El Tribunal está integrado por los jueces Martín O´Connor, Marcelo Nieto De Biase y Patricia Reyes. Quien estuvo a cargo de la investigación, el fiscal general Omar Rodriguez, dijo que en el debate a través de los testigos y de documentación quedará probado que se “simularon” supuestas compulsas de precios para realizar contrataciones “direccionadas” para reparar 24 escuelas de la zona, con la reposición de materiales como por ejemplo inodoros, luminarias y caloramas con marcados sobreprecios, con un perjuicio al Estado provincial por una suma cercana al millón y medio de pesos en el año 2019.
Destacó en la acusación que hubo un “plan para evitar ser detectados en el accionar por los distintos órganos de control” y que “los instrumentos administrativos firmados por la ex Ministro Cigudosa permitió abrir el camino para la configuración de la maniobra ilícita”.
El fiscal general Rodriguez es además el titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, creada por el procurador general Jorge Miquelarena.
Dijo en el alegato inicial que los hechos descriptos e investigados “quedarán probados en el debate a través de los testimonios que aquí escucharemos, de contadores, asesores legales, directoras de escuelas y delegados administrativos, además de abundante documentación que presentaremos”.
Para el ardid fue necesaria la actuación de tres empresarios que, ante el avance de la investigación de la maniobra, se sometieron a la suspensión del juicio a prueba. Otros imputados originales en la investigación fueron sobreseídos.
El defensor Andrés Meiszner (representa a Care y Cigudosa) destacó que las obras investigada se ejecutaron y que el mecanismo de contratación fue el correctos al punto tal que se siguen empleando por parte del Ministerio de Eduación.
Por su parte el defensor oficial Miguel Moyano (asiste a Hueichán) adelantó el pedido de sobreseimiento. Dijo que se trata de un simple empleado contratado, monotributista, sin poder para las maniobras que se le endilgan que además “nunca participó en las maniobras que se investigaron”.
El imputado Hueichán pidió declarar. Dijo que es un auxiliar de farmacia con servicios pasados también en el Ejército Argentino, con actividades en atletismo y que aún continúa como contratado en el Ministerio de Educación, siempre en carácter de monotributista. Dijo que “nunca participé en ninguna contratación ni en el armado de carpetas para las compulsas de precios”.
Rodríguez, acusó a los tres imputados de los delitos de defraudación por administración fraudulenta en contra de la administración pública. En el caso de Graciela Cigudosa por 22 hechos y dos tentados, Raul Care, por 22 hechos y Ariel Hueichan 18 hechos.
Para Cigudosa y Raúl Care los investigadores pedirán 3 años y seis meses de prisión, y para Ariel Hueichan 2 años de prisión.
