El Gobierno envió a los diputados provinciales el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dota al Ministerio de Salud con $90 millones para adquirir equipamiento e insumos con la finalidad de combatir el Coronavirus.
Crea una Comisión Supervisora para el control de las compras y advierte que esta autorización no afectará las facultades de la ley de Contrataciones.
La gestion del gobernador Mariano Arcioni envió a los diputados del oficialismo y la oposición el DNU vinculado a la autorización al Ministerio de Salud para realizar compras para hacerle frente al Coronavirus.
«Que en tales condiciones, debe disponerse un curso de acción que permita de modo inmediato y sin obstáculos la adquisición del equipamiento y los insumos médicos necesarios para hacer frente a la pandemia del Covid-19», sostiene el DNU al que accedió EL CHUBUT.
Esgrime que en lo estrictamente sanitario, «el contexto actual en modo alguno resulta favorable para llevar a cabo los necesarios procedimientos de prevención, planificación y ejecución de acciones ante la certeza e incógnita que genera un factor extraordinario como el Covid 19».
Justifica este mecanismo en «la necesidad de prodigar una solución sin más dilaciones», celeridad que queda impedida «con los trámites ordinarios previstos en las Leyes vigentes para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado provincial».
El artículo 1 autoriza a la cartera sanitaria «a realizar las compras de equipamientos e insumos médicos que resulten necesarios para hacer frente a los efectos de la pandemia del Covid-19 de manera directa».
Asimismo, el artículo 2 precisa que la autorización «no afectará las restantes facultades que el Reglamento de Contrataciones otorgan a las autoridades del organismo».
Los organismos que componen la Comisión
La Comisión Supervisora de las contrataciones y compras realizadas con los 90 millones de pesos que destinará el Gobierno provincial para combatir la pandemia será controla por los ministerio de Economía y Crédito Público y de Gobierno; por el Contador General; el Fiscal de Estado; el presidente del Tribunal de Cuentas; el Presidente de la Legislatura provincial; los presidentes de cada uno de los bloques integrantes de la Casa de las Leyes; el Presidente del Superior Tribunal de Justicia; el Procurador General; y el Defensor General.
«La Comisión tendrá a su cargo la supervisión de las contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto, como así también el control de la utilización de los capitales provenientes de fondos de asignación específica», sostiene el artículo del DNU al que accedió EL CHUBUT.
Deja en claro que se le correrá vista de las actuaciones que se generen, en forma previa al dictado del acto administrativo que decida la compra, «a los integrantes de los órganos a los fines de que formulen las observaciones que consideren pertinentes en el plazo de 48 horas hábiles».
