La Jueza Mariel Suárez consideró «evidente» la necesaria intervención de la Justicia Federal para establecer responsabilidades sobre el brote de contagios desatado por los tripulantes del «Santorini».
“La Encrucijada. Entre Mentiras, verdades y posibles delitos”, se titula un texto que la jueza penal con competencia local, Mariel Suárez compartió en las redes sociales en las últimas horas.
Allí expresa que «luego de la noticia de los marineros portadores de Covid 19, así nos encontramos los ciudadanos de esta ciudad hoy, en una triste encrucijada y les voy a contar por qué. Resulta que numerosas noticias se publicaron en relación al caso. Debo destacar indudablemente la labor de los medios de comunicación de la Provincia, especialmente los medios telemáticos, gráficos, radiales y televisivos de la ciudad de Comodoro, que en todo momento informaron, sin violar reglas éticas, respetando la privacidad de los pacientes que para nada están pasando un buen momento, sino todo lo contrario», publicó El Patagónico.
Suárez sostiene que «entre el aluvión de noticias, se nos quiere hacer creer que los marineros no bajaron del barco sino hasta el viernes 12, oportunidad en la que hicieron el ‘protocolo’ en el Puerto a cargo de su titular. Si revisamos bien y analizamos los pormenores, nos daremos cuenta usando sentido común que si a esta altura se encuentran en estudio una centena de posibles casos a raíz de estrechos contactos con los marineros, resulta evidente como se dijo en alguna otra noticia que los marineros bajaron en alguna oportunidad del barco y váyase a saber cuál fue el motivo que los provocó a regresar, lo que le fue útil a las autoridades portuarias para activar el famoso protocolo».
La jueza sostiene que «el Municipio se esforzó por cumplir los protocolos e ir abriendo la circulación por etapas, o sea que hasta que pasó lo del Puerto es cierto como señala el intendente, no hubo circulación comunitaria del virus».
Por eso, «es evidente que resulta necesaria la intervención de las autoridades de la Justicia Federal, por denuncia o por oficio, dado que esta situación debe esclarecerse lo más pronto posible y debe además investigarse responsabilidades de los funcionarios públicos nacionales y provinciales que intervinieron en el tema, pues existe desinformación intencional, mala información intencionalmente dada y violación de la cuarentena, todo ello en el ámbito de las actividades portuarias».
Acota que «por suerte, en el puerto existen registros de cada movimiento que se llevó adelante, lo que será útil para averiguar la verdad. Si a los particulares se les imputan delitos cuando desinforman o cuando violan la cuarentena, los funcionarios también deberían responder por ello».
Suárez concluye que «los ciudadanos de Comodoro hicimos las cosas bien y merecemos respuestas por quienes nos representan y las hicieron mal».
