La jueza de garantías Eve Ponce ordenó la apertura de investigación contra ocho personas detenidas en centros carcelarios de la zona y otros 20 familiares o allegados, todos presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada a la «sextorsión». El epicentro de la trama delictiva fue el Instituto Penitenciario Provincial, ubicado entre Trelew y Puerto Madryn.
Según el fiscal general Fernando Rivarola, las víctimas eran contactadas mediante falsos perfiles en redes sociales como Facebook y WhatsApp. Los estafadores, simulando ser jovencitas, establecían contacto con los denunciantes -todos hombres- enviando imágenes sugerentes. Una vez obtenidas fotos o videos de contenido sexual de las víctimas, comenzaba la extorsión.
Inicialmente, los engañaban con una historia en la que la supuesta joven era descubierta por sus padres, lo que derivaba en una discusión y un accidente doméstico. A partir de allí, exigían dinero para costear gastos médicos. Luego, la presión aumentaba con amenazas de difundir las imágenes íntimas o iniciar causas penales falsas. Para ello, utilizaban documentación apócrifa de operadores judiciales, incluyendo membretes, sellos y firmas falsificadas.
Una víctima pagó casi seis millones de pesos
Una de las víctimas, residente en Comodoro, fue extorsionado durante 14 meses y pagó un total de 5.832.000 pesos. La Fiscalía Especializada en Cibercrimen identificó a Luis Alberto Ojeda, Alejandro Romero Curiqueo y Enzo Romero como los cabecillas de la asociación ilícita. Además, nueve personas resultaron víctimas de la maniobra de sextorsión, incluyendo un adolescente de Rawson, representado por su madre.
Las maniobras delictivas también incluyeron la venta fraudulenta de una casilla rodante y una bicicleta. Un vecino de Córdoba depositó 240.000 pesos en concepto de seña, gestión y traslado de la casilla, pero la unidad nunca fue entregada. En el caso de la bicicleta, los investigadores lograron advertir a la víctima a tiempo.
Una red delictiva con víctimas en todo el país
Las víctimas identificadas hasta el momento residen en Comodoro Rivadavia, Rawson, Bahía Blanca, Formosa, Colonia Tirolesa (Córdoba), Esquel, Conesa (Río Negro) y la ciudad de Córdoba. La investigación sigue abierta y, según Rivarola, podrían surgir más casos.
El Ministerio Público Fiscal señaló la complejidad del caso debido a la gran cantidad de pruebas digitales que deben ser analizadas, como interacciones en redes sociales, mensajes de WhatsApp, registros bancarios y billeteras virtuales. La investigación también involucra el peritaje de dispositivos secuestrados.
La investigación continúa y podría derivar en nuevas imputaciones. Mientras tanto, los acusados seguirán detenidos a la espera del avance del proceso judicial.
