dan cuenta de una baja constante promedio de un 20% del personal de nómina en tareas presenciales. Son porcentajes que incluyen a quienes están eximidos de incorporarse en razón de pertenecer a grupos de riesgo así como a los que deben confinarse por la aparición de síntomas o por ser contacto estrecho de quienes hayan contraído la enfermedad.
Los Estados Nacionales monopolizan la compra de insumos y la organización logística de las campañas de inmunización, aquí y en el mundo. Hay sobradas razones para que así sea.
Asegurar una distribución equitativa del antídoto dentro de un marco de prioridades y evitar una interferencia en los mercados que produzca distorsión en el precio internacional de las dosis es clave. Quienes siguen de cerca el tema aseguran que faltan varios meses para que la comercialización de las vacunas pueda salir del control absoluto de los gobiernos para abrirse a la demanda de los privados.
Los especialistas aseguran que para lograr la inmunidad nacional hacen falta no menos de 80 millones de dosis. No es fácil conseguirlas en un momento de extrema tensión en el que los estados económicamente más poderosos sostienen una tremenda puja con los grandes laboratorios internacionales que lideran los procesos de producción.
Los países ricos se han garantizado provisión de dosis suficientes y prioridad en el suministro por encima de las necesidades puntuales de su población. Lo han hecho de manera anticipada y haciendo pagos de miles de millones para sostener las investigaciones y producción a riesgo de las distintas vacunas.
A eso hay que sumar las dificultades técnicas y logísticas propias de cada vacuna. En el caso de la Sputnik V, la producción de la segunda dosis es más lenta que la primera en razón de que el cultivo del adenovirus que la compone es más complejo.
Lejos de encaminarnos hacia un mundo más solidario, las desigualdades económicas y sociales se han profundizado de manera dramática en los últimos meses. El mercado sigue mandando.
Nota de opinión Infobae