Siete claves para entender el estallido social en Chile

20/10/2019

Siete claves para entender el estallido social en Chile

El alza del precio del pasaje del metro de Santiago es solo la punta del iceberg del violento estallido social que se ha registrado en Chile. Los manifestantes demandan mejoras en las condiciones de calidad de vida, garantía de acceso a los derechos básicos, eliminación de la corrupción y disminución de la desigualdad.

El telón de fondo es la desigualdad social, la concentración extrema de la riqueza, la impunidad ante la corrupción, la desconexión de la élite política y la precariedad de la sanidad, las jubilaciones y el sistema educativo.

No son problemas de ahora, se arrastran desde hace años y algunos tienen su origen en la dictadura de Augusto Pinochet, pero han confluido estos últimos días en un estallido furioso sin precedentes en la historia reciente de Chile, un país que se consideraba una balsa de aceite dentro de la convulsionada América Latina.

El anuncio del presidente Sebastián Piñera de dar marcha atrás a la subida del boleto del metro no logró aplacar los saqueos y el vandalismo se desató en varias zonas de Santiago y otras ciudades del país, porque la violencia ya se había convertido en un modo de expresar el descontento con el modelo político, económico y social.

Desigualdad Crónica

La desigualdad social fue uno de los principales motivos de una de las mayores protestas sociales en décadas en Chile, desatada en los últimos días.

Ni su elogiada política macroeconómica ni ser el país con el ingreso per cápita más alto de América Latina (superior a 20.000 dólares), libran a Chile de ser uno de los países con la mayor desigualdad social de la región. “Hay cada vez más personas que independientemente del nivel de ingresos se siente fuera del pacto social”, explicó Marcelo Mella, analista político de la Universidad de Santiago, a la agencia AFP.

La fractura social entre una robusta clase alta, concentrada en una veintena de familias, y el resto de la población que hasta ahora se conformó con el acceso al consumo mediante un alto endeudamiento, está en el ADN de las masivas protestas sociales en Chile.

Pensiones, un modelo privatizado y heredado de Pinochet

El sistema de pensiones es uno de los puntos que más rechazo concita en la sociedad chilena. El modelo fue establecido en 1980, durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), y obliga a los trabajadores a depositar cada mes cerca del 12 % de su sueldo en cuentas individuales manejadas por entidades privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Las AFP invierten en los mercados en busca de rentabilizar sus fondos y obtienen beneficios millonarios, pero no entregan pensiones dignas a los jubilados, que reciben mucho menos dinero del que ganaban cuando trabajaban.

Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, el promedio de las pensiones de vejez pagadas en agosto pasado fue de unos 220 dólares, poco más de la mitad del sueldo mínimo, que está en 422 dólares mensuales.

Paradójicamente, los miembros de las Fuerzas Armadas y las Policías cotizan en un sistema a parte, de reparto, que ofrece jubilaciones mucho más elevadas.

Educación de baja calidad y universitarios endeudados

La educación universitaria fue gratuita en Chile hasta 1981, cuando la dictadura simplificó los requisitos para la creación de universidades privadas.

Estos centros se multiplicaron hasta superar las cuarenta en un esquema de mercado en el que tenían libertad para fijar el valor de sus matrículas.

Al mismo tiempo, se redujo el aporte estatal a las universidades públicas ya existentes, que también comenzaron a cobrar aranceles como una manera de mantenerse competitivas.

El resultado actual de ese modelo es una amplia oferta de universidades privadas de dudosa calidad y matrículas carísimas, que obligan a los estudiantes a pedir créditos avalados por el Estado para financiar sus estudios.

Criminalización de los movimientos estudiantiles

Fortalecido en 2011 gracias a multitudinarias manifestaciones callejeras que pusieron a temblar al primer gobierno de Piñera (2010-2014), el movimiento estudiantil de Chile denuncia una campaña para desprestigiar su lucha.

El gobierno logró aprobar en el Congreso una ley que permite expulsar de los colegios a aquellos estudiantes involucrados en desórdenes graves y busca ahora aprobar una normativa para establecer un control preventivo de identidad desde los 14 años.

Sanidad pública precaria y privada discriminatoria

Los trabajadores deben cotizar en Chile por lo menos el 7 % de sus remuneraciones en planes de salud y pueden elegir entre hacerlo en el sistema público, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), o en el privado, sustentado por las Instituciones de Salud Previsional (Isapres).

Unos 14 millones de trabajadores están afiliados a Fonasa, muy criticado por los pacientes por la mala atención en los hospitales, largas esperas para obtener una hora médica, incluso en urgencias, y las malas condiciones de los establecimientos.

Las Isapres, que cubren a las personas de mayores ingresos, ofrecen planes más caros y con coberturas más bajas a las mujeres y los ancianos, una discriminación que Piñera busca erradicar con una reforma al sistema.

Alto costo de vida y alzas en servicios básicos

Vivir en Chile se ha vuelto más caro, especialmente en Santiago, donde el precio de las propiedades ha subido hasta un 150 % en la última década, mientras que los ingresos lo han hecho solo un 25 %, de acuerdo a un estudio de la Universidad Católica publicado en mayo pasado.

Además del alza del billete del metro, que en hora pico vale 1,2 dólares, los ciudadanos han recibido con indignación un aumento del 10 % en las cuentas de la luz y pagan precios desorbitados por los medicamentos.

Corrupción de la Elite

Estos últimos años se han destapado millonarios casos de corrupción de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, esta última una institución que hasta hace poco gozaba de una confianza total de los ciudadanos.

También se constató que la financiación ilegal de campañas fue una práctica generalizada en la política chilena, y partidos tanto de izquierda como de derecha recibieron dinero de los principales grupos económicos.

El poco empeño de la Fiscalía y otros organismos públicos en perseguir esos delitos hizo que fueran sancionados con simples multas.

Fuente: ElSol.com.ar

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