El fiscal solicitó se mantenga la prisión preventiva que cumplen ambos imputados por el término de dos meses; en tanto que ambos defensores requirieron la libertad de sus asistidos. Finalmente el juez penal resolvió mantener la medida de coerción que cumplen los imputados por el término de dos meses, tal como lo solicitara el fiscal.
Presidió la revisión Jorge Odorisio, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cristian Olazabal, fiscal general; en tanto que la defensa de los imputados fue ejercida por Guillermo Iglesias y Mauro Fonteñez, abogados particulares de los mismos.
En un principio el fiscal Olazabal solicitó se mantenga la medida de coerción que pesa sobre ambos imputados ya que existen elementos para tenerlos como probables autores del hecho atribuido. Asimismo, persisten los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación. Mencionando que el día del hecho los imputados que circulaban en un auto sin patente y a contramano, intentan escapar de un control policial. Son perseguidos e inmediatamente después, bajan del rodado y disparan contra el personal policial con un arma de grueso calibre. Escapan y se introducen en distintos patios del lugar donde se produce un intercambio en la posesión del arma. A medida que la investigación avanza se tienen más certezas sobre la coautoría del hecho y la presente causa va a ser juzgada por jurados populares, acotó el fiscal. Existe peligro de fuga ya que desde el primer momento intentaron sustraerse al proceso y también de entorpecimiento ya que su soltura podría influir sobre testigos. Solicitando se mantenga la prisión preventiva de Valdivieso y Astudillo por el término de dos meses, hasta la finalización del plazo de investigación.
Seguidamente el defensor de Valdivieso, Mauro Fontéñez, disiente con lo solicitado por el representante de fiscalía requiriendo para su asistido una medida sustitutiva, menos gravosa, como la libertad con presentaciones semanales ante la Oficina Judicial, más la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas. Argumentando que “a la fecha no tenemos certeza de la autoría de su representado” en el hecho ya que “la hipótesis de la fiscalía no se condice con la prueba”.
Por su parte el defensor de Astudillo, Guillermo Iglesias, igualmente solicitó su libertad y que se realice un Informe Socio-ambiental en la casa de su hermana, para en un futuro solicitar su arresto domiciliario. Entre otros argumentos el defensor sostuvo que “hay que ver, luego de realizada la pericia balística pendiente qué resultado nos brinda”. Asegurando por último que su asistido Astudillo “no ha disparado contra la humanidad de ningún policía”.
Finalmente, luego de un cuarto intermedio, el juez penal resolvió mantener la medida de coerción que cumplen los imputados por el término de dos meses, tal como lo solicitara el fiscal a cargo de la investigación.
