La pobreza trepó al 43,1% de la población, mientras que por el lado de la indigencia, cayó del 9% al 8,1%, respecto del 2021, acorde con la última encuesta de la Deuda Social Argentina realizada por esa institución.
“Ya estamos en la tercera generación de pobreza estructural por falta de un modelo de inclusión a través del trabajo”, manifestó el sociólogo del Conicet y director del Observatorio Social de la UCA, Agustín Salvia, elaborado a partir de encuestas en 5760 hogares de 19 aglomerados urbanos del país.
Según este informe y lo publicado por el periodista del diario La Nación, Esteban Lafuente, unos 18 millones de personas viven en situación de pobreza en la Argentina. Se trata del 43,1% del país, según el dato correspondiente al tercer trimestre de 2022, lo que implica un alza de 0,7 puntos porcentuales frente a igual período de 2021 (42,4%). Si bien se ubica por debajo del registro de 2020 (44,7%), el valor se encuentra por encima de la marca de 2019 (39,8%) y de la de 2015 (28,2%).
Al mismo tiempo, el estudio de ODSA-UCA reveló una baja en la indigencia, que cayó del 9% en el tercer trimestre de 2021 al 8,1% en igual período de este año. Se trata del menor valor desde 2019 (8,1%) aunque casi duplica el registro de una década atrás (era del 4,2% de la población en 2011, según la serie elaborada por este centro de investigación).
“Hay una caída de la indigencia y un pequeño aumento de la pobreza que no es estadísticamente relevante. Y más allá de cómo baje o suba el ciclo económico, vemos que la pobreza estructural es la que crece”, explicó Salvia, al analizar la tendencia de largo plazo de la Argentina y explicitar una correlación entre el nulo crecimiento económico y el deterioro de las principales variables socioeconómicas.
“Cuatro de cada diez argentinos viven en la pobreza y uno de cada 10 está en la indigencia y, detrás de eso, hay un mercado de trabajo muy segmentado y con altos niveles de exclusión, que hace imposible un modelo sustentable, con el financiamiento de los más pobres como mecanismo de inclusión a través de transferencias. Este modelo es insostenible desde el punto de vista social y de su proyección en el tiempo”, plantea Salvia, al advertir sobre la tendencia decreciente de la inversión en la Argentina: “Viene cayendo en los últimos 50 años en la Argentina y, en compensación, se da un aumento del gasto social y en programas de asistencia”.
Según los datos de ODSA-UCA, tres de cada 10 hogares en la Argentina viven con tres o más carencias, de acuerdo a sus mediciones de pobreza multidimensional. Uno de cada 10, por caso, presentan “inseguridad alimentaria severa” (9,4%), no tienen acceso a agua corriente (9,9%) o tienen déficit en su servicio sanitario (9%). Dos hogares de cada 10, a su vez, viven en presencia de basurales.
“Independientemente del discurso y de la grieta, el país ha fracasado en garantizar un proceso de inclusión social sostenible a partir de la generación y distribución de la riqueza, con una sociedad cada vez más desigual, más fragmentada y pobres crónicos a través del tiempo. Si bien hay ascensos y descensos, los buenos momentos duran poco y derivan en crisis por los desequilibrios financieros y económicos a los que se apela para generar equilibrios sociales”, advierte Salvia. En el país, según sus datos, cuatro de cada 10 hogares (40,4%) reciben alguna transferencia por parte del Estado, en lo que representa una tendencia creciente en la década: en 2010 llegaban al 24,4% de los hogares.
Al mismo tiempo, el analista destaca que la expansión del gasto social fue un factor determinante para evitar un deterioro mayor de las variables sociales, especialmente en la indigencia: según estimaciones de ODSA-UCA, la indigencia sería del 19,6% sin considerar programas como la AUH, pensiones no contributivas y otros planes. En el análisis de Salvia, a su vez, la expansión en el número de personas que reciben algún tipo de transferencia compensa el deterioro del poder adquisitivo que, por efecto de la inflación, sufren este tipo de asignaciones.
La fragilidad del contexto socioeconómico en la Argentina también se vincula con el deterioro del mercado de trabajo, afectado por sucesivas crisis macroeconómicas y el impacto de la pandemia de Covid-19. Con una inflación acelerada en los últimos años, el deterioro de los ingresos derivó en que hoy en la Argentina uno de cada tres trabajadores mayores de 18 años (29,8%) son pobres, en un conjunto que involucra a trabajadores informales (46,9%), asalariados del sector micro-informal (23,8%), trabajadores del sector público (14,5%) y asalariados del sector formal (13,9%).
Paralelamente, los números de la UCA confirman la tendencia que exteriorizan las cifras del Indec en cuanto al estancamiento del empleo formal y la expansión del trabajo no registrado. De acuerdo con ODSA, solo cuatro de cada 10 personas de la población activa (40,3%) tienen empleo formal pleno, el peor número en los últimos 12 años. En tanto, el subempleo inestable pasó del 9,7% en 2010 al 23% del total de personas en edad activa este año.
“La tendencia en la Argentina es que no se crean buenos empleos. No hay aumento de la productividad a través de la inversión, y cuando no hay inversión no se crea suficiente empleo. Viene cayendo en los últimos 50 años, y la compensación es un aumento del gasto social y de programas. Hoy el 40% de los hogares está asistido por un programa social, que fomenta el consumo, que fue el mecanismo utilizado para producir equilibrio y consenso social. Eso promueve el mercado interno pero no genera empleo genuino”, concluye Salvia.
