Estados Unidos ha decido postergar el juicio a YPF hasta que la Argentina tenga definido quién será su nuevo Presidente. En el 2020 será cuando Argentina tenga que presentar sus argumentos ante la justicia estadounidense, argumento que hasta hoy tenía que presentar el venidero mes de noviembre. Todo comenzó cuando la Corte Suprema de EEUU tomó postura sobre el juicio que se sigue en ese país contra el Estado nacional e YPF por la expropiación de la petrolera estatal durante el kirchnerismo. La demanda podría costarle al Estado argentino entre US$ 1.500 y 3.000 millones.
Las elecciones en Argentina definirán muchas cosas no solo en el ámbito nacional, sino también fuera del país. Y es que ahora, la justicia estadounidense ha decidido suspender el juicio a YPF hasta que se sepa quién será el nuevo Presidente de la nación. Así que, después del 27 de octubre, es que muchos temas tomarán finalmente ‘rienda suelta’ y entre ellos se encuentra este reclamo millonario que podría costarle al Estado entre 1.500 US$ Y 3.000 millones.
Según trascendió este martes, la jueza Loretta Preska, que lleva adelante el juicio de los acreedores de Petersen contra YPF, postergó presentaciones judiciales clave a la espera de definiciones electorales.
«En luz de las próximas elecciones en la República Argentina, la Corte aplaza las fechas de presentación hasta que haya una idea clara de qué administración va a tener poder para hablar en nombre de la República», describe la jueza Preska.
La Argentina, que tenía hasta el 30 de noviembre para contestarle a Petersen, pero ahora contará hasta el próximo 7 de enero de 2020 –según publica Urgente 24-.
Petersen Energía, que fue accionista de YPF, perdió sus acciones por su expropiación. Los derechos para reclamar los compró un fondo (Burford), que reclama US$ 3.000 millones.
En junio de 2019, la Corte Suprema de EEUU tomó postura sobre el juicio que se sigue en ese país contra el Estado nacional e YPF por la expropiación de la petrolera estatal durante el kirchnerismo.
Axel Kicillof, uno de los principales artífices de la estatización de YPF, hoy candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, en 2012 negó de manera rotunda extender la oferta de expropiación a todos los accionistas de YPF. Este organismo actualmente es protagonista de un juicio millonario en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en el cual los demandantes sostienen que, al momento de la estatización, el gobierno de Cristina Kirchner violó los estatutos de la compañía, según los cuales debía hacerse una oferta al resto de los accionistas de la petrolera.
El Gobierno de Mauricio Macri intentó desestimar la demanda en EE.UU. amparado en el argumento de que la expropiación de YPF fue un acto soberano, y, por lo tanto, está amparado por la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA, según sus siglas en inglés).
